ARTE AD GLORIAM ASCEND
CAENCentro de Altos
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Estudios Nacionales
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ESCUELA DE POSGRADO
Revista de Ciencia e Investigación en
DEFENSA-CAEN
Vol 3 N°3 octubre 2022 – enero 2023 / ISSN 2709-1422
ANIVERSARIO
CAEN-EPG
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Revista de Ciencia e Investigación en Defensa - CAEN
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CRÉDITOS
Revista de Ciencia e Investigación en
ARTE AD GLORIAM ASCENDTI
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DEFENSA-CAEN
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Revista de Ciencia e Investigación en Defensa - CAEN
Vol 3 N°3 octubre 2022 – enero 2023 / ISSN 2709-1422
COMITÉ EDITORIAL
CAEN
Editor Jefe
Dr. Walter Enrique Astudillo Chávez
Centro de Altos Estudios Nacionales
Editor Académico
ESCUELA DE POSGRADO
Dr. Roberto Vizcardo Benavides
Instituto de Investigación "Gral Div José del Carmen Marín Arista"
Editores Asociados
Dr. Carlos Arturo Castilla Bendayán
AUTORIDADES DEL CAEN
Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado
Dr. Edwin Cruz Aspajo
Universidad Alas Peruanas. Lima, Perú
Dra. Milagros Sarmiento Alvarado
Universidad San Ignacio de Loyola - USIL
DIRECTOR GENERAL
General de División (r)
Editor de Contenido
Walter Enrique Astudillo Chávez
MSc. Fernando Elías Zegarra López
Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado
DIRECTORA ACADÉMICA
Doctora
COMITÉ ASESOR
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Dr. Edwin Cruz Aspajo. Universidad Alas Peruanas. Lima, Perú
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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ACADÉMICA
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Doctor
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Dr. Cesar Segundo Llontop Sebastiani. Instituto de Calidad para
el Desarrollo. Lima, Perú
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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Coronel EP
Lima, Perú
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DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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EQUIPO TÉCNICO
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Coordinador de Edición
MSc. Fernando Elías Zegarra López
JEFE DE LA OFICINA DE
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Administrador OJS
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Danmer Wilian Ccoscco Llicahua
Maestro
Javier Hernán Trelles Vizquerra
Corrección de Estilo
Lic. Kelly Rosa Figueroa Almonacid
Revista editada por la Dirección de Investigación
Diseño y Diagramación
Académica del Centro de Altos Estudios Nacionales.
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Bach. Luis David Ochoa Modesto
Dirección: Av. Escuela Militar S/N - Chorrillos
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Lima, Perú.
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Revista de ciencia e Investigación en Defensa by Centro de Altos Estudios
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Nacionales is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial
Correo: informes@caen.edu.pe
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
Editorial: pp. 4-5
Artículos de Investigación
PP. 6-36
La primera fase del gobierno revolucionario
de las fuerzas armadas y su repercusión en
la sociedad.
Manolo Eduardo Villagra
STEP 02
PP. 37-63
El uso de drones para el monitoreo de la
actuación policial en los conflictos sociales: una
revisión de la literatura en los últimos 5 años.
PP. 64-81
Carlos Alberto Reyes Valdivia
Un paso clave hacia la primera ecopolítica
de la aldea global. del sol de los incas a la
independencia energética.
Eduardo Luis Alfaro Castellanos
STEP 04
PP. 82-94
Importancia del poder naval para los intereses
nacionales y defensa de los estados
Francisco Yohalmo de Jesús Mejía Martinez
PP. 95-117
La integración corío–acre: enlace entre
militares y civiles sobre los temas de seguridad
y defensa de Brasil y Perú.
Leandro Mendes da Costa
PP. 118-138
El terrorismo y la gobernabilidad
en el Perú.
Javier Hernán Trelles Vizquerra
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Editorial
Dr. Walter Enrique Astudillo Chávez
Editor Jefe
A lo largo de 72 años de vida institucional, el Centro de Altos Estudios Nacionales- Escuela de
Posgrado (CAEN-EPG) ha evolucionado en su pensamiento consolidando sus líneas de investigación
–seguridad, desarrollo y defensa– en el ámbito estratégico nacional, de manera coherente con el enfoque
multidimensional de nuestra Seguridad Nacional lo cual brinda la oportunidad a los investigadores para
que profundicen sus trabajos en provecho, no solo de nuestra comunidad académica sino en beneficio de
la sociedad peruana, con la patriótica intención de inspirar a las autoridades –principalmente a las que
pertenecen al Sistema de Defensa Nacional– para que mejoren su participación en provecho de la seguri-
dad de toda la Nación.
La Seguridad Nacional, exige que todos los peruanos desarrollemos una serie de condiciones
básicas, dentro de la que se encuentra el correcto ejercicio de la ciudadanía, entendida como el sentido
de reconocimiento de su condición como miembro de una comunidad política con derechos y obligacio-
nes, lo cual conlleva el respeto a la institucionalidad democrática, teniendo claro que nuestra Constitu-
ción Política del Perú es la norma más elevada que guía nuestro quehacer nacional en el incesante propó-
sito de alcanzar mayores niveles de bienestar general, fin esencial del Estado.
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En tal sentido, iniciamos esta edición con la participación de Manolo Eduardo, quien analiza el contexto
en que se llevaron a cabo las reformas dispuestas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas que lideró
el General Juan Francisco Velasco Alvarado desde el 03 de octubre de 1968 y que –a partir del 29 de agosto de
1975– fueron desmanteladas sistémicamente con su deposición, postergándose, inclusive hasta nuestros días, aque-
llos proyectos propuestos para impulsar la educación, desarrollo, e industrialización. Eduardo nos presenta de
manera clara, el contexto de la época, las razones objetivas de su intervención, amparadas principalmente por el
artículo 273 de la Constitución Política, vigente en esos días, que respaldó la intervención militar en cumplimiento
al mandato constitucional, que –es necesario precisar– fue soslayado por intereses políticos. El análisis, no trata de
“lavar la cara” de los yerros que indudablemente se cometieron, pero sí intenta rescatar elementos que –al minimi-
zarlos en el tiempo– crearon un paradigma equivocado en torno a los objetivos planteados por el General Velasco.
Luego, Carlos Reyes presenta una revisión respecto al uso de drones para el monitoreo de la actuación
policial en los conflictos sociales en el periodo 2017 a 2022, determinando la necesidad de desarrollar un manual
o protocolo para minimizar los casos de violencia social, continuando con estudios que contemplen aspectos no
previstos en las actuales regulaciones en materia del dron. Asimismo, que debe existir un conocimiento real de las
ventajas legales que nos puede proporcionar la tecnología en la investigación vinculada a la función policial.
Por su lado, Eduardo Alfaro explica la importancia del cambio de la matriz energética y el inicio de nuestro
despegue hacia el desarrollo económico, social, tecnológico, en lo que denomina “independencia energética” para
colocarnos a la vanguardia en el continente sudamericano, lo cual conlleva la masificación del uso de la energía
solar en los hogares peruanos como “prosumidores” a través de las Granjas Solares Familiares (GSF), y contando
con un Plan de Masificación de la Radiación Solar (PLAMARASOL), e iniciar la explotación e industrialización
de litio, en acumuladores, baterías y sus demás productos derivados, en el ámbito nacional.
Contamos también con la participación de Francisco Mejía, del Colegio de Altos Estudios Estratégicos de
El Salvador, con el artículo titulado “Importancia del poder naval para los intereses nacionales y defensa de los
Estados”, en el que precisa que el poder naval es el responsable de cuidar los intereses marítimos de un Estado, y
a la vez hace efectiva la soberanía en el territorio marítimo; asimismo, destaca que cumple un rol diplomático al
proyectar la política exterior del Estado y por tanto, debe ser empleado con flexibilidad política, operativa, y logís-
tica.
Otro autor extranjero, Leandro Mendes, de Brasil, nos ofrece su análisis respecto a “La integración
Corío–Acre: enlace entre militares y civiles sobre los temas de Seguridad y Defensa de Brasil y Perú” explicando
que –aun cuando las políticas de Defensa de ambos países describen la necesidad del involucramiento de toda la
Nación para la promoción del desarrollo nacional y, en consecuencia, el sostenimiento de la soberanía– los temas
de seguridad y defensa son poco difundidos por los poderes del Estado y por la sociedad. Así, por medio de una
investigación con enfoque cualitativo, con método descriptivo y análisis de datos, comprueba la divulgación
restricta de estas políticas, resultando en la necesidad de incrementar estos temas en la sociedad de Brasil y Perú.
Finalmente, Javier Trelles analiza las acciones terroristas desarrolladas por la organización terrorista
Sendero Luminoso (OT-SL), desde la captura de su cabecilla Abimael Guzmán, camarada “Gonzalo”, hasta la
fecha y su influencia en la gobernabilidad del Perú, resaltando que, desde el gobierno de Valentín Paniagua hasta
la fecha, los lineamientos políticos y normas legales emitidos por diversos gobiernos han sido favorables a la OT-
SL, y en general se encuentran dispersos, pues no están integrados ni articulados, por lo que –señala– se puede
afirmar que no existe una política de Estado que haya permitido luchar frontalmente contra el terrorismo y así día
a día coloca en riesgo a la gobernabilidad del país.
En este nuevo aniversario institucional, el Centro de Altos Estudios Nacionales se reafirma en el principio
de defensa de los intereses nacionales en base al cultivo, creación y aplicación de conocimientos científicos, tecno-
lógicos y humanísticos pertinentes, para lo cual –además de conducir sus programas académicos– perseguimos la
búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio al interés nacional. A pesar de las dificultades o de
los vaivenes coyunturales que afectan a nuestro país, seguiremos –cada vez con mayor fuerza– irradiando conoci-
miento en favor de la Seguridad Nacional, pues nuestro compromiso siempre será la grandeza de nuestra amada
Patria: ¡El Perú!
Defensa - CAEN
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LA PRIMERA FASE DEL GOBIERNO
REVOLUCIONARIO DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y SU
REPERCUSIÓN EN LA SOCIEDAD
THE FIRST PHASE OF THE REVOLUTIONARY
GOVERNMENT OF THE ARMED FORCES AND
ITS IMPACT ON SOCIETY
PP. 5-36
Manolo Eduardo Villagra
Centro de Altos Estudios Nacionales
29727085@caen.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-001-9151-5058
Magíster en Ciencias Militares, Magíster en Gestión e Innovación Tecnológica, Magíster
en Ciencias de la Educación, Licenciado en Administración de Empresas y Diplomado
en Seguridad y Defensa Nacional. Ha realizado el Programa de Comando y Estado Mayor
Conjunto. Actualmente realiza el III Diplomado de Liderazgo y Planeamiento Estratégico
en la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE-EPG), y el VII Doctorado de
Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN-
EPG).
Recibido: 01 Set 22
Aceptado: 21 Set 22
Publicado: 17 Oct 22
Resumen
La primera fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (GRFA)
(1968-1975) tuvo como líder al General de División del Ejército del Perú Juan Francisco
Velasco Alvarado, quien fue responsable de cambios significativos en el Estado peruano
para hacer frente a los problemas nacionales que arrastraba el país desde los inicios de la
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república, particularmente a los males sociales heredados del periodo virreinal. Las
medidas tomadas por el General durante este periodo fueron hechas para contrarrestar las
amenazas que se presentaban en el contexto nacional e internacional; sin embargo, a pesar
de los años transcurridos, aquellas disposiciones adoptadas tanto en la reforma agraria
como en la educativa, así como en el desarrollo tecnológico, han motivado diferentes
discusiones en el ámbito académico y político. El objetivo del presente artículo es analizar
el contexto en que se llevaron a cabo las reformas dispuestas por el Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas durante la etapa del general Velasco y sus
alcances sociales, contribuyendo de esta manera con la reflexión y la argumentación
analítica sobre el tema.
Palabras clave: Revolución peruana de 1968, activos críticos, nacionalismo
cultural, sociedad y educación.
Abstract
The first phase of the Revolutionary Government of the Armed Forces (RGAF)
(1968-1975) was led by the Divisional General Peruvian Army Juan Francisco Velasco
Alvarado, who was responsible of significant changes in the Peruvian State to tackle
national problems which the country dragged from the beginning of the republic,
particularly social problems inherited from the viceregal period. These measures were
taken as a result of the existing threats in the national and international context. However,
those measures which were taken in both agricultural and educational reforms and
technological development, have led to different discussions in the academic and political
fields despite the years that have passed. The purpose of this paper is to analyze the
context within which the reforms were carried out by the Revolutionary Government of
the Armed Forces during the phase of the General Velasco; thus, contributing to analytical
reflection and argument on the matter subject after reviewing the large existing
bibliography about the mentioned period of government and that who personified it.
Keywords: The peruvian Revolution of 1968, critical assets, cultural nationalism,
society and education.
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Introducción
En el Leviathán, Hobbes (s.f.), filósofo político inglés, propone que:
la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del
espíritu que, si bien un hombre es, a veces, evidentemente, más fuerte de cuerpo
o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la
diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar,
a base de ella, para sí mismo, un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar
como él. (p. 95)
Respecto a la cita anterior, reflexionamos que todo sistema organizado de leyes
debe ofrecer a sus ciudadanos derechos fundamentales que garanticen un ambiente
saludable para su desarrollo. Es el Estado el que debe de lograr gestar condiciones para
que cada ciudadano pueda ejercer sus derechos y cumplir sus deberes sin afectar a los
demás. El incumplimiento de las responsabilidades del Estado a cargo del gobierno ha
sido el principal motivo por el que, en muchas ocasiones, diversos grupos han tenido que
asumir el poder, ya que el escenario en el que se estaban desarrollando los hechos
históricos no se lograba beneficiar a la mayoría de los ciudadanos. En Perú, los diferentes
gobiernos de la historia desde la etapa republicana, lamentablemente, no siempre han sido
capaces de asegurar que los derechos de los ciudadanos sean iguales para todos o que las
herramientas brindadas a la nación permitan una movilidad social.
De acuerdo con la investigación de Angell (1984), el Perú de las décadas de 1960
y 1970, fue un país con un sector industrial reducido donde el comercio era mínimo, de
pequeña escala o informal, y la gran mayoría laboraba en el sector agrícola. Además, era
una sociedad fragmentada en grupos étnicos y regionales, como refiere el investigador al
señalar que «el campesinado se hallaba aislado y padecía por sus divisiones internas;
…desempeñaban principalmente actividades de subsistencia y no tenía experiencia de
organización política nacional…» (p. 34). De modo que la concepción de mejora
resultaba muy difícil de alcanzar para la mayoría de los peruanos.
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Por su parte, Henry Pease (s.f.) señaló que «en los años sesenta era evidente el
aumento de la pobreza urbana y los contrastes que se advertían entre las ciudades y los
cinturones de las ‘barriadas’»1(p. 228). El mismo autor agrega que, desde la década de
los treinta, comenzaron los levantamientos y las invasiones de las tierras como parte del
interés por la propiedad agraria (Pease, s.f.). Por tanto, se infiere que la situación de la
mayoría de la población era precaria y que éste era uno de los principales problemas de
la nación.
Dentro de ese escenario, entre 1968 y 1975, se desarrolló en el Perú lo que se
conoce como la 1. ra fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas; la cual,
a diferencia de las anteriores Juntas Militares de Gobierno o los gobiernos ejercidos por
militares, fue un proceso político de índole revolucionario, puesto que removió todas las
estructuras que hasta ese entonces se conocían (Pease, s.f.). Este cambio sustancial se
explica por el hecho de que, durante esos años, el país presentaba profundas brechas
sociales frente a las cuales se hacía necesario lograr una «seguridad integral para todos
los ciudadanos», a fin de impedir que doctrinas radicales ajenas a la realidad nacional
intervinieran. De acuerdo con Velasco Alvarado:
el pueblo auténtico del Perú, en mucho gestor del aliento que hizo posible la
liquidación de la colonia, no fue el verdadero beneficiario de la victoria
independentista. Continuó siendo un pueblo explotado y misérrimo, cuya pobreza
fue el sustento final de la inmensa fortuna de quienes, en realidad, fueron los
herederos de la riqueza y del poder que antes en gran parte estuvieron en manos
extranjeras. (como se citó en Aguirre y Drinot, 2018, p. 49)
Es decir, la propuesta militar reflejaba el interés en desarrollar una política de
recuperación de los activos críticos nacionales, que recurriese a ser más justos, solidarios
y a promover la participación popular. De esta manera se logran identificar los ejes
fundamentales que se plantearon para alcanzar dicho objetivo mayor: en principio, el «no
alineamiento internacional» a fin de lograr romper con la dependencia extranjera que se
había tenido primero con los españoles, luego con los ingleses y finalmente con los
norteamericanos.
1 Se identifica con dicho denominativo a las poblaciones migrantes que empezaban a llegar a la
capital y se asentaban en las zonas periféricas, también se las catalogan como «pueblos
jóvenes».
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Otro de los ejes fueron la realización de una reforma agraria, que reivindicase al
indígena (tradicionalmente llamado indio) como ciudadano; y la «reforma de los medios
de comunicación social», a fin de contribuir directamente con los cimientos de una
«reforma educativa» y, progresivamente, nacionalizar al país e impulsar su participación
de manera más activa en el desarrollo nacional (Zimmermann, s.f.). Ante estos
acontecimientos, ocurridos hace más de cincuenta años, el presente trabajo analiza los
alcances sociales y el contexto en que se llevaron a cabo las reformas impulsadas durante
el mandato del General Velasco.
La Guerra Fría y la Política de no Alineamiento
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue uno de los periodos más lamentables
de la historia universal debido a la alta mortandad ocurrida en el viejo continente y al
impacto ocasionado en las sociedades que participaron directa o indirectamente en ella
(Briones, s.f.). Los motivos bajo los cuales se desarrolló se enmarcan en el interés de
Alemania por recuperar su espacio vital, es decir, un interés expansionista (Briones, s.f.).
Para ello, se empleó como herramienta social la exacerbación del nacionalismo, elemento
que fue fundamental en los países participantes de la contienda y que se evidenciaron en
los discursos de Estado ofrecidos a través de los mítines, así como en los medios de
comunicación de la época, y «… los variados ámbitos de la vida cotidiana» (Briones, s.f.,
p. 80).
Un acontecimiento importante que permitió la escalada del discurso fascista o
totalitarista que manejaban los gobiernos como el alemán, italiano o español, fue la suma
de presiones económicas a consecuencia del crac del 29 en Estados Unidos y que provocó
que muchas personas perdieran sus empleos. Los europeos, especialmente, preocupados
por lo incierto del futuro, encontraron refugio en el discurso fascista que les ofrecía un
chivo expiatorio para responder a sus problemas y, al mismo tiempo, les brindaba un
camino a seguir para la tan ansiada salvación o estabilidad (Briones, s.f.). De esta forma,
la dependencia al capital extranjero fue vista como un problema que a corto o largo plazo
terminaría afectando a cualquier país; asimismo, el manejo del discurso nacionalista
fungió como un eje importante para la unión de la nación. Concluida la Segunda Guerra
Mundial, prosiguió el periodo que se denominó Guerra Fría, etapa en la que el mundo
estuvo amenazado por el desencadenamiento de una nueva contienda de alcance mundial
que, de haber ocurrido, hubiera devenido en una conflagración nuclear con consecuencias
incalculables.
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La Guerra Fría (1945-1991) fue la etapa en la que dos ideologías, la capitalista y
la comunista, se disputaron la hegemonía del mundo, competencia que fue liderada por
los Estados Unidos de América (EE. UU.) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), respectivamente (Salgado, 2013). Si bien no hubo un enfrentamiento bélico de
alcance mundial, las disputas entre ambas formas de entender la política y la economía
conllevaron al desarrollo de tecnologías que, en su lógica, demostrarían cuál de los grupos
era mejor que el otro, por lo que ambos «… defendieron modelos sociales, políticos y
económicos mutuamente excluyentes y buscaron sentar su supremacía sobre su oponente
sin llegar a un conflicto bélico abierto entre ellas» (Salgado, 2013, p. 20). Este
enfrentamiento afectó a todos los países vinculados, pues cada grupo quería demostrar
ser el mejor y contar con más seguidores.
En 1968, en Paris, los estudiantes de la Universidad de Nanterre protagonizaron
una serie de protestas por considerar que las autoridades universitarias les brindaban un
trato autoritario, por su oposición a la Guerra de Vietnam (1955-1975) y por las formas
en que el imperialismo norteamericano operaba (hegemonía económica, cultural, política,
etc.). Aquel escenario terminó atrayendo a más personas. Así, más de nueve millones de
trabajadores lograron paralizar Francia (Niño, 15 de mayo de 2018). A pesar que el
resultado de dicho suceso se considerará una revolución fallida –ya que los cambios
deseados no se alcanzaron– se establecieron los Acuerdos de Grenelle (27 de mayo de
1968) con los que se logró el aumento salarial del 35 % y la apertura de sindicatos en las
empresas (Niño, 15 de mayo de 2018). Los cambios sociales alcanzados entre los
trabajadores y universitarios forjaron la liberalización social que, incluso, sentó las bases
de la modificación al derecho al voto para que, a partir de los 18 años, se pudiera participar
en la democracia, lo que evidenció que el pueblo podía ejercer su voluntad de cambio si
se lo proponía.
En el mismo año, en Praga - Checoslovaquia, también se vivió un escenario de
confrontación. Alexander Dubček, líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, quiso
«darle una cara humana al socialismo», etapa que fue denominada Primavera de Praga
(Santora, 23 de agosto de 2018, párr. 1). En principio, Dubček planteó una serie de
reformas que pretendían otorgar derechos específicos adicionales a ciertos ciudadanos
que compartían la misma postura política que él, a fin de que se fomentara la
descentralización y la democracia, lo que se tradujo en libertad de expresión,
desplazamiento y ciertos ajustes pro libertad en los medios de comunicación. Sin
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embargo, estos cambios no fueron recibidos de manera positiva por los soviéticos,
quienes decidieron invadir el país con tanques y tropas del Pacto de Varsovia y así, en un
lapso de ocho meses, tomar el territorio. Checoslovaquia permaneció bajo el control de
la URSS hasta 1989 cuando comenzó un proceso que concluiría con la retirada del ejército
en 1991. (Santora, 23 de agosto de 2018).
A través de los principales episodios mencionados anteriormente, se puede
identificar que los conflictos ideológicos fueron un elemento fundamental del periodo de
la Guerra Fría y que los cambios que se deseaban implementar debían mantener cierto
control y orden aceptados por los líderes hegemónicos (capitalistas o comunistas).
La Guerra de Vietnam (1955-1975) fue una confrontación armada que duró
aproximadamente veinte años y que evidenció el conflicto ideológico entre capitalistas y
comunistas. Esta se desarrolló en Vietnam por el interés de unificar el norte y el sur bajo
un mismo gobierno comunista (Verba et al., 2017). Al principio, los líderes del Sur
decidieron organizar un golpe de Estado, pues ellos no deseaban la reunificación; sin
embargo, frente a dicho escenario, el Norte decidió apoyarse en el Viet Cong y así lograr
anexar el Sur a su territorio (Verba et al., 2017). Estados Unidos, debido a su doctrina y
su «teoría de dominio» que sostenía el interés expansivo de los comunistas, encontró
justificación para apoyar con recursos y tropas al Sur, a fin de evitar la expansión del
comunismo (Verba et al., 2017).
Sin embargo, debido al alto índice de mortandad, los gastos en cuanto a recursos,
la dificultad que implicaba estar en un espacio territorial que no era el propio, y las
protestas de un amplio sector de la población americana en contra de la guerra de
Vietnam, obligó a Estados Unidos de América a retirarse del país del sudeste asiático.
Cabe recalcar que la actitud crítica e involucrada de la sociedad americana respecto a la
guerra sirvió para cuestionar la forma de hacer política.
Por su parte, los países latinos no fueron ajenos a los acontecimientos
internacionales que se desarrollaban. Perú encontró en esta etapa muchos elementos que
tuvo que analizar para comprender el escenario mundial y poder actuar conforme a éste.
Página 11
La Sociedad Peruana Hasta 1968
La influencia del mundo bipolar había generado que en el país también se
organizaran guerrillas y que el Estado, mediante sus FF. AA., enfrentó. Por ejemplo, «en
1962, Hugo Blanco propició invasiones de tierras y fomentó enfrentamientos armados en
La Convención (Cusco) entre los campesinos andinos, los hacendados y la policía (Pease,
s.f., p. 229). Otros grupos guerrilleros que también refiere Pease (s.f.) son los que
aparecieron en Madre de Dios (de procedencia boliviana y neutralizados rápidamente),
Cusco y en el norte. También resaltan los grupos de Luis de la Puente Uceda (APRA
rebelde y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR]) quien deseaba hacerse del
poder. Sin embargo, su propuesta ideológica no fue de interés para la población, por lo
que no lo respaldaron, además, mantendría a la población en riesgo debido a las acciones
sorpresivas que realizaría. Frente a este escenario, el trabajo de inteligencia del Ejército
fue vital para realizar el proceso de identificación de los guerrilleros y de los lugares
donde habitualmente se desempeñaban (Pease, s.f., p. 229), de modo que, los intentos de
subversión no prosperaron.
Las derrotas de las guerrillas que se presentaron en el interior del país, gracias a
la intervención de los militares, coincidieron con el primer mandato presidencial del
arquitecto Fernando Belaunde Terry en 1963 (Gómez de la Torre y Medrano, 2017). Él
se comprometió ante la población a realizar una serie de reformas en todos los campos, a
fin de evitar una gran revolución social que desestabilizara toda la nación y por ende se
produjera la anarquía en su interior. En principio, la «cooperación popular» del partido
político del presidente, Acción Popular, desarrolló un programa en el que participaron
diferentes actores sociales como jóvenes y universitarios para realizar obras públicas y
construcción vial a muy bajo costo que fomentarían el desarrollo: toda la labor se
acompañó de la frase el pueblo lo hizo (Pease, s.f., p. 229).
El contexto internacional de los setenta presionó también al Estado peruano, pues
como se tenía una práctica de empréstitos y la inversión estatal estaba apoyada en ella, la
economía peruana dependía del mercado internacional. Cuando este empezó a presentar
crisis, el Perú también lo hizo, lo cual ocasionó mayor número de huelgas para exigir
aumentos salariales; más aún, la toma de tierras en la zona andina también comenzó a
incrementarse y así, el gobierno fue tildado de débil y con poca credibilidad (Pease, s.f.).
Página 12
Finalmente, el Estado peruano y la International Petroleum Company (IPC)
firmaron el Acta de Talara, que se supondría beneficiaría al país; no obstante, el periodista
Carlos Loret de Mola denunció la pérdida de la última página del documento (número
once), cuestión que provocó la desconfianza de la nación hacia su gobierno. Finalmente,
la crítica situación económica terminó de agravar el escenario nacional.
Entre los años sesenta y setenta del siglo XX, Perú era un país que mantenía una
dependencia económica, es decir, no se contaba con un mercado interno, además, las
diferencias entre el poder Ejecutivo y el Legislativo mellaban la estabilidad política.
Las Fuerzas Armadas y su Intervención
El 3 de octubre de 1968, una facción de las FF. AA. se levantaron en armas en
contra del entonces gobierno de Belaúnde. De acuerdo con Rojas (2021):
la planificación del golpe estuvo a cargo de un grupo pequeño de militares:
Velasco, los generales Edgardo Mercado Jarrín, Ernesto Montagne, Alberto
Maldonado Yáñez y Alfredo Arisueño, así como los coroneles Enrique Gallegos,
Leonidas Figueroa, Jorge Fernández Maldonado y Rafael Hoyos. (p. 23)
El golpe institucional de las tres armas de las Fuerzas Armadas fue dirigido personalmente
por el general Juan Velasco Alvarado, presidente del comando conjunto, desde el Centro
de Instrucción Militar del Perú (CIMP) (Rojas, 2021 y Pease, s.f.). Se debe señalar que la
Marina y la Fuerza Aérea aceptaron participar luego de amplias negociaciones (Rojas,
2021).
En el marco del primer aniversario de la revolución, Velasco Alvarado (1979) dirigió un
mensaje a la nación:
Este no es un gobierno personalista. Entre nosotros no existen predestinados ni
seres insustituibles; nadie tiene aquí el monopolio de la sabiduría ni del poder.
Somos un equipo que está haciendo la revolución que el Perú necesita, esa
revolución que otros pregonaron sólo para traicionarla desde el poder. No
constituimos, pues, un movimiento al servicio de un hombre, sino al servicio del
país. Pero comprendemos que nada de esto puedan entender quienes, en realidad,
no son más que simples caciques de nuevo cuño, extremistas del personalismo, de
la vanidad, de la estafa política. (Velasco, 2012, párr. 2)
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Es decir, el interés estaba puesto en que la identidad nacional fuera el pilar fundamental
para planear un desarrollo nacional justo, equitativo e igualitario con todos los peruanos.
En términos de Pásara (2019, p. 21), el proyecto militar de 1968 se sostenía en tres
aspectos centrales: 1. La extirpación de la llamada oligarquía de base terrateniente; 2. La
implantación de un conjunto de reformas dirigidas a homogenizar el país en términos de
distancias sociales; y 3. El desarrollo de una posición internacional propia, que afirme la
soberanía nacional contra la hegemonía estadounidense.
En el mensaje de Velasco de 28 de julio de 1969, se justifica la acción tomada por
las FF. AA. en los siguientes términos (Alvarado, 2017):
Al país le consta, que no quisimos nunca tomar este camino. Habríamos preferido
que las grandes cuestiones nacionales fueran resueltas dentro del marco de un
gobierno civil. No tuvimos otra alternativa. Fue la inepcia, la insensatez, la
corrupción y la insensibilidad de los malos gobernantes lo que nos hizo
comprender, que era nuestra la responsabilidad de asumir la tarea que la cobardía
y la complicidad tornaron imposible a manos de un Ejecutivo y un Parlamento en
los cuales, los electores depositaron una confianza que no supieron respetar, una
fe que defraudaron, una esperanza de la que hicieron burla. (p. 56)
De lo que se infiere que, fue una revolución necesaria, sin disparos, sin
resistencias, con el único propósito de que el comunismo, como tal, no triunfase en el
Perú; puesto que en la sierra ya se estaban gestando movimientos subversivos, debido al
estado de inacción del gobierno frente al problema del indio (sumisión del campesinado).
De acuerdo con Aguirre (2018), «Velasco veía la independencia como una ‘obra trunca’
y una ‘promesa no cumplida’» (p. 49). Es decir, esta propuesta de desarrollo nacional
quería superar esas brechas que se mantenían desde la República y beneficiar a la mayoría
de los peruanos. Cabe mencionar que Velasco argumentó que el periodo previo a su
gobierno fue
[un] largo proceso de reorientación y toma de conciencia de los irresueltos
problemas fundamentales del país, [por lo que] la Fuerza Armada se vio
compelida a intervenir … y, para evitar también, que irresponsablemente se
continuara la burla a los derechos y reclamos de un pueblo, que en vano
demandaba de sus gobernantes acciones de justicia. (Sánchez, 2003, p. 126)
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Quizás violar el sistema democrático fue una necesidad vital ante la inacción e inercia de
los que en su momento ejercieron el poder político. En términos del mismo general
Velasco Alvarado, en la entrevista que le hace César Hildebrant (17 de junio de 2015):
Los civiles tuvieron 150 años en el gobierno y no las hicieron [las reformas]. Por
eso es que la Fuerza Armada tuvo que hacer la revolución. El consuelo que tengo
es que la revolución hizo vibrar. Porque hasta los enemigos nuestros vibraron de
contento cuando... recuperamos Talara… (párr. 30)
Así, el 3 de octubre de 1968, las tropas se presentaron en la plaza de Armas para
deponer al presidente Fernando Belaúnde Terry. Posteriormente, se suspendió la
Constitución y se dispuso el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (Elche,
2008). Cabe indicar que esta intervención no incurrió en una contradicción a la
Constitución de 1933, la cual se empleó como marco legal para la realización de las
acciones, pues la suspensión señalada se realizó posterior a la toma del poder.
El sustento ideológico subyacente al golpe del 68 se puede entender al analizar el
discurso de Velasco; en éste, se deja oír la voz de una persona que proviene de un grupo
social de condiciones humildes, de una familia de bajos recursos, trabajadora y
provinciana; alguien que, asimismo, sufrió las vicisitudes de un soldado y conoció la
realidad nacional durante sus labores en las zonas más alejadas del país (tanto como sus
coroneles). También, se debe señalar que su vida personal recupera los impactos de un
niño trabajador que asumió la situación familiar y supo apoyar; tuvo que viajar de
polizonte para cumplir su sueño de ser oficial del Ejército, pero, al llegar con retraso al
proceso de admisión de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) y no poder presentarse,
se enroló como soldado raso (Taype, 2018). Tuvo una vida austera, metódica y jamás se
le vinculó con algún acto de corrupción.
En conclusión, este gobierno de características profundamente nacionalistas tuvo
que hacer frente a un escenario nacional que era adverso para la mayoría de la población,
a la vez que el contexto internacional le demandaba contar con una posición específica
frente al mundo bipolar.
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Fundamentos Constitucionales de la Intervención Militar
La intervención militar de aquel 3 de octubre de 1968 se dio por la convergencia
de múltiples causas. En principio, fueron los irresueltos problemas del país y la inacción
por parte del presidente Fernando Belaunde Terry, quien fue líder y fundador del partido
Acción Popular (Masterson, 2001) y cuyo primer gobierno se inició en 1963, previas
elecciones convocadas por la Junta Militar, convocada por Ricardo Pérez Godoy y
Nicolás Lindley Lopez (1962-1963) (Masterson, 2001).
Por otro lado, el descontento de la población originado por la desaparición de una
de las páginas (la once) del contrato con la International Petroleum Company (IPC); el
viejo sistema patrimonialista de los latifundios (pocos propietarios de inmensas
extensiones de tierras casi del tamaño de distritos o provincias) de grandes hacendados y
gamonales, quienes tenían en condiciones de sumisión a los peones, además de tener a su
disposición a jueces, comisarios y periodistas, entre otros.; y, finalmente, las prácticas de
injusticia y violación a los derechos por parte de los políticos que tenían relación directa
con los intereses latifundistas. Todos estos motivos bastaron para justificar la demanda
social de una intervención militar.
Sobre la legalidad de las acciones realizadas por el Gral. Velasco Alvarado en
1968 a fin de preservar al País, se recurre a los artículos 34, 35, 211 y 213 de la
Constitución Política, vigente en ese tiempo, que fundamentan la legitimidad del
movimiento.
Artículo 34.- La propiedad debe usarse en armonía con el interés social. La ley
fijará los límites y modalidades del derecho de propiedad.
Artículo 35.- La ley puede, por razones de interés nacional, establecer
restricciones y prohibiciones especiales para la adquisición y la transferencia de
determinada clase de propiedad, sea por su naturaleza, o por su condición, o por
su situación en el territorio.
Artículo 211.- El Estado procurará de preferencia adjudicar tierras a las
comunidades de indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las
necesidades de su población, y podrá expropiar, con tal propósito, las tierras de
propiedad privada conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 29.
Artículo 213.- La finalidad de la fuerza armada es asegurar los derechos de la
República, el cumplimiento de la Constitución y de las leyes y la conservación del
orden público. (Congreso de la República del Perú)
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Como se lee, en la Constitución de 1933 se priorizó el bienestar de la nación y de los
elementos fundamentales a los cuales todos deben tener derecho. Además, según lo indica
el Artículo 213, la fuerza armada debe asegurar el cumplimiento de los mismos.
El Centro de Altos Estudios Militares y la Búsqueda de una Doctrina Nacional
Especialistas como Pease (s.f.) señalan que fue un nuevo cuño militar, egresados
del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), los que derrocaron a Belaunde Terry. La
respuesta a la pregunta sobre quiénes fueron los protagonistas de aquel acontecimiento se
debe de buscar en años atrás, durante el gobierno del general Manuel Odría (1948-1956)
y la fundación del CAEM (López, 2017), desde 1997 hasta la actualidad, Centro de Altos
Estudios Nacionales (CAEN) (2022).
Como señala la página web oficial del CAEN (2022) sobre su proceso de creación,
Al iniciarse la década de 1940, se comenzó a hablar en el seno de la Escuela
Superior de Guerra del Ejército (ESGE), sobre la necesidad de contar con un
centro de estudios donde se plantearán y analizarán los problemas de orden
estratégico hasta entonces no abordados. (párr. 1)
Fue en 1950 que se dispuso la creación del Centro de Altos Estudios Militares
(CAEM) y se logró establecer una concepción critica de la realidad nacional. Ello
permitió a los oficiales del Ejército el estudio profundo y reflexivo de la realidad nacional
que devino en la idea de grandes reformas de carácter necesario, principalmente en el
campo educativo, el campo social, la agricultura, la economía, las relaciones
internacionales, la búsqueda de la industrialización del país y, sobre todo, en el manejo
de los activos críticos nacionales (nomenclatura no empleada entonces), sostén principal
para la supervivencia del Estado-nación. Los estudios impartidos en el CAEM causaron
una evolución cultural en la mentalidad militar que existía en ese tiempo.
Cabe señalar que este tipo de intereses no estuvieron aislados de lo que ocurría en
otros países; en ese sentido Masterson (2001), en su obra «Fuerza Armada y Sociedad en
el Perú Moderno: Un estudio sobre relaciones civiles militares 1930-2000», destaca la
influencia francesa después de la Segunda Guerra Mundial en la adecuación de una
doctrina nacional que se base fundamentalmente en alcanzar Objetivos Nacionales,
implantada por los Galos bajo el mandato del Gral. Charles de Gaulle.
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Precisamente en el CAEM, como espacio de discusión, comenzó a surgir un
discurso de la prospectiva nacional, es decir, se cuestionaban cómo debería ser la nación
peruana. Hurtado (2018) señala que «desde la perspectiva del Ejercito, los cuarteles
borraban las diferencias sociales y étnicas entre los peruanos, y todos los miembros de las
Fuerzas Armadas —oficiales, suboficiales y reclutas eran igualmente importantes»
(p. 240). El sentido de la inclusión imperaría; en otras palabras, había un significativo
interés por contar con profesionales, jefes aptos para comandar las grandes unidades,
formados con la mayor calidad y conocedores de la realidad nacional que, al proponer
políticas, estas fueran consecuentes con la coyuntura nacional.
Las pugnas por el poder representativas de los sesenta y setenta ocasionadas por
los partidos políticos (APRA, Acción Popular, Democracia Cristiana, Partido Comunista
del Perú) causaron inestabilidad en el rumbo del país, es por ello, que menciona Gálvez
(2021)
A partir de julio de 1962, las veces que el Ejército se ha visto obligado a intervenir
directamente en política, ha sido en forma institucional y corporativa, en
circunstancias excepcionales y ante situaciones de alto riesgo que ponían en
peligro la existencia futura del estado de derecho. (p. 41)
En este sentido, Pease (s.f.) explicó que, «aunque no estaba en el programa, el
CAEM pretendía preparar a los oficiales para administrar el país. Ello fue evidente
después de 1968» (p. 230). Serán precisamente estos egresados quienes tomarán los
puestos de funcionarios públicos y los que llevarán a cabo el desarrollo del gobierno de
las FF. AA. Rojas (2021) agrega que estos se convencieron de «la necesidad de
implementar profundas reformas socioeconómicas que desarrollaran y modernizaran el
Perú, con el propósito de evitar una revolución desde abajo y conducida por la izquierda
marxista» (p. 30). Asimismo, el autor hace hincapié en que «los militares asumieron una
retórica nacionalista y revolucionaria, [pero] ni Velasco ni su entorno más íntimo eran
socialistas». Eran, más bien, distantes de la izquierda revolucionaria y de la derecha
tradicional oligárquica, «disponían de su propia visión del país y de su propia agenda de
reformas» (Rojas, 2021, p. 30), como en su momento –también– lo señaló el periodista
investigador César Hildebrant (2016) respecto del gobierno de Velasco:
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fue un intento de parar al comunismo, un intento de que el comunismo no triunfara
en el Perú, pues eso era lo que se venía… si hubo Sendero [Sendero Luminoso]
con las reformas que hicieron los militares, imagínese lo que habría sido Sendero
sin las reformas que hicieron los militares… (pp. 16-46)
Finalmente, serán estos intereses y preocupaciones los que permitirían la
elaboración de un proyecto nacional que disminuya el poder económico de los
terratenientes, gamonales y hacendados del país. El cual se enmarcó en el escenario de la
Guerra Fría, y que tuvo por estrategia «[una] postura marcada por la alianza al bloque
soviético, elemento de gran importancia al establecer en Perú la resistencia contra los
capitales provenientes de Estados Unidos» (Julca, 2017, p. 12).
Por otro lado, es necesario poner de relieve que desde 1961, de manera progresiva,
diversos países de África que habían sido colonias de los imperios líderes de la revolución
industrial empezaron procesos de descolonización y estaban interesados en mantener una
posición neutral, es decir, no alinearse a ninguna superpotencia del mundo bipolar y, por
el contrario, pertenecer al Movimiento de Países No Alineados (MPNA). Todo ello se
inició en la Conferencia de Bandung. Durante la década de los setenta y los ochenta, este
grupo siguió asumiendo una postura que se alejaba del conflicto entre los Estados Unidos
de América y la URSS, para concentrarse en su propio desarrollo (Malacalza, 2016). Perú
participó desde 1973 y, de acuerdo con Mercado (1974), el gobierno de Velasco:
Estaba consciente de que esto implicaba una reformulación de la noción de
seguridad nacional, pues si antes aludía a la protección del territorio, ahora
apuntaba a la «lucha contra toda forma de presión, incluyendo el
neocolonialismo», sin excluir la defensa irrestricta de los intereses económicos y
la dignidad nacional, y de una autonomía en sentido amplio: tanto a nivel interno
como externo. (como se citó en Alburquerque, 2017, p. 161)
De modo que se desarrolló una lectura distinta de las relaciones internacionales y
de cómo se debían manejar. En un texto del Ministerio de relaciones exteriores de1974,
año en que todavía gobernaba Velasco, se refleja la nueva visión de la política:
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La seguridad de todos habrá de buscarse en el mejoramiento y la dignificación de
las condiciones de vida de todos los hombres. Es esta y no otra la seguridad que
requerimos, seguridad que será de todos o no será de nadie. Es la seguridad de que
progresivamente la paz, entendida como algo cualitativamente superior a la
ausencia de conflictos bélicos, se irá implantando en el orbe. (como se citó en
Alburquerque, 2017, p. 161)
En síntesis, el gobierno de Velasco Alvarado, en cuanto a su postura internacional,
se declaró como No Alineado, mientras que en la política exterior se pensó desde un
trasfondo ideológico fundado en un paradigma nacionalista que aspiraba a la justicia, a
no ser dependiente, con fuertes elementos regionalistas del Tercer Mundo y cuya doctrina
de seguridad nacional profese autonomía.
Cambios en la Sociedad
En el mensaje a la nación en el primer aniversario de la revolución (3 de octubre
de 1969), el general Velasco señalaba que «Toda revolución genuina sustituye un sistema
político, social y económico por otro cualitativamente diferente» (párr. 7). Es decir, los
cambios a establecer serían para alcanzar los objetivos de justicia e igualdad; resumido
en una frase: «el campesino del Perú será un ciudadano libre» (24 de junio 1969). Por su
parte, César Hildebrandt, respecto del nuevo paradigma en el gobierno revolucionario de
las FF. AA., señaló que los cambios ambicionados quedaron registrados en el Plan Inca,
un fajo significativo de papeles en los que estaba inscrita la forma en que se transformaría
el país mediante la reforma agraria, la reforma industrial y la sustitución de importaciones,
según la recomendación de la CEPAL. (Hurgan en la Memoria, 30 de septiembre de 2021
segundo 00:03-00:46).
El principio, la reforma agraria fue la más compleja de realizar y su aplicación no
ha dejado de generar controversias. Su realización constituyó la etapa final de un proceso
que se había iniciado incluso antes del primer gobierno de Belaunde Terry, pero que, con
el avance del tiempo, había sufrido diversas modificaciones que progresivamente fueron
minimizando y prolongando su aplicación (TV Perú, 21 de diciembre de 2016, minuto
48:36-49:30).
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La Reforma Agraria implicaba desplazar del poder a los terratenientes, quienes,
desde la época colonial, habían ejercido el poder despóticamente en la Sierra, en
un sistema cuasi-feudal, en el cual los campesinos (en su mayoría indígena y
mestizos), si bien eran libres por derecho, estaban reducidos a la condición de
siervos. (Marutián, 2003, p. 40)
La historia nacional en los tiempos de la Reforma Agraria en parte estaba formada
por la invisibilización, exclusión y explotación de los indígenas y el campesinado
realizado por los terratenientes. Con la Reforma Agraria la figura del indígena fue
reivindicada, hecho que también se vio reflejado en la creación del Día del Campesino.
Asimismo, se debe señalar que, desde la década de los treinta en el norte del país,
específicamente en Trujillo, el partido aprista influenció políticamente a los campesinos
y se estuvo en constantes pugnas a nivel nacional con el partido comunista por el dominio
político del campesinado. Es en este contexto, es que la manumisión se le dio al
campesino y se le otorgó la facultad de ciudadano y, por ende, el derecho de participar
oficialmente en los procesos políticos.
«La Ley de la Reforma Agraria fue promulgada el 24 de junio de 1969» (Rojas,
2021, p. 66). Con ella se permitiría una redistribución de las tierras hecha por medio del
gobierno, así, se crearían cooperativas agrarias que estarían controladas y supervisadas
(Marutián, 2003). Velasco Alvarado expresó su sentir respecto a la Reforma con las
siguientes palabras:
Compatriotas: Este es un día histórico. Y bien vale que todos seamos plenamente
conscientes de su significado más profundo. Hoy día el Gobierno Revolucionario
ha promulgado la Ley de la Reforma Agraria, y al hacerlo ha entregado al país el
más vital instrumento de su transformación y desarrollo. (Marutián, 2003, p. 41)
La aplicación de la Reforma cambiaría, por un lado, la posesión de los bienes y
permitiría una redistribución económica; y, por otro lado, por efecto de lo primero,
cambiaría y se reestructuraría la organización y jerarquía social. De ahí que se hable de
su fuerte contenido social; «por eso, la reforma agraria era parte de un proceso de
integración de la sociedad peruana sobre nuevas bases sociales, entre ellas la expansión
de la propiedad en los sectores rurales e indígenas» (Rojas, 2021, p. 69).
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En la concepción de Velasco, el campo estaría poblado de cooperativas y
empresas agrarias que tuviesen adecuadas tecnologías que les permitiesen ser modernas
y productivas (Rojas, 2021). A pesar de que las denominadas Cooperativas Agrarias de
Producción (CAP) sí se desarrollaron, en la costa central y el norte, lamentablemente en
muchos casos los trabajadores agrícolas no contaban con experiencia y competencias
asociadas a la labor empresarial (Rojas, 2021). Una de las principales críticas a la
Reforma estuvo dirigida a la forma en la que se desarrolló, pues no era como la habían
querido los campesinos, es decir, la separación por parcelas y de manera individual a
diferencia de lo que el Estado había dispuesto (TV Perú, 21 de diciembre de 2016).
Un segundo aspecto del gobierno de Velasco importante de analizar es la política
educativa, pensada como una reforma que fundamental para que las bases en las que se
fundasen los principios de la sociedad también involucrasen el nuevo paradigma
propuesto por el gobierno. La educación debía representar la misma postura que había
tomado la política exterior y nacional: no estar alineados o ser dependientes, sino que el
discurso esté íntimamente ligado a una identidad nacional que se construya y actualice a
sí misma (Rojas, 2021).
Esta propuesta también cuenta con bases de análisis de la realidad nacional que,
como se describió en párrafos anteriores, habían sido analizados desde la década de los
cincuenta. Se contrataron a personalidades destacadas, especialistas en el sector
educación (Augusto Salazar Bondy, por ejemplo), para desempeñar la tarea de diseñar
una educación nacional que revalorase «la diversidad cultural, regional y lingüística
nacional» Así, «la Ley de Educación reorganizaba el sistema educativo» en sus diferentes
niveles y «la escuela, debía contribuir con los protectores para desarrollar una industria
nacional fuerte, autónoma y enraizada en los sectores populares» (Rojas, 2021,
pp. 109-110).
Finalmente, gracias a las experiencias internacionales anteriores a los años
cuarenta y cincuenta y el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) se alcanzó el consenso de que el Estado debe conducir el desarrollo
industrial (Rojas, 2021, p. 87). Así que Ley General de Industrias fue promulgada con el
objetivo de que despegase la industrialización y autonomía en la investigación y alcances
tecnológicos. (Rojas, 2021, p. 91). De este modo, el Estado se convertía en un elemento
mediador y los trabajadores/obreros estuvieron incluidos en el discurso para la
transformación social.
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Sin embargo, el camino hacia el desarrollo no estuvo libre de obstáculos: una gran
dificultad para el alcance de los objetivos fue el poder competir con los productos y con
el mercado internacional en general. No solo eso, en términos de Rojas (2021), «El
principal escollo que impidió que los empresarios se sintieran cómodos con el gobierno
militar eran las denominadas ‘comunidades industriales’, un nuevo modelo de
organización de la propiedad industrial» (Rojas, 2021, p. 94).
Cabe indicar que los Estados Unidos de América no avalaron el régimen, puesto
que el GRFA había colisionado con sus intereses de manera frontal, por el contrario, se
enfrentó al gobierno militar. Primero, ante la negativa de venta de armamento de origen
norteamericano: el General Velasco se acercó al bloque socialista, recibiendo apoyo y
ayuda internacional del poderoso opositor a EE. UU. y al capitalismo dominante (Rojas,
2021). Por este motivo, el régimen impulsó el Movimiento de Países No Alineados,
mediante el Grupo de los 77, o sea, los países del tercer mundo y coincidentes con la
realidad peruana (Rojas, 2021). Segundo, terminado el régimen militar, hubo un proceso
de contrarrevolución encabezado por los grupos político-económicos que fueron
perjudicados con la serie de reformas, quienes se dedicaron a hacer una campaña de
estigmatización y desprestigio de las principales obras realizadas; por ejemplo, generar
en el inconsciente colectivo la idea, que perdura hasta la actualidad, de que el general
Velasco fue un comunista o socialista (Rojas, 2021).
El Gral. Div. Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, en la obra de Prieto (1996),
describe al General Velasco como «un hombre muy criollo, muy pragmático. Honesto,
no era el dogmático de izquierda que hubieran querido los comunistas, …Velasco no fue
marxista» (p. 152). A ello se suma lo que Velasco le contesta a Hildebrant (1977), en su
última entrevista, «¿Por dónde voy a salir comunista? Yo he sido militar toda mi vida...,
Ustedes me hubieran acusado de macartista si yo hubiera perseguido a los comunistas.
Yo más bien he dicho que los comunistas se infiltraron» (p. 12). Se debe agregar que no
hubo vetos ni persecuciones por profesar alguna doctrina política durante el GRFA; ni al
Partido Aprista, el cual fue proscrito políticamente durante varias décadas; menos se
realizó algún tipo de persecución política o vulneraciones a los derechos humanos (como
si las hubo en otros procesos latinoamericanos). En definitiva, se respetó la humanidad y
se siguieron los principios de la democracia cristiana con los que coincidía el General
Velasco (Hildebrant, 1977).
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Así pues, desde el Estado se diseñaron cambios estructurales para que la
sociedad desarrollara un sentido de pertenencia que fomentara una cultura nacional
inclusiva para todos, tanto limeños como cualquier otro ciudadano, independientemente
del lugar de procedencia o residencia. Los cambios tanto en la agricultura, la educación
y la tecnología eran considerados el camino para lograr ese nuevo sentir peruano.
La Importancia de las Reformas del Gobierno Revolucionario de las FF. AA.
Los cambios estructurales en la sociedad peruana estuvieron direccionados a
refundar la nación. El Perú contemporáneo nace con las reformas sociales ejecutadas, que
tenían como base el interés por la reivindicación del indio y el desarrollo de un discurso
que fomentase un sentido de unidad e identidad nacional. Esta 1ra Fase del Gobierno
Revolucionario de las FF. AA. fue cuestionada, criticada y, muchas veces, estigmatizada;
sin embargo, las evidencias de las actuales investigaciones demuestran que fue importante
para mitigar el injusto reordenamiento social que se mantenía desde la fundación de la
república y como herencia del periodo colonial.
Actualmente, una demanda moral invoca la realización de un análisis crítico del
desarrollo de la historia; en el que se identifican las razones de Velasco Alvarado para
pensar el país desde un nuevo paradigma promovido desde el Estado. Las políticas de
Velasco pueden ser tildadas de radicales, pero, sin duda, fueron necesarias en su tiempo
para afrontar las grandes problemáticas nacionales y encaminar dicha realidad a
conformar una nación, en el sentido más estricto del término.
Si bien de las reformas realizadas no todas tuvieron éxito, fue el primer intento
fáctico que se hizo para afrontar de manera directa y casuísticamente el origen de todas
estas problemáticas nacionales. Particularmente en la reforma agraria, la serie de
afectados (terratenientes oligarcas en su mayoría) mantienen hasta hoy un discurso en
contra de ella. Esta perspectiva se basa en que se realizó la expropiación de esas tierras
sin antes haber analizado la situación de los expropiados. También se señalan la mala
conducción que posterior al régimen se les dio a las empresas nacionales, el
debilitamiento de la Oficina Nacional de Planificación (ONP) y la desarticulación de la
Dirección de Asuntos Estratégicos (DIRAE) y del Sistema Nacional de Movilización
Social (SINAMOS) (Rojas, 2021), entre otras acciones que no permitieron el logro de los
objetivos nacionales propuestos en esta fase.
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Es importante destacar que, en consideración a la Constitución de 1933, en su
Artículo 37:
Las minas, tierras, bosques, aguas y, en general, todas las fuentes naturales de
riqueza pertenecen al Estado, salvo los derechos legalmente adquiridos. La ley
fijará las condiciones de su utilización por el Estado, o de su concesión, en
propiedad o en usufructo, a los particulares.
De lo que se desprende que todos los jefes de Estado deben velar por la protección
y correcta administración de los recursos del Estado, ahora denominados activos críticos
nacionales (ACN), puesto que representan el medio de supervivencia y sostenimiento de
la población, aspectos sobre los cuales es necesario concientizar a la población. Es aquí
donde se debe reflexionar sobre el impacto a estos días de la serie de privatizaciones
realizadas en la primera parte de la última década del siglo anterior.
La venta de las principales empresas nacionales en la década de los noventa y la
concesión de activos críticos nacionales, así como de diversos servicios públicos
esenciales (Jiménez, 2001), que siempre deben estar a cargo del Estado, debilitó los
instrumentos del poder nacional con los que se debería de contar para lograr el ansiado
desarrollo nacional. Las duras críticas realizadas a los militares de esas épocas contrastan
con la compleja preparación y experiencia de éstos en temas de planeamiento estratégico
y en reformas que fueron adoptadas por muchos países del mundo.
Varias décadas después, la nación peruana todavía se encuentra en proceso de
desarrollo intercultural y cada vez con mayor incidencia. Desde diferentes actores
sociales, los esfuerzos por mejorar la condición de las poblaciones más excluidas y
vulnerables –también– se consideran más vitales. La identidad étnica se enaltece
mediante el desarrollo de un discurso único que desde el Estado fomenta la integración y
que, paralelamente, desarrolla políticas y acciones que acompañan dicho planteamiento.
El orgullo de ser considerado cholo nace en este proceso, y aquí también, surge el inicio
de la modernidad del país. Por ello, es responsabilidad de la historia, investigar y analizar
los procesos sociales a fin de fomentar el pensamiento crítico en todos los grupos de la
nación. Finalmente, el fin ulterior de las Fuerzas Armadas es resguardar el bienestar de la
nación, siempre respetando irrestrictamente el orden constitucional, y denotar capacidad
de discernimiento ante las amenazas contemporáneas a la seguridad nacional.
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Obstáculos y Errores del Régimen
De acuerdo con Orrego (2014), «El golpe militar de 1968 ha sido interpretado
como el punto final del orden oligárquico en el Perú; en su momento, fue visto como el
inicio de una revolución prometedora» (p. 181). Lo que se afirma en la consideración de
la propuesta de cambios estructurales que el nuevo gobierno militar proponía.
Primero, era una reforma con una orientación industrialista que tenía:
grandes esperanzas en una alianza con el empresariado manufacturero, y
realizaron denotados esfuerzos para atraer a este sector, al que brindaron
protección arancelaria, subsidios, exoneraciones a las importaciones de bienes
de capital, un régimen cambiario especial y reinversiones de hasta el 60 % de las
rentas libres de impuestos. (Rojas, 2021, p. 223)
Sin embargo, no se logró consolidar esa alianza, ya que los industriales decidieron invertir
de manera muy controlada, según era conveniente para ellos, en gran medida por la
desconfianza de la manera en que se tildaba al gobierno. Asimismo, Rojas (2021) apunta
que «las presiones de la derecha política bloquearon cualquier entendimiento con el
gobierno» (p. 223). De modo que la Ley Industrial tuvo efectos parciales al ser asumida
en gran parte por el Estado, sin la participación del sector privado, al expropiar empresas
y crear las industrias que se consideraba que eran conveniente para la nación (Rojas,
2021). Pease (s.f.) agrega que el Estado era responsable de toda la producción:
mientras la burocracia centralizaba la actividad económica, pues a las
expropiaciones de las empresas petroleras y mineras siguieron las de las grandes
empresas agrícolas, especialmente azucareras, las cuales fueron entregadas a
nuevos «dueños», pero quedaron, como todas las empresas estatales, bajo la
administración de funcionarios públicos. (p. 321)
Entonces, el Estado, empleando diversos mecanismos (expropiación y creación),
terminó haciéndose responsable de esas industrias manufactureras. Sin embargo, «no
todas fueron rentables, en parte debido a su mala administración, pero no podían quebrar.
Sus pérdidas las debía asumir el Tesoro Público o el endeudamiento externo» (Orrego,
2014, p. 184). Es decir, las consideraciones asociadas a lo técnico y lo pragmático, que
son pilares fundamentales para el funcionamiento de toda empresa, no fueron valoradas
como debieron y eso fue contraproducente para el plan nacional.
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Cabe señalar que, como refirió Máximo Vega Centeno, la política de incentivos
fue empleada de manera provechosa por la industria, pero sin llegar a generar tecnologías
o innovaciones en los procesos de producción (Rojas, 2021, p. 224). Orrego (2014)
agregó que «en 1974, había 3,500 comunidades industriales con 200,000 obreros que
controlaban el 13 % de las acciones de sus empresas» (p. 185). Por lo tanto, los
empresarios, que no contaban con un plan a largo plazo, tampoco evidenciaron interés en
la propuesta del gobierno. Finalmente, en 1969, el gobierno militar se animó a intervenir
en las universidades a fin de sumarlas al plan, «pero los estudiantes radicalizados se
opusieron a la Ley Universitaria y convirtieron a las universidades en focos de oposición
al régimen. Se perdió así la colaboración de una institución fundamental para el desarrollo
manufacturero» (Rojas, 2021, p. 224). Por otro lado, «los gremios de trabajadores
sintieron que las reformas no satisfacían sus demandas y empezaron a presionar» (Orrego,
2014, p. 185). Como puede colegirse, las tensiones y el conflicto entre los diversos grupos
del campo industrial son decisivos para entender de qué manera se desarrolló el plan de
industrialización nacional.
Asimismo, la reforma agraria implicó la expropiación de 10.5 millones de
hectáreas 56 % de la superficie agrícola) según un informe del Instituto de Estudios
Peruanos (IEP) (El Comercio, 3 de octubre de 2021). El mismo documento señala que en
ese período las haciendas se convirtieron en aproximadamente 1,200 empresas
asociativas o cooperativas, pero la mayoría de estas fracasaron rápidamente, siendo
parceladas o abandonadas (El Comercio, 2021, 3 octubre). Ahora, si bien es cierto que la
reforma agraria no tuvo el éxito económico esperado, el trasfondo y esencial logro fue la
dignificación del habitante ancestral del Perú, la transformación del indio en ciudadano
de derecho en términos pragmáticos, condiciones que habían sido escritas en documentos
pero que en la vida práctica eran completamente ajenas a ellos. Orrego (2014) agrega que:
el gobierno fue víctima de las expectativas que había generado entre los sectores
populares. Los viejos grupos despojados, a su vez, no ocultaron su horror ante la
usurpación de su patrimonio. La respuesta de los militares fue controlar poco a
poco los medios de comunicación hasta que, en 1974, se completó la
confiscación de los periódicos, la radio y la televisión. (p. 185).
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Esto se explica porque el sector de derecha era dueño de los medios de
comunicación masivos y los empleaba para expresar su sentir respecto del gobierno
militar. Se debe señalar que la Oficina Central de Información, creada por el gobierno
militar, tenía como responsabilidad realizar un filtro respecto de las noticias que se
publicarían, de ahí que, gran sector de la prensa nacional señalara esta práctica como
limitación a la libertad de prensa (Batalla, 1 de octubre de 2021). En este sentido, Rojas
(2021) defiende que «la estatización de la prensa fue una señal de debilidad del régimen,
pues se trataba de un sector relativamente pequeño que no representaba un peligro real
para la estabilidad gubernamental» (p. 255). Desde esta perspectiva, sería comprensible
que los medios de comunicación sintiesen rechazo por el gobierno de Velasco y que se
haya generado un discurso en su contra que podría ser vigente hasta la actualidad. En
cuanto a la debilidad de la que habla Rojas, se puede agregar que, en aquel momento, el
gobierno se encontraba frágil y «acosado por las fracturas internas de las FF. AA., el
estancamiento económico derivado de la crisis del petróleo y por el alza de las huelgas de
los sindicatos de oposición» (Rojas, 2021, p. 256).
La reforma educativa, se inició con la promulgación de la Ley Orgánica de la
Universidad Peruana N° 17437, en febrero de 1969, que continuó tres años después con
la publicación de la Ley General de Educación N° 19326, en marzo de 1972 (Sosa, 2019,
párr. 1). Sin embargo, las opiniones al respecto se asemejan a lo que Cornejo (1994)
señalaba:
La ley significó un cambio sustancial en la estructura universitaria tradicional.
Desajustó su organización clásica, hirió seriamente las organizaciones
estudiantiles de corte político y pretendió cambiar la mentalidad profesoral hacia
una organización moderna, cierto, pero de patrones extranjerizantes muy
ostensibles al servicio del capitalismo y las transnacionales. En un país, además,
de evidente retraso académico, con un profesorado de formación mediana y un
alumnado todavía más deficiente, esta ley estaba llamada al fracaso. Así fue. A
ella dispararon además los dirigentes estudiantiles altamente politizados, que no
permitieron siquiera rescatar algo de lo positivo que podría tener esta ley. (p. 45)
En adición, la propuesta académica tuvo mucha oposición del magisterio nacional,
y de su sindicato principal. No obstante, las críticas, el apoyo de Emilio Barrantes y la
junta académica con la que trabajó concibieron una propuesta que se correspondía con la
realidad nacional desde una perspectiva política, económica y social; la Reforma
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contemplaba una formación «que se preocupó de la educación más allá de las aulas y los
centros educativos, fue la única que buscó la articulación del sistema educativo formal
con la educación informal» (Delgado, 1992, p. 52). Dicho de otro modo, la propuesta se
basó en trascender las aulas, gestar ciudadanos comprometidos con la realidad, establecer
las bases necesarias para el desarrollo de oportunidades igualitarias y democratizar la
educación. Además, el Plan Educativo 1971-1975 vislumbraba un perfil de ciudadano
que sorprendió al mundo por ser una propuesta muy original y que integraba elementos
que antes no se habían considerado en ningún escenario, tal como la educación básica
laboral para adolescentes y adultos, la calificación profesional extraordinaria, la
educación especial, la educación en áreas rurales y extensión educativa, la educación con
núcleos comunales y la Junta Permanente de Coordinación Educativa (Barrantes, 1989,
p. 101).
Barrantes (1989) explicó que los ataques a la propuesta no fueron unívocos o
respecto de la calidad, «sino [que] por sectarismo político, resentimiento partidario o por
la condición humana» (p. 113). Asimismo, Palomino (1993) señaló que «Su fracaso se
debe a que fue muy mesiánica, muy utópica, inmensamente vertical […]. Por otra parte,
la economía no la ayudó sino en los primeros tiempos. Se hundió por sus propias
fallas» (p. 75). Entonces, la preocupación y las presiones ejercidas por los grupos
tradicionales estaban vinculadas a las ideologías latentes y a la preocupación por los
efectos para los intereses que tenían.
Tercero, el problema de las barriadas o los pueblos jóvenes también fue una
preocupación que tenía que el Estado. «Solo en la capital los migrantes superaban el
millón y la cifra iba en aumento. La situación era explosiva, especialmente cuando se
producían las invasiones a terrenos privados o del Estado» (Orrego, 2014, p. 185). Este
escenario fue atendido por el Sistema de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS)
que encontró como solución la repartición de títulos de propiedad, actividad a cargo de la
Oficina Nacional para el Desarrollo de Pueblos Jóvenes, una de las nuevas dependencias
estatales, un ejemplo de lo que Orrego (2014) señala como el crecimiento
desproporcionado de la estructura del Estado. Otra de las actividades que era objetivo del
SINAMOS fue «vincular al régimen con las cooperativas campesinas, los sindicatos
obreros y las organizaciones vecinales de la periferia urbana» (Orrego, 2014, p. 184). Es
en este tipo de prácticas que se puede identificar el motivo de las expectativas que tenía
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la nación respecto del gobierno y la razón por las que, después de algún tiempo, se
tornaron en diferencias.
Adicionalmente, la popularidad del régimen de Velasco decreció debido a los
problemas económicos que trajo el mercado internacional:
el gobierno amplió y aumentó el control de precios, sin considerar que al bajar los
precios agrícolas se perjudicaba a los agricultores en beneficio del mantenimiento
de un costo de vida por debajo del real en las ciudades […] ello generó el
espejismo de una bonanza urbana. (Pease, s.f., p. 232).
La situación se vio agravada por el crecimiento de la deuda pública:
Cuando se obtenían los primeros resultados positivos de la explotación petrolera
estatal en la selva, 1973, subió el precio del petróleo. […] Confiado en su éxito,
el gobierno hizo crecer el endeudamiento externo […] la deuda pública
internacional subió de 797 millones a 3 mil 66 millones de dólares y el porcentaje
de las exportaciones dedicado a su servicio, del 15 al 30 %. (pp. 232-233)
En consecuencia, la economía empezó un proceso de desplome que fue
incontrolable. Orrego (2014) agrega que «la situación económica terminó derrumbando a
Velasco. Cayeron las exportaciones (cobre, azúcar y harina de pescado) y no se
descubrieron nuevos yacimientos de petróleo. Aumentaron el déficit presupuestal y la
deuda externa» (p. 186), lo que incrementó las huelgas que –para 1975– se contabilizan
en 779, y un saqueo en Lima. (Orrego, 2014). Este fue el escenario para el fin de la
primera fase del gobierno militar.
Finalmente, cabe indicar que hubo sectores de la izquierda que fueron opositores
al Gobierno Revolucionario, bajo la razón de que Velasco fraccionó a la izquierda
quitándoles sus principales motivaciones de lucha (Pease, s.f.), incluido el APRA.
Posteriormente, tanto el APRA como sectores de la izquierda que empezaron a alejarse
del régimen y replantear sus propios objetivos harían caer al gobierno de Velasco. Ello
rompió el ideario político que existía hasta ese momento. Velasco hizo lo contrario que
pensaban hacer esos partidos (reformas provenientes del campo y/o proletariado), realizó
reformas desde el más alto nivel del Estado. Pease (s.f.) agrega que, «los partidos
democráticos rechazaron el gobierno de Velasco» (p. 233) y esto provocó que el régimen
respondiera, lo que a su vez aumentó la tensión entre los grupos e incrementó las
diferencias con el régimen.
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Así fue como la suerte de Estado corporativo (Orrego, 2014, p. 185) planteado
por el GRFA en el que la organización proponía una movilización desde arriba y que, con
las bases en la industrialización, el desarrollo económico y la reducción de conflictos
sociales, resultaría en la quiebra de «la espina dorsal de la oligarquía» (Pease, s.f., p. 232)
y terminó en la fragmentación social en varios niveles.
Conclusiones
Primero, han transcurrido más de 50 años y la nación, en más de una forma, sigue
padeciendo problemas semejantes a los que se tenían antes de la 1.ra fase del gobierno
revolucionario de las FF. AA. Asimismo, las FF. AA., permanecen vigilantes de la
seguridad e integridad territorial, laborando a lo largo de todo el país en el cumplimiento
de sus roles estratégicos. En este sentido, se adopta una férrea posición de respeto y
protección de la democracia que, debido a diferentes sucesos, ha costado alcanzar y que,
a veces, se encuentra cuestionada o resulta contradictoria para algunos ciudadanos.
Segundo, las reflexiones vertidas en este análisis no justifican las acciones que se
realizaron en la etapa abordada, sino que se plantea como aporte para aclarar que sus
protagonistas tuvieron una necesidad imperiosa y ulterior que quizás –hasta la fecha– no
sea entendida en su total magnitud. Asimismo, se han identificado cuatro ejes
fundamentales que se deben de considerar para toda reflexión de este periodo de la
historia: (1) Los activos críticos nacionales, así como las zonas geoestratégicas siempre
deben encontrarse bajo control del Estado; (2) hasta ahora, se debate por una verdadera
reforma educativa; ello va de la mano con la investigación, la cual es la base para la
innovación, autonomía, tecnológica y despegue industrial de nuestra nación; (3) la
identidad e identificación nacional, en los años setenta, tuvieron al nacionalismo como
elemento de impulso muy relevante a todos los hechos que acontecieron a partir del
gobierno del General Juan Velasco Alvarado; (4) la reforma agraria, brindó dignidad al
indio, volviéndolo ciudadano de derecho, desde la perspectiva del Estado, pero
fundamentalmente evitó que cuando emergió el PCP Sendero Luminoso, éste no tenga un
argumento tangible de lucha.
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Tercero, las Fuerzas Armadas tienen el deber de respetar irrestrictamente los
derechos fundamentales, siendo esta tarea el sostén más fuerte de la democracia y del
estado de derecho. Las acciones que se realizaron en esta 1ra Fase del Gobierno
Revolucionario de las FF. AA., en el contexto del tiempo y de las diversas problemáticas
nacionales que se vivía, merecen un análisis concienzudo, pues de no haberse realizado
en su momento, las amenazas que acontecían podrían haber atentado el debido desarrollo
del país y generado más problemas que soluciones.
Cuarto, lamentablemente, a partir del 29 de agosto de 1975, todas estas reformas
fueron desmanteladas sistémicamente, volviendo de manera progresiva a la anterior
dependencia extranjera la cual, hasta la fecha, impide la correcta educación, desarrollo,
industrialización y toma de conciencia de los verdaderos problemas que aquejan a la
nación.
Quinto, el régimen militar se desgastó a partir de la enfermedad de su conductor
y guía principal, y a lo que sobrevino en una serie de protestas, manifestaciones y paros
organizados por la sociedad civil, los cuales configuraron el advenimiento de la II Fase
del Gobierno Militar y una serie de contrarreformas a las que se había realizado. El
descontento popular desembocó en la inclusiva Asamblea Constituyente de 1979 que
produjo la Constitución de 1980 la cual, además de convertir al Perú, en un Estado
Nación, rescata las principales reformas hechas por los militares.
Sexto, el poblador del Perú requería reformas de tipo educativo, agrario e
industrial; reformas que los partidos políticos tradicionales fueron incapaces de realizar.
Se buscó el desarrollo industrial autogestionario, para garantizar independencia
económica lo cual implicó la transformación de un país que era oligárquico, en donde
reinaba la servidumbre y el gamonalismo.
Sétimo, en el actual espacio y tiempo histórico, las principales reformas en la
historia republicana fueron concebidas por militares como Luis Miguel Sánchez Cerro
(Constitución de 1933), Manuel A. Odría Amoretti (Grandes edificaciones del estado),
Nicolás Lindley López (Creación del Sistema Nacional de Planificación), las que, junto
con Juan Velasco Alvarado, muchas veces no son estudiadas o tomadas en cuenta en la
memoria colectiva, lo que desvirtúa el conocimiento y preparación que tuvieron los
militares en la conducción de la nación, cuando les ha correspondido la oportunidad de
gobernar.
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Referencias
Albuquerque, G. (2017). No Alineamiento, Tercermundismo y Seguridad en Perú: La
Política Exterior del gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1980). América
Latina Hoy, 75. DOI: https://doi.org/10.14201/alh201775149166
Aguirre, C. y Drinot, P. (2018). La revolución peculiar. Editorial EIP.
Alvarado, X. (2017). La libertad de expresión: análisis de la línea editorial del diario
la prensa durante su intervención [Tesis de Licenciatura, Universidad Jaime
Bausate y Meza]. Repositorio Institucional - Universidad Jaime Bausate y
Meza.
http://repositorio.bausate.edu.pe/bitstream/handle/bausate/56/Xavier_Alvarado
_Chavez_Tesis_bachiller_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Angell, A. (1984). El gobierno militar peruano de 1968-1980: el fracaso de la
revolución desde arriba. Foro Internacional, 25 1 (97) 33-53.
https://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/971/961
Batalla, C. (1 de octubre de 2021). Día del Periodista: cuando Velasco Alvarado
confiscó El Comercio y otros medios de prensa en 1974. El Comercio.
https://elcomercio.pe/archivo-elcomercio/dia-del-periodista-cuando-velasco-
alvarado-confisco-el-comercio-y-otros-medios-de-prensa-en-1974-fotos-
confiscacion-de-medios-gobierno-militar-juan-velasco-alvarado-diario-el-
comercio-1974-nnsp-noticia/?ref=ecr
Barrantes, E. (1989). Historia de la educación en el Perú. Mosca Azul Editores.
Cornejo, R.-E. (1994). Las Leyes Universitarias en el Perú. Universidad Ricardo Palma.
Congreso de la República del Perú. (s.f.). Constitución 1933.
https://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/constituciones/Constitucion-
1933.pdf
Delgado, K. (1992). Reformas educativas en el Perú republicano. En C. Rojas (Ed.),
Hacia una nueva historia de la educación peruana (pp. 49-64). Editoria
Magisterial.
Elche, F. (2008). La lógica de las crisis políticas: los golpes de estado de 1968 y 1992
en Perú (Memoria Doctoral Universidad Complutense de Madrid.).
Repositorio Institucional de la UCM.
https://eprints.ucm.es/id/eprint/8543/1/T30380.pdf
Página 33
El Comercio. (3 de octubre de 2021). IPE: ¿Qué impacto produjo la reforma agraria
iniciada en el Perú hace medio siglo? El Comercio.
https://elcomercio.pe/economia/peru/ipe-que-impacto-produjo-la-reforma-
agraria-iniciada-en-el-peru-hace-medio-siglo-noticia/?ref=ecr
Velasco Alvarado, J. (2012). Mensaje a la nación en el primer aniversario de la
revolución 3 de octubre de 1968. En J. Fajardo (Transcrp.) Archivo de Juan
Velasco Alvarado.
https://www.marxists.org/espanol/velasco/1969/octubre/03.htm
Gálvez, S. (2021). Juan Velasco Alvarado – Idea de un Perú Libertario. Expresión
Militar, 2(85), 41-48.
Gómez de la Torre, A. y Medrano, A. (2017). Orígenes en el proceso de inteligencia en
el Perú. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 21, 104-120.
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/download/2940/2088?inline=1
Hildebrandt, C. (17 de junio de 2015). Entrevista a Juan Velazco Alvarado; Una
entrevista del periodista César Hildebrandt a Juan Velasco Alvarado, publicada
en la revista Caretas el 3 de febrero de 1977. Puma Indomable.
http://pumaindomable.blogspot.com/2015/06/entrevista-juan-velazco-
alvarado.html
Hildebrant, C. (3 de febrero1977). ¡Increíble, Velasco se nos confiesa! Caretas, 512.
Prieto, F. (1996) Regreso a la Democracia, Entrevista al General Francisco Morales
Bermúdez Cerruti, Presidente del Perú (1975-1980). Realidades.
Hobbes, T. (1984). Leviathán.
https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/leviathan.pdf
Hurgan en la Memoria. (30 de septiembre de 2021). [@hurgamemoriaPE]. Interesante
análisis comparativo de César Hildebrandt de los gobiernos de izquierda de
Velasco y de Pedro Castillo[vídeo].
https://twitter.com/hurgamemoriape/status/1443677844140404736
Hurtado, L. (2018). Velasco, retórica nacionalista y cultura militar en el Perú de la
Guerra Fría. En C., Aguirre, y P., Drinot (Ed.) La revolución peculiar.
Instituto de Estudios Peruanos.
Jiménez, F. (2001). Capítulo 7. El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias
sociales y perspectivas. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101003020549/8cap07.pdf
Página 34
Julca, E. (2017). Las medidas políticas del ‘Velascato’ y la (re) construcción de
identidad nacional. XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia.
Departamento de Historia. Facultad Humanidades. Universidad Nacional de
Mar del Plata. https://www.aacademica.org/000-019/162
Legion Kunter. (20 de enero de 2016). Cesar Hildebrant simpatizo con Juan Velasco
Alvarado. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=LrqzOJ1-9eg
López, F. (2017). El gobierno militar de Manuel A. Odría en Perú (1948-1956): un
vistazo diplomático. Centro de Investigaciones sobre América Latina y el
Caribe.
http://www.librosoa.unam.mx/bitstream/handle/123456789/415/Gobierno%20
Odri%CC%81a.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Malacalza, B. (2016). La Cooperación Sur-Sur y Triangular: ¿Subversión o adaptación
de la cooperación internacional? Bruno Ayllón. Estudios internacionales
(Santiago), 48(183), 199-205. https://dx.doi.org/10.5354/0719-
3769.2016.39886
Marutián, J. (2003). El gobierno del general Juan Velasco Alvarado, estudio de un caso
histórico de Cesarismo. Documento de Trabajo N°17.
http://csoc.usal.edu.ar/archivos/csoc/docs/idicso-sdti017.pdf
Masterson, D. (2001). Fuerza Armada y Sociedad en el Perú Moderno: Un estudio
sobre relaciones civiles militares 1930-2000. Instituto de Estudios Políticos y
Estratégicos.
Muena, J. (s.f.). Análisis comparativo de antecedentes, desarrollo y consecuencias entre
la Primera y Segunda Guerras Mundiales. [Tesis de Maestria, Universidad del
Bio-Bio]. Repositorio de la Universidad del Bío Bío.
http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1937/1/Muena_Cerda_Jos
e.pdf
Niño, L. (13 de mayo de 2018). Mayo del 68. France 24.
https://www.france24.com/es/20180507-francia-mayo-68-protesta-foto
Orrego Penagos, J. (2014). El Perú del siglo XXI. Fondo Editorial Pontificia
Universidad Católica del Perú.
Paredes, J. (2018). “La Brea y Pariñas”, una antigua y espinosa controversia en la
historia peruana. Runa Yachachiy, revista digital. http://www.alberdi.de/Brea-
Parinas-Paredes.pdf
Página 35
Pásara, L. (2019). Velasco, el fracaso de una revolución autoritaria. Fondo Editorial de
la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Pease, F. (s.f.). Gran Historia del Perú. El Comercio.
Rojas, R. (2021). Los años de Velasco (1968-1975). Instituto de Estudios Peruanos.
Lima.
Santora, M. (23 de agosto de 2018). Lo que nos enseñó la Primavera de Praga (y el
invierno de su represión). The New York Times.
https://www.nytimes.com/es/2018/08/23/espanol/primavera-praga-aniversario-
50-urss.html
Salgado, J. (2013). La Guerra Fría llega a América Latina: La IX Conferencia
Panamericana y el 9 de abril. Análisis Político, 79, 19-34.
http://www.scielo.org.co/pdf/anpol/v26n79/v26n79a02.pdf
Sánchez, J. (2003). Perú 28 de julio: discurso y acción política el día de fiestas patrias,
1969-1999. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Sosa, E. (2019). Perú: la reforma educativa durante el gobierno militar de Juan Velasco
Alvarado (1968-1975). Pacarina del Sur, 11(42).
http://pacarinadelsur.com/nuestra-america/amautas-y-horizontes/1836-peru-la-
reforma-educativa-durante-el-gobierno-militar-de-juan-velasco-alvarado-1968-
1975#:~:text=Resumen%3A%20Cinco%20meses%20despu%C3%A9s%20de,
Ley%20General%20de%20Educaci%C3%B3n%20n%C3%BAm.
Taype, J. (2018). Los sucesos de la madrugada del 3 de octubre de 1968. Expresión
Militar, 2(73), 48-49.
TV Perú. (21 de diciembre de 2016). Sucedió en el Perú - Juan Velasco Alvarado -
17/10/2016 [documental]. https://www.youtube.com/watch?v=0PQrxtQBuYM
Verba, S., Black, G., Brody, R., Ekman, P., Nie, N., Parker, E., Polsby, N., Rossi, P., y
Sheatsley, P. (2017). La opinión pública en los Estados Unidos de América
sobre la guerra de Vietnam. Revista mexicana de opinión pública, (22),
111-127. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-
49112017000100111&lng=es&tlng=es
Zimmermann, A. (s.f.). El Plan Inca, Objetivo: Revolución peruana. Diario oficial El
Peruano.
Página 36
EL USO DE DRONES PARA EL
MONITOREO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL
EN LOS CONFLICTOS SOCIALES: UNA
REVISIÓN DE LA LITERATURA EN LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS
THE USE OF DRONES FOR MONITORING POLICE
ACTION IN SOCIAL CONFLICTS: A REVIEW OF THE
LITERATURE IN THE LAST 5 YEARS
PP. 37-63
Carlos Alberto Reyes Valdivia
Policía Nacional del Perú
Correo: reyesvaldivia1304@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3888-4660
Oficial de la Policía Nacional del Perú, Licenciado en Administración en Ciencias
Policiales, Abogado, cursando Maestría con mención en Gestión Pública
Recibido: 28 Set 22
Aceptado: 10 Oct 22
Publicado: 17 Oct 22
Resumen
Los conflictos sociales propician efectos negativos en el bienestar del ciudadano o de la sociedad.
A modo de mitigar tal hecho, la tecnología resulta frecuentemente una aliada que permite
contrarrestar estos altercados inducidos o no por un grupo humano organizado. El uso de drones
permitiría, en tal sentido, garantizar la seguridad y convivencia ciudadana ante potenciales
conflictos sociales. Esto conlleva a plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo el uso del dron
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vulnera los derechos humanos en el monitoreo de las actuaciones policiales frente a los conflictos
sociales? Esta investigación con un enfoque cualitativo realiza una revisión sistemática de la
literatura de los últimos cinco años disponible en las bases de datos Scholar Google, Redib,
ScieELO y Latindex, con el objetivo general de determinar si el uso del dron vulnera los derechos
humanos en el monitoreo de las actuaciones policiales frente a los conflictos sociales, en el periodo
2017 a 2022. Como parte de los hallazgos, se observa un aumento en la publicación de artículos
indexados en los años 2017 a 2021. Adicionalmente, dentro de los artículos vinculados se considera
como criterios de exclusión a los artículos cuyo abordaje o temática estén asociados con el ámbito
técnico, bélico, deportivo, de entretenimiento o militar. Como conclusión, se determina que el uso
del dron en las actuaciones policiales en general no lesiona los derechos humanos; por el contrario,
esta herramienta protege los DD. HH. de todos los participantes en todo tipo de escenario, en
especial en los conflictos sociales. Así mismo, es preciso desarrollar un manual o protocolo para
minimizar los casos de violencia social, continuando con estudios que contemplen aspectos no
previstos en las actuales regulaciones en materia del dron.
Palabras clave: drones, tecnología, conflictos sociales, monitoreo aéreo no tripulado,
seguridad ciudadana.
Abstract
Social conflicts lead to negative effects against the well-being of the citizen or a society. By way
of reducing this fact, technology is frequently an ally that allows counteracting these altercations
induced or not by an organized human group. The use of drones would allow, in this sense, to
guarantee citizen security and coexistence in the face of possible social conflicts. This research
under a qualitative approach using a systematic review of the literature of the last five years, with
the general objective through the review to determine if the use of the drone violates Human Rights
in the monitoring of police actions against Social Conflicts. , in the period 2017 to 2022, within the
Scholar Google, Redib, ScieELO and Latindex databases. As part of the results, an increase in the
publication of indexed articles is observed in the years 2017 to 2021. In addition, within the linked
articles, articles whose approach or theme is associated with the technical, warlike field are
considered as exclusion criteria. , sports, entertainment, military. In conclusion, it is determined
that the use of the drone in police actions in general does not harm human rights, this tool protects
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the Human Rights of all participants in all types of scenarios, especially in social conflicts;
Likewise, it is necessary to develop a manual or protocol to minimize cases of social violence,
continuing with studies, which contemplate aspects not foreseen in the current regulations
regarding the drone.
Keywords: drones, technology, social conflicts, unmanned aerial monitoring, citizen
security.
Introducción
Las actuaciones policiales en los conflictos sociales son acciones que comprenden un
conjunto de procedimientos coordinados y garantizador para la protección de los derechos humanos
frente a la alteración del orden interno y público; es cuando el Estado garantiza el equilibrio de
todos los eventos que se dan en un país, en busca de mantener el orden interno (Zanabria, 2021).
Por lo tanto, la actuación policial, al cumplir un rol fundamental en esos escenarios, tiene
la necesidad de apoyarse de herramientas tecnológicas (Másmela et al., 2021). En este contexto, el
dron llega con el tiempo a cubrir diversas funciones en la vida diaria, logrando así su uso en el
monitoreo de las actuaciones policiales en los conflictos sociales (Nassi et al., 2021). Por ende,
dentro de estas necesidades, el rol del dron cumple una importante participación registrando todo
tipo de actos por parte de los ciudadanos y policías, con el único objetivo de garantizar la protección
de los derechos humanos de todos, demostrando así que la tecnología no solo simplifica procesos,
sino también garantiza que se realice un correcto proceso (Bueno, 2018).
En el mundo existe un auge de los conflictos que genera un quebrantamiento de la
convivencia en paz, y Perú no es la excepción (Banco Mundial, 2018). El conflicto social según el
Reporte N° 219 señala que al mes de mayo del 2022 existen 205 conflictos sociales de los cuales
151 están activos y 54 latentes. Los conflictos han obligado al Estado a tener que adoptar medidas
para un abordaje correcto, sin llegar al costo social (Defensoría del Pueblo, 2022). En este aspecto
el uso de la fuerza pública del Estado es ejecutada por la Policía Nacional del Perú. Al respecto, es
importante conocer lo que refiere la revista Aliados del Ojo Público (2022): en los últimos 20 años
de conflictos sociales, hasta el mes de abril del presente año, se han registrado 166 personas
fallecidas y 2,069 heridos entre manifestantes y policías. Esto nos conduce a la conclusión de que
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se necesita que la comunidad educativa e investigadora adopte medidas para buscar soluciones y
la posibilidad de diseminarlas.
El uso del dron como herramienta tecnológica permite monitorear las actuaciones policiales
al igual que todo el escenario que lo rodea, lo cual muestra una viabilidad para su uso (Kagunde et
al., 2020). Esto conlleva, a plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo el uso del dron vulnera los
derechos humanos en el monitoreo de las actuaciones policiales frente a los conflictos sociales?
Para esto fue necesario encontrar fuentes de otros países en los cuales el uso de esta tecnología ha
sido aplicado para una variedad de finalidades, en diferentes profesiones, en las que la contribución
del conocimiento sobre herramientas tecnológicas tenga una adecuada pesquisa (Fernández-
Sánchez et al., 2020). En esta investigación, se tiene como objetivo general a través de la revisión
de la literatura determinar si el uso del dron en el monitoreo de las actuaciones policiales frente a
los conflictos sociales vulnera los derechos humanos. La finalidad última es reforzar la motivación
en el uso de esta tecnología para enfrentar los conflictos sociales o protestas civiles. Bajo la
perspectiva de quien escribe, los drones deben ser algo con lo que la Policía Nacional del Perú
pueda contar en sus actuaciones. No obstante, para ello se debe estar plenamente convencido de la
función que cumple el dron y de esta forma se pueda deslindar cualquier acusación posterior de
actos irregulares o prohibidos, ya que esto que genera malestar en la población policial y afecta en
su rendimiento del día a día (Carrillo, 2018). En tanto que la justificación del presente trabajo es
contribuir con una revisión sistemática documental de las diversas investigaciones que plantean el
uso de drones para fines de seguridad pública en conflictos sociales; tanto en lo que respecta al
monitoreo de eventos beligerantes, como de confrontación civil y protestas sociales, así como la
búsqueda de formas de prevenir actos arbitrarios en la actuación policial y detectar actos en contra
de ellos con el uso de esta tecnología. Se podrá también lograr la mejor adaptación del ejercicio de
la profesión policial con base en la tecnología y el funcionamiento interno de los medios de ciber
vigilancia policial en bienestar de la población; lo que a su vez traerá consigo mayor entendimiento
del tema, interés de profundización y motivará la toma de decisiones de funciones y principales
actores sociales, que según ejemplos contrastables en otros países y escenarios, pueda replicarse
en beneficio de la sociedad. Es crucial por ello lograr la implementación de la tecnología en todos
los campos de la función policial, para así poder minimizar las cifras víctimas que se han presentado
e impactar por una correcta forma de actuar de los encargados de garantizar, mantener y
reestablecer el orden interno, la Policía Nacional de Perú.
Página 40
Marco Teórico
En la actualidad diferentes sociedades utilizan este tipo de tecnología para diferentes
propósitos (Valle-Cruz y Gil-García, 2022). El dron representa múltiples beneficios y posibilidades
de uso, como la grabación de buena cantidad de tipos de actos (Scribano, 2017). No obstante,
también trae consigo una masiva forma de amenazar los derechos de todas las personas (Sánchez
y Tapia, 2016). La cuestión ha despertado el interés de una gran variedad de trabajos de
investigación y en un gran sector de los profesionales de la seguridad (Másmela et al., 2021) con
mención especial en las actuaciones de la policía en los conflictos sociales donde se debe garantizar
la protección de los derechos humanos (Nassi et al, 2021).
Por definición, los conflictos sociales generan una gran cantidad de acciones que alteran el
orden interno, orden público, siendo situaciones en las cuales la fuerza pública de un Estado tiene
que intervenir según sus funciones y la normatividad establecida (Cepeda y Cifuentes, 2019),
desempeñando el rol fundamental de garantizar, mantener y reestablecer el orden en un estado de
derecho (Defensoría del Pueblo, 2021). La Policía Nacional del Perú (PNP), como institución
fundamental del estado peruano, tiene una misión constitucional la cual está plasmada en el art.
166 de la Constitución Política del Perú, asimismo, sus funciones se encuentran establecidas en el
Decreto Legislativo N°1267 (Ministerio del Interior [MININTER], 2019). Por lo tanto, un miembro
de esta institución es un garante de la seguridad y la convivencia en paz, protege los derechos
humanos, se organiza mediante diferentes unidades especializadas, las cuales se desarrollan en un
campo funcional que amerite su intervención, como lo son los conflictos sociales, apoyándose en
recursos propios de la policía los cuales son autorizados y proporcionados por el Estado peruano.
Asimismo, el uso de herramientas tecnológicas como los megáfonos, radios de comunicación y
vehículos terrestres (MININTER, 2018) se debe realizar con el respeto irrestricto de los derechos
humanos y teniendo una normativa coherente y legal en vigor (Decreto Legislativo N° 1186, 2015),
responsabilidad que asume en todo momento la PNP.
Página 41
Con el fin de contribuir con los objetivos que se establece esta noble institución, la PNP,
diversas instituciones policiales en el mundo han desarrollado procedimientos (Hathazy y Frederic,
2018) y estrategias apoyadas en la tecnología para generar innovaciones en la ejecución de sus
funciones y mejoramiento de las maniobras policiales (Dammert, 2019), contribuyendo así en la
legalidad de sus acciones y así mismo en la legitimidad de ellas en frente de la sociedad
(MININTER, 2016). Es en este contexto de desarrollo e innovación de técnicas para las acciones
y maniobras policiales en su intervención frente a los conflictos sociales que se desea integrar la
herramienta tecnológica del dron o aeronave pilotada a distancia, permitiendo así con el uso de
este dispositivo mayor participación, dirección y control efectivo en el desarrollo del cumplimiento
de las estrategias planteadas (Villalobos, 2020). Por otra parte, es fundamental registrar y
documentar la manera como se puede integrar esta herramienta tecnológica y conocer la amenaza
que puede ser frente a los derechos fundamentales de la persona (Téllez, 2018). Teniendo en cuenta
que si bien hay países en donde se ha dado la proliferación de aficionados a la par de la normativa
reguladora (Castells, 2019), también existen casos donde ante el amplio desarrollo de la tecnología,
se genera una brecha con la normatividad y con su regulación. De igual forma, es imperativo dejar
muy claro las consecuencias que puede tener el uso incorrecto de esta tecnología, tomando en
cuenta que nos encontramos en estado de derecho y en el cual una institución policial como la PNP
es el garante de estos derechos (Adeva, 2015).
En síntesis, el objetivo del presente artículo de revisión sistemática es analizar la
importancia del rol de los drones en el monitoreo de la actuación policial en los conflictos sociales,
teniendo el fin esencial y primordial de poder establecer sus ventajas y desventajas. Posteriormente,
y gracias a las conclusiones de la investigación previa, se recomendará la creación de una guía
procedimental de la participación de una mesa multisectorial para el monitoreo de la actuación
policial en los conflictos sociales, la cual tendría definida la participación de forma permanente de
todas las instituciones responsables de que un conflicto desde un inicio hasta su término no tenga
como consecuencia un costo social. Adicionalmente, con el artículo presente se busca generalizar
la implementación de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de la función policial, las
cuales le dan el apoyo de simplificación de procesos y servicios de alta calidad.
Página 42
Método
El objetivo del presente artículo es abordado desde un enfoque cualitativo; es decir, se
emplean técnicas y herramientas de investigación para comprender la realidad en un contexto
natural no determinista. Esto es, se pretende analizar los fenómenos sobre la base de un proceso
reflexivo propio del paradigma cualitativo o interpretativo. Por tal motivo, los resultados no buscan
explicar el uso de los drones en la seguridad ciudadana y monitoreo en los conflictos sociales desde
una perspectiva cuantitativa o numérica, sino analizar la relevancia de estos dispositivos en función
de lo publicado en la literatura existente, bajo las consideraciones que conlleva que sea una
herramienta tecnológica en constante desarrollo.
Figura 1
Estrategia de búsqueda de artículos
Búsqueda
Descartar
de palabra
resultados
Selección
Elegir
Resultados
de estudios
Comienzo
clave en
con base
palabra
de la
bases de
en los
principales
Fin
clave
búsqueda
datos
criterios
Por ello, es necesario emplear la revisión sistemática de la literatura, considerando el
proceso recomendado por diversos autores expertos en la materia. Con el afán de brindar una
revisión general del proceso, se toma como referencia las directrices sugeridas por Snyder (2019),
quien precisa la existencia de cuatro palabras para llevar a cabo el método propuesto: (1) diseño:
se analiza la contribución académica que aporta el método de revisión sistemática de literatura y la
necesidad de efectuarse. Asimismo, se detecta la población potencial, el objetivo general y las
preguntas que guiarán el estudio; (2) ejecución: en esta etapa se define un plan de búsqueda para
seleccionar los artículos tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión; (3) análisis: se
determina la relevancia de las publicaciones mediante el contenido del resumen, palabras clave y
demás elementos contemplados por el investigador; además, se define la información específica
que se necesitará para dar respuesta a las interrogantes del estudio; (4) redacción: finalmente con
Página 43
la información compilada, organizada y seleccionada se inicia el proceso reflexivo interpretativo,
con el objetivo de comunicar eficaz y formalmente los hallazgos al lector de esta investigación,
buscando de esta forma el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas u otros usos que se
pueden implementar o mejorar, ya que la tecnología se encuentra en un desarrollo constante y tiene
como fin universal el mejoramiento de procesos.
Tabla 1
Formulación de términos de búsqueda
Términos
Sufijos y palabras alternativas
Vehículos aéreos no tripulados,
Dron
aeronaves pilotadas a distancia, drones
Protesta civil, controversia social,
Conflicto social
enfrentamiento civil, altercado
ciudadano
Patrullaje aéreo, vigilancia, control,
Monitoreo
inspección, supervisión aérea
Regulación jurídica civil,
Normativa civil
responsabilidad civil, legislación para
ciudadanía
Protección civil, resguardo público,
Seguridad pública
seguridad ciudadana
En la Tabla 1, se presenta la formulación de términos de búsqueda, la cual identifica como
palabras clave los términos dron, conflicto social y monitoreo, siendo los aspectos centrales de
búsqueda en esta revisión sistemática de la literatura.
Tabla 2
Lista del proceso de selección con fuentes de información
Fuente
Filtro 1 Filtro 2 Filtro 3 Filtro 4 Filtro 5 Final
GOOGLE
30
6
4
3
2
2
Scholar
REDIB
45
15
12
11
8
8
Total
75
21
16
14
10
10
Página 44
En la Tabla 2 se observa la lista del proceso de selección con fuentes como Google Scholar,
el cual te permite ubicar de una manera eficiente documentos académicos de diferentes
organizaciones y REDIB, un buscador que permite al investigador tener acceso a todo tipo de
información de naturaleza científica, logrando una viabilidad en la producción de investigación y
acceso a estudios de diferentes partes del mundo.
Figura 2
Proceso de selección de búsqueda de artículos indexados
75
16
10
Búsqueda
Búsqueda
Búsqueda
Búsqueda
S
Bele
ús cc
qu ion
ed ad
a o
Seleccionado
automatizada
basada en el
basada en
basada en el
com
m o
an es
ualt udio
como estudio
basada en
título del
resumen y
artículo
Buscar en
Total,
cadenas de
trabajo.
criterio de
completo que
las bases
finalizado
búsqueda
Búsqueda
extracción de
finaliza el
de
s
secundaria
datos
estudio
primario
referencias
98
21
14
En la Figura 2, con relación al conjunto de pasos a seguir para la realización del método de
revisión sistemática de literatura, se empieza identificando las bases de datos indexadas donde se
encontrarán los artículos de interés, así como el uso estratégico del motor de búsqueda Google
Scholar como soporte. El criterio para seleccionar las bases de datos señaladas en la Tabla 2 fueron
establecidos según el impacto y la importancia que tienen en el ámbito social, legal y jurídico,
puesto que son diversos los autores y revistas indexadas que publican en este tipo de sitios. De
igual manera, cabe señalar que se utilizaron los siguientes criterios de inclusión: artículos
indexados vinculados con palabras clave: drones, conflicto social y protesta civil, publicados en
los últimos cinco años en idioma inglés, portugués y castellano; por el contrario, como criterios de
exclusión: primero, artículos cuyo abordaje o temática estén asociadas con el ámbito técnico,
bélico, deportivo, de entretenimiento o militar; y segundo, se descartó literatura gris. Con relación
Página 45
a la búsqueda en idioma extranjero se emplearon términos, tales como: drones, vehículos aéreos
no tripulados, protesta civil, conflicto social, utilizando operadores booleanos and/or/and not, que
posibilitan la identificación de artículos de interés para cumplir con lo pretendido en estas
investigaciones.
Resultados
A continuación, en la Tabla 3, se presentan los hallazgos de la primera pesquisa en las bases
de datos previamente mencionadas con el uso de la ecuación de búsqueda y los resultados
preliminares obtenidos.
Tabla 3
Resultados de la ecuación de búsqueda en bases de datos
Base de datos
Ecuación
Resultado
Selección
Title-abs-key (Drones
REDIB, Google
and
Scholar, Scielo,
75
10
Civil Protest and
Latindex
Monitoring)
Como se muestra, se realizó una búsqueda profunda que arrojó un total de 75 artículos,
número no muy grande en vista de que el uso de la tecnología como el dron en la función policial
no es muy recurrente, además de que las ciencias policiales tienen una línea de investigación poco
amplia. Posterior a esta primera selección, se excluyeron artículos según los ya mencionados
criterios propios.
Página 46
Figura 3
Evolución del número de publicaciones asociadas con temática de drones
Por otro lado, se registró la evolución del número de publicaciones en Redib y Google
Scholar asociadas con la temática de drones (Figura 3) en donde se encontró un notorio interés de
la comunidad científica, puesto que se observa un crecimiento constante hasta el año 2021 y una
leve baja en el año presente, aunque debe tomarse en cuenta que solo han sucedido seis meses a
todo lo acontecido en la pandemia.
Realizar una revisión sistemática de la literatura consolida y condensa una investigación
relevante (García-Peñalvo, 2021) convirtiéndola en el inicio del camino para desarrollar un tema
novedoso como la utilización de los drones para el monitoreo de las actuaciones policiales en los
conflictos sociales. Se tiene que tomar en cuenta que al realizar una pesquisa para una revisión
sistemática de literatura se encuentra que existen muchos artículos que generan nuevos
conocimientos en torno a la temática (Cañón-Montañez, y Rodríguez-Acelas, 2021); de modo que
esta investigación es también el principio que servirá como motivación a nuevas proposiciones
para implementar el uso de tecnología en una buena cantidad de profesiones, en especial las
abocadas a la seguridad pública o servicio policial. Esta investigación promueve entre
investigadores, docentes, instructores y estudiantes, de todas las especialidades, áreas, disciplinas,
etc., la implementación y diseño de estrategias (Barragan et al., 2020).
Página 47
Tabla 4
Resumen de artículos sobre drones para monitoreo de conflictos sociales
Título
Año
Enlace de acceso
La extensión de la
videovigilancia en el
2019
https://bit.ly/3R3JGgv
territorio bonaerense
Drones y seguridad
2019
https://bit.ly/3AtxjV
Pública
Drones Recreativos
normativa aplicable,
2019
https://bit.ly/3K88VeD
responsabilidad civil y
protección de datos
The citizen drone: protest,
sousveillance and
2020
https://bit.ly/3Cj3SGm
droneviewing
Drones for parcel and
passenger transport: A
2020
https://bit.ly/3pwSvmq
qualitative exploration of
public acceptance
Drones de guerra
preocupaciones jurídicas y
2021
https://bit.ly/3wn5BGS
bioéticas
Drones y protección de
2021
https://bit.ly/3dQB8Kz
datos
Inspección inteligente de
líneas de alta tensión con
2021
https://bit.ly/3CmvcDx
drones
El uso de los drones en el
2021
https://bit.ly/3R79Rm
ámbito profesional: el uso
Página 48
de los drones en el ámbito
profesional.
Drones en el Ecuador:
aproximación a una
2022
https://bit.ly/3TbQsla
regulación jurídica
ineludible
Discusión
El hallazgo principal del estudio evidencia que un dron es una herramienta tecnológica que
simplifica procesos (Callegari y Goberna, 2015) mediante un correcto uso y aplicación en los
conflictos sociales (Umpiri, 2020). El dron representa una forma de hacer que no solo la fuerza
pública de un Estado tenga la gran responsabilidad de asumir las consecuencias de las tomas de
decisiones en los conflictos sociales, que en su mayoría de casos termina con un gran costo social
(pérdida de vidas por ambas partes que participan (León, 2019)); esta tecnología podría contribuir
con grabaciones que posteriormente formen parte de la evidencia electrónica (Martínez et al., 2019)
para un proceso legal. Con un uso correcto de drones y con la participación permanente de todas
las entidades en las tomas de decisiones, se tendrá un reconocimiento mucho más agudo de la
actuación policial para precisar si la actuación es adecuada frente a estos escenarios (Díaz y
Centeno, 2021). Sin embargo, un punto que es necesario tocar es si el dron vulnera los derechos
humanos de las personas al estar en todo momento realizando una grabación o un posible
seguimiento de actos, que los ciudadanos o manifestantes puedan interpretar como un seguimiento
personal, en contra de sus derechos fundamentales (Medina et al., 2017). Si fuera así el caso,
supondría un gran reto al derecho internacional, ya que por un lado el propósito del uso de
tecnologías es salvaguardar la vida de todos los actores, y ahí no solo nos referimos a los
funcionarios públicos que participan, sino periodistas, ciudadanos, etcétera (Baldovino y Reyes,
2017). Por tal motivo, de manera paralela se buscará sopesar si el dron afecta los derechos humanos
en los conflictos sociales y de la forma en que lo haría.
Página 49
En Argentina encontramos un precedente de la utilización de esta tecnología como una
nueva forma de vigilancia por parte del Estado y como estrategia para contrarrestar todo tipo de
acciones que vayan en contra de la convivencia en paz, logrando una diseminación de esta
estrategia en todos los niveles de gobierno del país (Lio, 2019); asimismo, se resalta que el uso de
la tecnología generó una legitimidad en la formación e implementación de estrategias. En tal
sentido, de acuerdo con el caso argentino, las políticas de seguridad tendrían que estar adecuadas
en torno a dispositivos de vigilancia (Altamirano y Bayona, 2017), los cuales son una forma de
conjurar el delito en medio de nuevas tecnologías (García, 2020).
En esta misma línea de análisis, el dron proporciona un bienestar relativo para todas las
personas y las necesidades de su entorno (Castro, 2020). Sin embargo, en cuanto a normatividad,
aún las autoridades no han generado un instrumento legal que contemple las diferentes formas en
las que se pueden usar el dron (Aguilera, 2019), cuestión importante si se toma en cuenta que el
uso incorrecto se puede convertir en un peligro para la sociedad (Pinilla, 2020). Además, a la par
del continuo desarrollo de esta tecnología, se está viendo la creciente utilización del dron en
diferentes profesiones lo que también representa implicaciones legales (Kellerman, 2020); por
ejemplo, en el periodismo cuando se utiliza para grabar, en ocasiones también se puede ver afectado
el derecho a la intimidad. De lo anterior se colige la necesidad de una normatividad que regule los
usos permitidos y sancionados de los drones (Gonzales y Zamora, 2019).
Por otra parte, en el aspecto de controversia en el empleo de artefactos tecnológicos, se
tiene la máxima de que estos no deben ocasionar daño al ser humano. Oliveros (2021) señala que
en la actualidad existe una problemática en el uso de tecnologías en cualquier tipo de contexto
(López y López, 2021). El uso de drones, por ejemplo, al ser una herramienta de una eficacia muy
elevada, se puede dirigir para hechos ilícitos. Por lo tanto, desde una perspectiva jurídica, señala
que no hay prudencia en la normativa que regula la fabricación, venta y el uso de estas herramientas
tecnológicas. Bajo esta luz es pertinente preguntarse ¿son lícitas estas tecnologías?, ¿garantizan el
cuidado de la población civil?, ¿cómo se maneja la responsabilidad en caso de vulnerar la ley? Si
se tiene una normatividad que permite en todo espacio la utilización de un dron, en qué situaciones
se vulnerarían los derechos de las personas. En esta misma línea, Oliveros (2021) encuentra que
existen diferentes usos del dron, y expone en su investigación los casos de países con normatividad
a la vanguardia en la materia: en Australia el dron tiene como función principal la mensajería, en
Ghana está orientado su uso para los servicios sociales, en China se utiliza para la asistencia a la
Página 50
salud, en Estados Unidos en la actividad militar, y en España en materia de seguridad ciudadana.
Es así que el desarrollo de la tecnología nos obliga a formular nuevos criterios sobre el correcto
uso del dron y de esta manera aprovechar al máximo el uso de drones (Torres et al., 2017).
Con respecto a la diseminación constatada del uso del dron, (Agencia española de
protección de datos, 2021) se toma en cuenta la temática de la generalización del uso de esta
tecnología y el crecimiento exponencial, encontrando que el uso incorrecto puede conllevar a un
impacto en el derecho de las personas ocasionando algunas lesiones a las libertades (Aillapan,
2019). En este sentido, se señala que toda información de una persona o un grupo de personas
identificadas o identificables por los operadores o pilotos de los drones, debe estar sujeta a todo
tipo de normativa local (Castañeda, 2017). Ante lo cual se aclara que muchas veces la protección
de datos no tiene ponderación alguna (Tenorio, 2018). Es de conocimiento que la utilización de
esta herramienta tecnológica implica, como finalidad, en muchas ocasiones, la grabación y la
vigilancia (Solórzano ,2020); en este caso, cuando no se obliga legalmente el tratamiento de datos
personales, se estaría concurriendo en una lesión a la intimidad de las personas (Martínez, 2021).
En cuanto a la utilidad, según Meza et al. (2021) un dron o aeronave no tripulada, se puede
utilizar para la recolección de información sin ningún tipo de mecanismo alterno, no siendo
dependiente de otro objeto para su utilización. Hace mención que utilizando un dron con una
cámara de alta gama se puede extraer o recolectar información de alto nivel con el mínimo riesgo.
De ahí la importancia de esta investigación; es decir, el análisis de su utilización, ya que constituye
el punto de partida para las diferentes enfoques y conclusiones sobre la polémica.
Bajo la misma perspectiva, Bonilla et al., (2021) hace mención de que la tecnología está en
una constante evolución (Palacios et al.,2020), lo que ha conllevado a que estas herramientas
tecnológicas sean parte de nuestra vida en el día a día, ya que nos presenta soluciones innovadoras
(León y Palma, 2017). Una de estas tecnologías es, por supuesto, el empleo de los drones, con la
variedad de funciones que puede cumplir siendo de gran utilidad en escenarios como una
emergencia o situación que amerite tener una visión completa en todo momento y a una gran
distancia. Esta investigación concluye que el dron es la suma de la robótica y la aeronáutica.
Página 51
En este aspecto, con la relación jurídica, Gutiérrez et al. (2022) tuvo como objetivo
establecer todo el marco jurídico y la implicancia alcanzada en el ámbito de la inteligencia artificial
que desarrollan los drones como herramientas tecnológicas, mencionando como punto esencial el
respeto de los derechos humanos (Medellín, 2019). Así pues, esta tecnología es operada por un
hombre que cumple la función de operador o piloto, y en la que el Estado hace presencia siendo
garante de la seguridad jurídica de forma imperante. Por lo tanto, señala que el progreso
tecnológico y las diferentes necesidades de una sociedad, trae consigo nuevos retos normativos no
solo en un país, sino en el mundo, determinando así que la utilización de los drones o herramientas
tecnológicas necesita y exige normas referentes a su adquisición, venta y uso.
Tabla 5
Uso de drones para monitoreo en conflictos sociales
Autores,
Título
Temática
Objetivo
Resultados
país y año
El marco normativo ecuatoriano
ha mostrado un avance
significativo acerca de la
regulación en cuanto al uso de
1.
Establecer cuáles son las
drones, así mismo las nuevas
Drones en el
Gutiérrez, J.,
regulaciones jurídicas y sus
tecnologías deben regularse y
Ecuador:
Quishpe, K.,
implicaciones que en el ámbito
utilizarse conforme a ley para
Aproximación
Jurídico y
Tipantuña,
de la inteligencia artificial
proteger la privacidad y la
a una
social
S.
presentan los drones como
intimidad de todos los seres
regulación
Ecuador,
instrumentos tecnológicos que
humanos reconocidos
jurídica
2022.
se encuentran en constante
constitucionalmente e
ineludible
desarrollo dentro del Ecuador
internacionalmente, por lo
tanto, se debe garantizar un
ambiente de seguridad para la
sociedad.
Página 52
Pese a las dificultades
hermenéuticas que comporta
estudiar el problema desde la
mirada de los principios
bioéticos, es necesario formular
Identificar los puntos de tensión
nuevos criterios que comporten
2.
que presenta el uso de drones
un uso adecuado de esta
Drones de
Oliveros
en actividades militares y/o
tecnología y con ello evitar
guerra:
Jurídica y
Haya, C.
bélicas, desde el enfoque del
eventos catastróficos en procura
Preocupaciones
bioética
Colombia,
derecho internacional, en
de dignificar la condición
jurídicas y
2021.
consonancia con la perspectiva
humana sobre las pretensiones
bioéticas
bioética.
bélicas, a efecto de cumplir con
mayor rigor el alcance de la
cortesía, la cooperación y la
reciprocidad, en tantas bases del
derecho internacional.
3.
Bonilla, M.,
El uso de los
Maldonado,
Los Drones ofrecen muchas
drones en el
K.,
ventajas en sectores de la vida
ámbito
Zambrano,
Es analizar los distintos usos de
profesional de las personas, así
Jurídico y
profesional: el
S. y
los drones en el ámbito
mismo favorecen a minimizar
social
uso de los
Cevallos,
profesional.
todos tipo de costo y riesgos
drones en el
W.
para las personas que los
ámbito
Ecuador,
operan.
profesional
2021.
Meza Mora,
4.
J., Gómez
El Dron genera seguridad,
Inspección
Astúa, A. y
Inspeccionar las áreas de interés
minimiza riesgos, tiempo. Su
inteligente de
Social
Prado Mora,
para las líneas de transmisión
uso es de manera práctica y
líneas de alta
A.
mediante dron
tiene acceso a lugares con
tensión con
Costa Rica,
difícil estructura.
drones
2021.
Página 53
La evolución tecnológica
Agencia
Hacer de conocimiento las
concreta la actualización de los
5.
española
actividades del dron y la
derechos. La aceptación de esta
Drones,
protección
Jurídico
verificación de la
nueva tecnología en la vida
protección de
de datos.
desactualización de la
cotidiana, genera una
datos
Portugal,
legislación nacional.
salvaguarda de los derechos de
2021.
todos.
El dron permite a la persona
6.
Zuev, D. y
que lo dirige, tener la capacidad
The citizen
El dron permite al usuario tener
Bratchford,
de poder observar eventos, sin
drone: protest,
una visibilidad de escenarios,
Social
G.
estar presente físicamente que
sousveillance
no estando presente físicamente
EE. UU.
se realizan; así mismo, poder
and drone
en el lugar.
2020.
tener un registro posterior de
viewing
ellas
7.
El transporte de personas va
Drones para
tener un cambio total con el
transporte de
tiempo, asimismo la forma de
Kellermann,
paquetes y
vida de la sociedad, a través de
R. y Fischer,
Actitudes y aceptaciones acerca
pasajeros: una
la exploración de la nueva
Sociología
L.
de los drones en diferentes
exploración
tecnología, se tiene que
España,
procesos logísticos.
cualitativa de la
establecer mecanismo de
2020.
aceptación
control para evitar
pública
vulneraciones y tragedias
posteriores.
8.
Drones
La estructura del marco legal
recreativos
Demostrar que el desarrollo de
resulta insuficiente en la
Normativa
Castells.
la tecnología, como el dron,
Jurídico y
actualidad y el panorama exige
aplicable,
España,
tiene un crecimiento que no va
Social.
una implicación total en crear
responsabilidad
2019.
en paralelo con su
legislación que controle estos
civil y
normatividad.
escenarios.
protección de
datos
Jurídico y
Revisa el surgimiento y la
La vigilancia mediante
9.
Lio, V.
Social
extensión de la videovigilancia
artefactos electrónicos, se
Página 54
La extensión de
Argentina,
gubernamental del espacio
vuelven necesarios y a la vez de
la
2019.
público en la Provincia de
una solución para la demanda
videovigilancia
Buenos Aires, poniendo el eje
de seguridad para toda la
en el territorio
en las políticas nacionales y
sociedad. El uso de la
bonaerense
provinciales que posibilitaron la
tecnología se vuelve parte de la
diseminación de las cámaras de
estructura de las políticas
seguridad en el territorio
públicas.
bonaerense.
El dron es un aparato
beneficioso para la sociedad,
10.
Gonzales, F.
Que los controles para el uso
fruto de la tecnología el cual
Drones y
Jurídico y
y Zamora, I.
del dron funcionen ya que con
llegará a mejorar una buena
seguridad
Seguridad.
España,
el tiempo va ocupar una buena
cantidad de actividades, para
pública
2019.
cantidad de funciones.
ello hay que dotar a las
autoridades de normatividad
para su control.
Conclusiones
En el Perú existen pocas investigaciones relacionadas con la temática de conflictos sociales
y existe incertidumbre sobre el empleo formal del dron, con una guía de procedimiento que
establezca de inicio a fin el uso correcto en estos escenarios.
En América no se encuentra desarrollada totalmente la normativa del uso de dron, lo que
genera una brecha entre la normativa y su creciente implementación en la sociedad; por lo tanto,
trae como consecuencia, un escaso número de artículos sobre el tema.
Debemos reconocer que los países de Canadá y Estados Unidos están a la vanguardia en
legislación del uso de la tecnología y la protección de los derechos fundamentales de las personas,
motivo por el cual estos países tienen en la actualidad una extensa bibliografía sobre el uso de la
tecnología. Por lo anterior, se encuentran oportunidades en la investigación del uso del dron en las
actuaciones policiales y en diferentes escenarios, con una relevante importancia en los conflictos
sociales, ya que mediante su función principal cautela la lesión de derechos y así mismo registra la
vulneración de estos, en caso de que los haya. En este aspecto, según lo observado en la revisión
Página 55
de la literatura, se requieren protocolos validados por todas las instancias que participan en estos
escenarios sobre uso de la tecnología. Así mismo, mantener la participación en todo momento de
todas las instancias involucradas para no excluir de responsabilidad, siendo el trabajo en los
conflictos sociales colaborativo y multisectorial.
En este sentido, se debe generar un conocimiento real de las ventajas legales que puede
proporcionar la tecnología a todas las profesiones, en especial, en esta investigación, a la función
policial que en este tipo de escenarios hace uso de la fuerza bajo los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, en estos cinco últimos años, se ha visto un aumento
de investigaciones sobre el uso de la tecnología como política de simplificación de procesos y para
minimizar riesgos. Por lo antes señalado, se espera que esta pesquisa sirva como aliento a todo el
mundo académico, con el objetivo de proporcionar información sectorizada a la función pública de
una institución que tiene como función principal garantizar, mantener y reestablecer el orden
interno y público. Es así que en futuros escenarios se podrá aplicar lo que proponemos a
continuación.
Tanto el uso del dron exige que se establezca una guía procedimiento, a la cual llamamos
Guía procedimental del uso del dron por parte de la PNP en los conflictos sociales. Cuando se
tiene conocimiento de que el personal policial va tener que hacer uso de la fuerza, se forman
escuadras (personal policial agrupado para la aplicación de formaciones), así mismo, se da
cumplimiento a los niveles de la fuerza, según el Decreto Legislativo N°1186. Dentro de este
escenario en todo el proceso de atención policial, se debería establecer una mesa de participación
con representantes de las diferentes entidades que tienen responsabilidad funcional y que deban
participar; es el caso de la Defensoría del Pueblo del Perú, Ministerio Público Prevención del
Delito, representación del Congreso de la República, representante del Gobierno Local,
representante de la procuraduría del Ministerio de Interior y PNP, representante de la Presidencia
del Consejo de Ministros y, por último pero no menos importante, el representante de Inspectoría
de la PNP. Todas estas instituciones participarían de forma permanente desde el inicio hasta el
posterior término del conflicto social; así, el dron no solo sería un transmisor, sino también
proporcionaría una evidencia en caso de que ocurra algún hecho que amerite una investigación, ya
que se procedería a sacar el dispositivo que ha registrado todo el evento, con la participación y
presencia de toda la mesa multisectorial y así no se vería que todas estas instituciones se activan
posterior a los conflictos, tomando medidas reactivas a la presión social. Con esto, se detectaría si
Página 56
existe o no lesiones a los derechos fundamentales por parte de las fuerzas encargadas del orden o
de los manifestantes.
Para concluir, el uso del dron con una guía procedimental, es un refuerzo positivo para todos
los participantes, ya que sería observado por una mesa multisectorial; por lo tanto, el uso del dron
no afecta los derechos humanos de las personas porque no busca vigilar a determinadas personas,
sino recopilar información sobre acciones que vulneran los derechos de los manifestantes, los
policías o la propiedad pública y privada. Sería un registro muy determinante que agilizaría todo
tipo de procedimiento para el esclarecimiento de algún hecho que pueda ocurrir. Permitiría a las
autoridades no excluirse de su responsabilidad desde un inicio de manera efectiva, ya que sería
público.
Sin embargo, no nos cerramos a la idea de que puedan aparecer nuevas investigaciones con
soluciones de mayor calidad que genere una satisfacción para los investigadores. Desde una
perspectiva metodológica, la presente investigación examinó el rol del dron sus limitaciones y
efectos en el monitoreo de la actuación policial en un escenario especifico observando. Con lo
anterior, se ha podido determinar que el uso del dron como herramienta policial lleva un desarrollo
pausado, lo que genera dudas respecto a si vulnera derechos en la actuación policial en los
conflictos sociales.
Por tal motivo, es primordial incentivar a que la población académica investigue sobre estas
temáticas, y que dichas investigaciones conlleven a actos formales por un bien común y así poder
ayudar a las instituciones públicas a que ofrezcan un servicio de alta calidad, respetando los
derechos humanos.
Página 57
Referencias
Adeva, R. (2015). Ya son realidad los primeros drones policía armados que vigilarán las calles.
https://bit.ly/3Am91Lc
Agencia Española de Protección de Datos (2021). Drones y Protección de datos. AEPD.
https://bit.ly/3T9lz0P
Aguilera, R. P. (2019) El uso del dron y la vulneración al derecho a la privacidad. Universidad
siglo 21. https://bit.ly/3PInYwo
Aillapan Quinteros, J. E. (2019). Hacia una revisión del derecho a la propia imagen y de su
construcción en cuanto derecho fundamental. Revista De Derecho Aplicado LLM UC, (3).
https://doi.org/10.7764/rda.0.3.1205
Aliados Ojo Público. (2022). Duelo e indiferencia contradicciones en el recuento de las víctimas
de
las
últimas
protestas.
Aliados
Ojo
Público.
https://ojo-
publico.com/3436/contradicciones-en-el-recuento-de-victimas-de-las-ultimas-protestas.
https://bit.ly/3dNiTWu
Altamirano Yupanqui, J. R. y Bayona Oré, S. (2017). Políticas de Seguridad de la Información:
Revisión Sistemática de las Teorías que Explican su Cumplimiento. RISTI. DOI:
10.17013/risti.25.112-134
Nassi, B., Bitton, R., Masuoka, R., Shabtai, A. y Elovici, Y. (2021) SoK: Security and Privacy in
the Age of Commercial Drones. Symposium on Security and Privacy, 1434-1451. DOI:
10.1109/SP40001.2021.00005
Baldovino Cueto, F. M., y Reyes Castellar, N. J. (2017). Estrategias de resolución de conflictos en
el aula para el reconocimiento de los derechos humanos (DD. HH.) en el marco de la
enseñanza de las ciencias Sociales y competencias ciudadanas en estudiantes de quinto
grado de primaria de instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla. Universidad del
Norte Maestría en Educación. https://bit.ly/3R41dUQ
Página 58
Barragán, C. J., y Gonzales R. I. (2020). El papel o importancia de la investigación educativa.
Revista DAENA. https://bit.ly/3TbBCLu
Bonilla Yoza, M. M., Maldonado Zuñiga, K., Zambrano Zambrano, S. M., y Cevallos Pionce, W.
R. (2021). El uso de los drones en el ámbito profesional: el uso de los drones en el ámbito
profesional. UNESUM-Ciencias. Revista Científica Multidisciplinaria 5(4), 75-82.
https://bit.ly/3wpeKyB
Bueno da Mata, F. (2018). La utilización de drones como diligencia de investigación tecnológica:
consecuencias probatorias. La Ley Digital, N°(16). https://bit.ly/3PC0p8N
Callegari, A., y Goberna, A. (2015). El doble filo de los drones: regulación y resguardo de la
privacidad en Argentina.15º Simposio Argentino de Informática y Derecho.
https://bit.ly/3wp7nap
Cañón-Montañez, W., y Rodríguez-Acelas, A. L. (2021). Contribuciones de las revisiones
sistemáticas y los metanálisis en la educación, la investigación y la práctica de la
Enfermería. Aquichan . DOI: https://doi.org/10.5294/aqui.2021.21.4.3
Cañón-Montañez, W., y Rodríguez-Acelas, A. L. (2021). Contribuciones de las revisiones
sistemáticas y los metaanálisis en la educación, la investigación y la práctica de la
Enfermería. Aquichan, 21(4), e2143. https://doi.org/10.5294/aqui.2021.21.4.3
Carrillo Peña, G. A. (2018) Sobrevolando la seguridad ciudadana con la nueva tecnología Dron
en
Bogotá.
[Tesis
para
Grado,
Universidad
Militar
Nueva
Granada].
http://hdl.handle.net/10654/20397
Castrlls, M. (2019). Drones recreativos norma aplicable, responsabilidad civil y protección de
datos. Revista de derecho civil. https://bit.ly/2H0lyIo
Castro Nieto, A. (2020) drones: cómo funciona, sus ventajas y aplicaciones en la industria. inictel-
uni. https://bit.ly/3dDuozG
Cepeda Duarte, J.P. y Cifuentes Martínez, W.E. (2019). Sistema de Gestión de Calidad en el Sector
Público. Una revisión literaria. PODIUM. https://doi.org/10.31095/podium.2019.36.3
Página 59
Dammert, L. (2019). ¿Reformar sin gobernar? Desafíos institucionales de las policías en América
Latina. Revista del Instituto ciencias jurídicas de Puebla, 13(44) 89-120.
https://bit.ly/3dO5j5p
Decreto Legislativo 1186 [Ministerio del Interior {, Regula la fuerza por parte de la Policía
Nacional del Perú. 15 de agosto del 2015. https://bit.ly/2OLI61c
Decreto Legislativo 1267 de 2016. Ley de la Policía Nacional del Perú. 16 diciembre del 2016.
https://bit.ly/2X1QwpE
Defensoría del Pueblo (2021). Conflictos sociales y cumplimientos de acuerdos. Serie Informes
Defensoriales N.° 187-2021-DP. https://bit.ly/3PI99tR.
Defensoría del Pueblo (2022). Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la
Gobernabilidad Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 219– mayo 2022. Editorial
Defensoría del Pueblo. https://bit.ly/3PANQdG
Díaz Díaz, E. y Centeno Rosales, M. M. (2021). Incorporación del costeo en los planes de
operaciones de control del orden público durante los conflictos sociales [Trabajo de
investigación para optar el grado académico de magíster en gobierno y políticas públicas,
Pontificia Universidad Católica del Perú]. https://bit.ly/3KeznmT
Fernández-Sánchez, H. (2020). Revisiones Sistemáticas Exploratorias como metodología para la
síntesis
del
conocimiento
científico.
Enfermería
Universitaria,
17(1).
https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.1.697
García Pulpeiro, D. (2020). Sistema de gestión de un dron en misiones de vigilancia y
reconocimiento [Trabajo fin de grado, Enxeñaría informática]. https://bit.ly/3KkEWjG
García-Peñalvo, F. J. (2021). Revisiones sistemáticas y metaanálisis en Ciencias Sociales y
Humanidades.
Sociedad
Científica
de
Bibliometría
y
Cienciometría.
https://bit.ly/2Ru5mZk.
González Botija, F. y Zamora Santa, B. (2019). Drones y Seguridad públicas. Cuadernos de
Gobierno y Administración Pública. http://dx.doi.org/10.5209/CGAP.64618
Página 60
Gutiérrez Proenza, J., Quishpe Lugmaña, K. S., y Tipantuña Tenelema, S. F. (2022). Drones en el
Ecuador: aproximación a una regulación jurídica ineludible. Revista Jurídica Crítica Y
Derecho, 3(4) 68-79. https://doi.org/10.29166/cyd.v3i4.3536
Hathazy, P. y Frederic, S. (2018). Trabajo Policial y política en Argentina: Perspectivas y
contribuciones
de
las
ciencias
sociales.
Trabajo
y
sociedad,
31.
http://www.scielo.org.ar/pdf/tys/n31/1514-6871-tys-31-5.pdf
Kagunde, V., Jamisola Jr., R. S. y Theophilus, E. K. (2021). A review on drones controlled in real-
time. International Journal of Dynamics and Control. https://doi.org/10.1007/s40435-020-
00737-5
Kellerman, R., y Fischer, L. (2020). Drones for parcel and passenger transport: A qualitative
exploration of public acceptance. Ed. UVa. https://bit.ly/3PBqlkQ
León García, O. A., Palma Hernández, E. N. (2017). Aplicación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y la Comunicación en los procesos de innovación
empresarial. UDI. DOI: https://doi.org/10.33304/revinv.v11n1-2018012
Leon Mendoza, J. C. (2019). Determinantes económicos y sociopolíticos socioambientales en el
Perú. Revista de Investigaciones Altoandinas. http://dx.doi.org/10.18271/ria.2019.456
Lio, V. (2019). La extensión de la videovigilancia en el territorio bonaerense. Geograficando,
15(1). https://bit.ly/3dD8rRg
Lopez, L., y Lopez, J. (2021). Revisión bibliográfica acerca de indicadores de consumo
problemático de tecnologías de la información y comunicación en adolescentes. XIII
Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVIII
Jornadas de Investigación. XVII Encuentro de Investigadores en Psicología del
MERCOSUR. III Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. III Encuentro de
Musicoterapia.
Facultad
de
Psicología
-
Universidad
de
Buenos
Aires.
https://bit.ly/3wqYm0n
Manual de derechos humanos. Resolución Ministerial Nº 952-2018-IN. 13 de agosto de 2018
(Perú). https://bit.ly/3R4OYau
Página 61
Martínez Ayuso, M. A. (2021). Drones: limitaciones de vuelo y tratamiento de datos personales.
Revista técnica especializada en administración local y justicia municipal, 8, 60-75.
https://bit.ly/3cfN20i
Martínez Ramírez, D. A., Martínez Gonzales, R. y Higuera Castro, G. A. (2019). Digital evidence
focused
on
solid
state
drives
(SSD):
a
review.
Vision
electronica.
https://doi.org/10.14483/issn.2248-4728
Másmela Olivar, R., Jiménez Rodríguez, E. A., y Rozo Moreno, P. A. (2021). Herramientas
digitales para la seguridad y salud en el trabajo: revisión sistemática. Publicaciones E
Investigación, 15(4). https://doi.org/10.22490/25394088.5601
Medellín Urquiaga, X. (2019). Principio pro-persona: una revisión crítica desde el derecho
internacional de los derechos humanos. Estudios Constitucionales. https://bit.ly/3c80m73
Medina Cuenca, A., Molina González, M. R. y Castro Gutiérrez, A. F. (2017). Elementos para la
revisión crítica de la relación entre el derecho penal y la vigencia de los derechos
fundamentales en una sociedad posmoderna. IUSTITIA. https://bit.ly/3T4bsdT
Meza-Mora, J. A., Gómez-Astúa, A., y Prado-Mora, A. (2021). Inspección inteligente de líneas de
alta
tensión
con
drones.
Revista
Tecnología
En
Marcha,
34(7),
62-69.
https://doi.org/10.18845/tm.v34i7.6014
Ministerio del Interior. (2019). Dirección de prevención y Gestión de conflictos sociales [Archivo
PDF]. https://bit.ly/3QNzYhF
Oliveros-Aya, C. (2021). Drones de guerra: preocupaciones jurídicas y bioéticas. Janus.net, e-
journal of international relations, 12(2). https://doi.org/10.26619/1647- 7251.12.2.2
Palacios Díaz, R., y Escudero-Nahón, A. (2020). La formación de investigadores con tecnologías
digitales: una revisión sistemática de la literatura especializada. Research in Education and
Learning
Innovation
Archives,
24,
23-38.
10.7203/realia.24.16617.
DOI:
10.7203/realia.24.16617
Pinilla Sardón, L. (2020) Nuevas tecnologías, era digital y salud mental. Comillas Universidad
Científica. https://bit.ly/3dNrA34
Página 62
Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines.
Journal of Businnes Research, 104, 33-339. https://bit.ly/3c98nZn
Solórzano Bákit, M. C., Porras Bolaños, E., Jiménez Jiménez, J., y Méndez Flores, M. (2020).
Drones y tecnología como elementos claves en la gestión de procesos constructivos: una
revisión de literatura. Technology Inside by CPIC, 6, 1-15. https://bit.ly/3KeOKLZ
Téllez Carvajal, E. (2018). Tecnologías, seguridad informática y derechos humanos. Ius et scientia,
4 (1), 19-39. https://bit.ly/3KcQAga
Tenorio Sánchez, P. (2018). Mónica Martínez López-Sáez. Una revisión del derecho fundamental
a la protección de datos de carácter personal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, 206 pp.
ISBN.
978-84-9169-985-9.
Estudios
De
Deusto,
66(2),
513-518.
https://doi.org/10.18543/ed-66(2)-2018pp513-518
Torres Albero, C., Robles, J. M., De Marco, S.,Antino, M.(2017). Revisión analítica del modelo
de aceptación de la tecnología: el cambio tecnológico. Revista de sociología, Vol. 102 Núm.
1, p. 5-27. https://bit.ly/3AjnCad
Umpiri Sanca, H. (2020) Manejo de conflictos del sector minero en el Perú. Revisión sistemática
de la literatura [Tesis para obtener el título profesional de Licenciado en Administración].
https://bit.ly/3KcP6m9
Villalobos Fonseca, H. (2020). El desarrollo tecnológico en materia policial: una receta de éxito
para la prevención del delito. Revista Internacionales, Estrategia y Seguridad. DOI:
10.18359/ríes.42
Zanabria Angulo, V. J, (2021) derechos humanos del personal en situaciones de conflictos sociales
en el Perú [Tesis de maestría, Centros de Altos Estudios Nacionales Escuela de Posgrado].
https://bitly.is/3wmnGEU
Zuev, D., y Bratchford, G. (2020). The citizen drone: protest, sousveillance and droneviewing.
Visual Studies. DOI: 10.1080/1472586X.2020.1843285
Página 63
UN PASO CLAVE HACIA LA PRIMERA
ECOPOLÍTICA DE LA ALDEA GLOBAL. DEL
SOL DE LOS INCAS A LA INDEPENDENCIA
ENERGÉTICA
A KEY STEP TOWARDS THE FIRST ECO-POLITICS OF THE
GLOBAL VILLAGE. FROM THE SUN OF THE INCAS TO
ENERGY INDEPENDENCE
PP. 64-81
Eduardo Luis Alfaro Castellanos
Universidad César Vallejo
elac210662@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0186-863X
Coronel de Ingeniería del Ejercito en situación retiro, Ingeniero Civil, Maestro en administración,
cursando el V ciclo del doctorado de Políticas Públicas y gestión del Estado, con maestrías
culminadas en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de
conflictos, y en Desarrollo y Defensa Nacional, Docente universitario de la carrera profesional de
Ingeniería Civil y Docente Gestor en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco
Bolognesi”.
Recibido: 27 Set 22
Aceptado: 10 Oct 22
Publicado: 17 Set 22
Página 64
Resumen
En un anterior artículo denominado Caminado hacia la primera Ecopolítica de la aldea Global
(Alfaro Castellanos, 2022), cuando nos referimos a la renta básica con una visión moderna y social
de la economía hablamos de una renta básica que proporcione seguridad económica a las personas
más vulnerables que en nuestro caso de estudio son nuestros hermanos comprendidos en el
programa Pensión 65. Planteamos entonces una alternativa que no grava con más impuestos a los
ciudadanos, que no toma recursos de las arcas fiscales, y, por el contrario, plantea una alternativa
viable para nuestro país en un escenario futuro inmediato, teniendo como actor principal a las
energías renovables (ER); en específico, tomar de esa fuente inagotable que sale todos los días,
particularmente en el sur de nuestro país, conocida como radiación solar (Figura 2), y generar
desde ella los recursos económicos que nos permitan inicialmente atender el programa
mencionado, para posteriormente lograr el rudimento del cambio de la matriz energética y el inicio
de nuestro despegue hacia el desarrollo económico, social, tecnológico, alcanzar la independencia
energética y colocarnos a la vanguardia en el continente sudamericano. Cuestión que puede ser
lograda si vemos con detenimiento y ambición el horizonte amplio y cercano, de modo que inspire
a dar el golpe de timón hacia el futuro deseado. Ahora, en este trabajo, planteamos el
qué-debemos-hacer.
Palabras clave: renta básica, pensión 65, energías renovables, radiación solar, silicio, litio,
independencia energética.
Abstract
In a previous article named "Walking towards the first Ecopolitics of the Global village" (Alfaro
Castellanos 2022), when we refer to Basic Income, with a modern and social vision of the
economy, we speak of a Basic Income that provides economic security to the vulnerable people,
who in our case study are our brothers included in the PENSION 65 program, and we propose an
alternative that does not impose more taxes on citizens, that does not take resources from the fiscal
coffers, on the contrary, it proposes an alternative viable for our country, in an immediate future
scenario, having Renewable Energies (RE) as the main actor, with the central idea of taking from
that inexhaustible source, which comes out every day, particularly in the south of our country,
"Radiation Solar”, (table N° 1), and generate from it the economic resources that initially allow us
Página 65
to attend to the aforementioned program, but if we look carefully, the horizon is more broader,
closer, we must look at it with ambition, it is a horizon that can allow us to give a change of
direction, to achieve the rudiment of the change in the energy matrix and the beginning of our
takeoff towards economic, social, technological development, "Energy independence ” and place
ourselves at the forefront in the South American continent, now in this work we propose, the
what-we-must-do.
Keywords: basic income, pension 65, renewable energies, solar radiation, silicon, lithium,
energy independence.
Introducción
Si ves la luna, verás la belleza de Dios.
Si ves el sol, verás el poder de Dios.
Si ves el espejo, verás la mejor creación de
Dios. Así que créelo.
CHARLES CHAPLIN.
El cambio hacia las energías renovables lo hemos de recorrer comenzando por reconocer
aquellos aspectos que hemos tenido presentes en la primera investigación, pero no los hemos visto
con claridad o entendido en su verdadera dimensión: 1. Somos herederos de la raza inca quienes
dentro de su cosmovisión rendián culto al Inti, entidad que hoy día podría ser el principal e
inagotable generador de los recursos económicos que nos permitiría el despegue. 2. El guano y el
Salitre fueron dos recursos que en su momento de explotación nos dieron caudales de posibilidades
financieras que, no obstante, no se supieron aprovechar a favor de la transformación nacional. 3.
El cobre y sus acólitos de honor, el oro, la plata, etc., son riquezas naturales que actualmente se
presentan como una gran posibilidad de desarrollo y por ende para erradicación de la pobreza,
siempre que hagamos buen manejo de los recursos económicos que generan. 4. La radiación solar
que aún no está en nuestro radar político, social o ambiental y los empresarios aun no vislumbran
como nuestra gran oportunidad para poder «caminar hacia la primera ecopolítica de la aldea
global». Es hora de mirar hacia el cielo donde el sol reina, tal como nuestros ancestros lo hicieron,
Página 66
aunque no para adorarlo, sino para tomar sus rayos sin temores ni preocupaciones porque fueran a
escasear, o porque los mercados bursátiles previeran una baja en sus cotizaciones. 5. El yacimiento
Falchani y el litio que hay en él, antes oculto a nuestros ojos, cubierto por una capa de lava en un
lago prehistórico en las regiones de Puno, Macusani, y que ahora se hace visible. Este litio, aun
con una espesa camanchaca que no sabemos manejar por falta de capacidades, sobre todo,
tecnológicas y económicas, nos dará los acumuladores para nuestro desarrollo. 6. Requerimos un
puerto de entrada que nos conecte con Asia y nos una con la ruta de la Seda, entre otras rutas, para
materializar el volumen de transferencia tecnológica física e intelectual que se generará fruto de
las asociaciones estratégicas del Estado con las empresas requeridas parar trabajar en el cambio de
nuestra matriz energética.
En la tierra de los Incas, donde el Inti sonríe todos los días (Figura 1), donde solo tenemos
que extender nuestros brazos tecnológicos, y tomar en las obleas de cilicio su radiación,
transformarla en energía, y distribuirla a todo nuestro dilecto Perú. He aquí el cómo y el porqué de
la realización de esta empresa.
Figura 1
Representación de la deidad Inti
Página 67
Marco Teórico
La historia de la humanidad comienza con las
energías renovables.
1. Radiación solar, la energía inagotable de los incas: sabemos que la radiación solar es la
energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las direcciones a través del espacio mediante
ondas electromagnéticas y se genera en las reacciones del hidrógeno en el núcleo del Sol por fusión
nuclear y es emitida por la superficie solar. (IDEAM. GVO.CO, s.f.)
La podemos aprovechar «en forma de energía térmica o energía fotoeléctrica, y el
elemento encargado de captar la radiación solar y transformarla en energía útil es el panel solar»
(Hilcu, 2021), cuyo elemento principal es la sílice. Además, el Perú cuenta con ingentes cantidades
de radiación solar en su territorio, en particular en el sur, esto lo podemos apreciar en el Figura 2
en la cual se muestra el potencial eléctrico fotovoltaico de Perú (World Bank Group, 2022).
2. Las obleas de silicio y los paneles solares: «el silicio (Si, en la tabla periódica) es el
segundo material más abundante en la corteza terrestre, por detrás del oxígeno» (José Alfonso
2022). Éste, después de un tratamiento que requiere de alta tecnología, forma «lingotes cilíndricos
o paralelepípedo que luego es aserrado en láminas delgadas» (Alonso Lorenzo 2019) para
transformarse en obleas de silicio solar, las cuales, a su vez, se agrupan en un número determinado
para conformar un panel solar.
3. Barreras burocráticas (BB) y los prosumidores: «las barreras burocráticas son errores
que comete el Estado que dificultan y encarecen el desarrollo de negocios en el Perú. Son trámites,
requisitos, exigencias, cobros o prohibiciones que las entidades públicas imponen a las personas y
empresas, contraviniendo la ley o la razón» (Lazarte, 2019). Otra definición nos menciona que es
toda «exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad,
dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes
económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de
procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación
administrativa» (Decreto Legislativo 1256 de 2016. 8 de diciembre de 2016. D.O. No. 13890).
Para que la masificación de los paneles solares nos permita ser realmente prosumidores, debemos
trabajar nuestro marco normativo acorde con nuestro interés principal, y así poder generar con
Página 68
base en los paneles y la radiación solar energía eléctrica, utilizarla e insertar los excedentes en la
red de distribución con el reconocimiento de ello.
4. El litio se hace presente en el Perú: en julio de 2018, recibimos la buena nueva de que la
empresa Macusani Yellowcake descubrió un yacimiento de litio entre los distritos de Corani y
Macusani, provincia de Carabaya, Puno. Dentro del reporte, se mencionaba que «el yacimiento
Falchani es muy grande y rico, único en el mundo: 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio
al 99.82% de pureza» (El Montonero, 2021); por lo que «no requiere de refinación, solo queda en
lixiviación» (CIP, 2017). A lo anterior se debe agregar que, dado que el descubrimiento también
dio cuenta de la presencia de uranio, «para iniciar [su] producción se necesita una ley que regule
la explotación de minerales radioactivos. Al procesar litio también debemos hacerlo con el uranio»
(Agencia AFP, 2018).
Ante este descubrimiento, el gobierno emitió la Ley N° 31283 de 2021, «Ley que declara
de necesidad pública, de interés nacional y recurso estratégico la exploración, explotación e
industrialización del litio y sus derivados» (Ley 31283 de 2021. 16 de julio de 2021. D.O. No.
16120), promulgada por el Congreso de la Republica haciendo énfasis en su artículo 1ro que a la
letra menciona: «la comercialización del litio y de sus derivados constituyen recursos estratégicos
para el desarrollo del país» mientras que en su artículo 2do estipula: «encárguese al poder Ejecutivo
[…] reglamente la declaratoria de recurso estratégico de la comercialización del litio y sus
derivados, que garantice el desarrollo de la industria nacional en grado batería y el procedimiento
para el reciclaje de las baterías de litio». Reglamentación que, cabe recalcar, aún no se ha dado.
5. La tecnología en nuestro país y la participación de las universidades: el 23 de mayo del
presente, en Arequipa, «alumnos de posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín en
Arequipa, convirtieron automóvil de combustión interna a sistema eléctrico y que apuntan a que
este modelo sea tomado para la masificación, pues representa menor gasto frente al combustible
tradiciona» (La Republica, 2022).
6. Puerta de acceso a la tecnología y distribución de la producción nacional: se está
construyendo la puerta de acceso a océanos de oportunidades: «Chancay, es el mega puerto
estratégico para el comercio con Asia que China construye en Perú y el impacto que ya genera»
(BBC News Mundo, 2022). Esta puerta se abre ahora dando paso a la mejor oportunidad inmediata
Página 69
para iniciar la trasferencia física de la tecnología que requerimos para lograr la independencia
energética.
7. Knowledge economy (economía del conocimiento): los cuatro pilares de la economía del
conocimiento son: educación y capacitación; infraestructura de la información; incentivo
económico y régimen institucional; y sistemas de innovación.
Figura 2
Potencial eléctrico fotovoltaico en Perú
Nota. Tomado de World Bank Group 2013).
Página 70
Análisis y discusión
1. Radiación Solar, La energía inagotable de los incas. Al observar la magnitud de lo
mostrado, se nos vino a la mente ¿qué ideas podríamos desarrollar para aprovechar esta generosa
fuente de energía? y la primera idea estaba orientada en el marco de la atención del programa
Pensión 65. Ahora, con más claridad y visión de futuro, camina en la dirección de la masificación
de la creación de parques solares (PS) para captar los rayos solares y transformarlos en energía
eléctrica que después sea inyectada a la red nacional, para así atender las necesidades nacionales
e iniciar el cambio de nuestra matriz energética. Lo señalado forma parte de lo que avizoramos
para nuestro futuro inmediato, vemos miles de granjas solares (GS) que formarán parte de la nueva
matriz energética del país, disponible para las empresas y uso doméstico. Para tal fin, tenemos
también una segunda idea que consiste en que cada hogar tenga sobre sus techos lo que llamaremos
granjas solares familiares (GSF), que permitiría a los propietarios convertirse en productores y
consumidores, es decir, prosumidor (Titular.com, 2021). En otras palabras, producirán su propia
energía eléctrica y consumirán lo que requieran, pudiendo inyectar los excedentes a la red de
distribución. Esta segunda idea ya está presente, por lo que, a pesar de que no funciona como
debería, no es ajena ni lejana a nuestro país: en la actualidad contamos con siete plantas
fotovoltaicas y una planta híbrida renovable (Tabla 1). El potencial que representan estas plantas
con las que contamos resultan ser, por decir lo menos, muestras gratis de lo que no estamos en
condiciones de valorar y explotar bajo las circunstancias actuales.
Tabla 1
Planta híbrida y plantas fotovoltaicas renovables en el Perú
Fecha de entrada
Tipo de
Nº Nombre del parque
Potencia
Ubicación
en funcionamiento
sistema
1 Central Majes Solar
20 MW
Caylloma,
31/10/2012
Renovable
Arequipa
2 Central Solar
20 MW
Caylloma,
31/10/2012
Renovable
Repartición
Arequipa
3 Central Tacna Solar
20 MW
Tacna
31/10/2012
Renovable
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Central
Mariscal Nieto,
4
20 MW
31/12/2012
Renovable
Panamericana Solar
Moquegua
Central Moquegua
Mariscal Nieto,
5
16 MW
31/12/2014
Renovable
FV
Moquegua
Mariscal Nieto,
6 Central Rubí
144,48 MW
16/11/2017
Renovable
Moquegua
Mariscal Nieto,
7 Central Intipampa.
40 MW
31/03/2018
Renovable
Moquegua
Saya, Huara,
Híbrido
8 Central Yarucaya
17 MW
19/11/2021
Lima
renovable
Total de capacidad
297,48 MWp
nominal
Nota. Tomado de Reyes (2018).
2. Las obleas de silicio y los paneles solares: para poder atender a los millones de hogares
peruanos en todo nuestro territorio, se debe contar con grandes cantidades de paneles solares, así
como los demás instrumentos tecnológicos que ello demanda, es decir, inversores, sistemas de
monitoreo y equipos para la conexión a la red principal. Para esto, proponemos que se adquiera la
tecnología requerida para ser prosumidores de nuestros propios equipos; o bien, celebrar convenios
de estado a estado o con las mejores empresas –en este rubro– para instalar industrias en el Perú y
que toda la potencia configure un círculo virtuoso socio-económico nacional y, por qué no, crear
un plan de masificación de la radiación solar (este plan podría ser nombrado a partir del acrónimo
PLAMARASOL) que fuera a su vez un instrumento de cultura de paz.
3. Barreras burocráticas y los prosumidores: las barreras burocráticas son aquellos
obstáculos que impiden adecuar aquellas leyes que deben ser modificadas mediante la aprobación
del Proyecto de Reglamento de Generación Distribuida que data desde el año 2018 y que no ha
sido aprobado hasta la fecha; así como del Decreto Ley N° 25844, Ley de concesiones eléctricas,
que establece las normas que regulan las actividades relacionadas con la generación, transmisión
distribución y comercialización de la energía eléctrica (MEM, 2018); la Ley N° 28832, Ley para
asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica (MEM, 2018) que plantea que «la venta
de sus excedentes no contratados al mercado de corto plazo [… y] el uso de las redes de
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distribución pagando únicamente el costo incremental incurrido» (MEM, 2018); el Decreto
Legislativo N° 1221, Ley que mejora la regulación de la distribución para promover el acceso a la
energía eléctrica en el Perú, el cual nos habla de que aquellos usuarios que poseen equipos de
generación eléctrica por medio de paneles solares «tienen derecho a disponer de ellos para su
propio consumo o puedan inyectar sus excedentes al sistema de distribución al cual está
conectado» (MEM, 2018). Como vemos, nuestras normativas actuales no permiten la inyección
de energía eléctrica excedente producida por paneles solares al sistema de distribución, como si lo
pueden hacer en otros países, como Uruguay, en el que el excedente inyectado es reconocido como
crédito para consumo nocturno, es restado de la facturación del prosumidor o, reconocido y
entregado en dinero.
4. El litio, el mercado mundial, Tesla y las baterías de nuestro futuro, y el uranio. El litio:
el mencionado descubrimiento del yacimiento de litio nos ubica en el radar de los mayores
productores a nivel mundial. Este mineral es necesario para la fabricación de acumuladores,
baterías que aprovechan la energía eléctrica de bajo costo y de fuentes renovables, lo que las pone
al alcance de muchos. Además, el uranio también presente en la mina sirve de combustible para
las plantas de energía nuclear.
El mercado mundial de litio: según el World Energy Trade (2022) «en el 2012 la tonelada
se cotizaba en 4,450 dólares, en 2022 ha alcanzado los 78,000 dólares. A menos que estos costos
mejoren, los fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla podrían tener que entrar directamente
en la minería y el refinado a escala de este mineral». A lo cual se podría agregar que las plantas de
fabricación de baterías y vehículos se verían obligadas a reubicarse a pie de litio, es decir, cerca
de las fuentes primarias (las minas). Así pues, dado que el litio tiene un buen precio en el mercado
mundial y se ha visto una tendencia de los productores de baterías de incursionar en la extracción
y el refinado de este mineral, convendría a los intereses nacionales invitar al sector privado a
conformar sociedades con el estado peruano, haciéndoles ver el potencial eléctrico fotovoltaico
con el que contamos, de forma que se mantenga el recurso y su transformación en el país lo que,
además, significa una excelente opción para desde aquí ofrecer el producto final a los países del
sur del continente.
Página 73
Tesla: actualmente la empresa americana es «líder indiscutible en fabricación y desarrollo
de vehículos eléctricos (VE). Ha marcado los hitos para la movilidad eléctrica desde su primera
apertura en 2003. Actualmente, la compañía representa el 12 % de todas las ventas de VE
enchufables del mundo, generando unos ingresos en 2018 de casi 20 millones de euros» (El
periodico de la energia, 2020). Hay que reconocer que, aunque Tesla mantiene su código abierto
que deja accesible sus avances industriales a sus competidores lo cual permite que existan otras
empresas desarrollando los VE, la compañía de Elon Musk sigue siendo el norte al que debemos
mirar en cuanto a tecnología de punta. Creemos que esta empresa es la mejor opción pues, no solo
por su posición en la carrera del desarrollo de los VE, sino también porque Tesla va a construir
tres nuevas gigafactorías1: en el futuro contempla mantener hasta veinte plantas alrededor del
planeta (Puerto, 2017), si es así, ¿por qué no una de ellas en el Perú?, si no es de ellos puede ser
de su competidor más cercano, pero no más allá.
Las baterías de nuestro futuro: No queda mucho trabajo por realizar para iniciar, explorar
y desarrollar en el Perú la industria de las baterías eléctricas. Sus aplicaciones se han aprovechado
en variedad de diseños, desde bicicletas eléctricas, patinetas eléctricas, motos eléctricas, vehículos
eléctricos, y hasta líneas de ferrocarril solar (LFS). Aunque resulte poco creíble, desde 2017 existe
en el mundo un ferrocarril con esta tecnología cuya fabricación data de 1949, bautizado como el
ferrocarril de Byron Bay, Australia (López, 2021). Este ferrocarril fue modificado para ser
propulsado por energía eléctrica generada por paneles solares y posteriormente acumulada en
baterías. Si nos hemos detenido en este detalle es porque estas máquinas modernas de transporte,
las LFS, serían de gran utilidad para desplazar el litio de la mina Falchani hacia la fábrica de
producción de baterías al norte, de allí a la fábrica de producción de VE aún más al norte y, una
vez terminados los VE, partir en dos direcciones, la primera hacia la costa para que empalmen con
LFS que tendría como destino las fronteras norte y sur, y la segunda con dirección a las fronteras
con Bolivia, Desaguadero y Acre en Brasil, contando además con la puerta de entrada y salida
hacia Asia, vía la nueva ruta de la seda.
1 Una gigafactoría es el lugar donde se fabrican baterías de litio.
Página 74
El uranio: el Ingeniero Jacinto Valencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear, brindó
una entrevista en la Radio Nacional del Perú el 7 de marzo de 2014 en la que precisó que la minería
del uranio en el Perú data del año 1954 con la Institución junta del control de energía atómica que
inicia la búsqueda de depósitos de uranio, sin resultados positivos (Ingeniero Valencia, 2014). Es
a partir de 1975, por el tiempo en que la institución cambió de nombre a Instituto Peruano de
Energía Atómica (IPEN), cuando esta logra identificar uranio en Macusani, Puno. Debemos de
precisar que en el Perú no existe ninguna mina en explotación de uranio a la fecha. El Perú tiene
litio y uranio para explotar «el litio no necesita pasar por una regulación especial por su
composición, sino por su asociación con el mineral uranio-litio en roca, por lo cual para su
extracción individual se necesitará un proceso metalúrgico, extracción y producción para no alterar
el uranio» (Gestion, 2020). Se debe considerar que la falta de experiencia en el manejo del uranio
implica una serie de condiciones a tomar en cuenta, como la falta de normatividad para trabajar
con sustancias radioactivas.
5. Creando tecnología en nuestro país y la participación de las universidades: la conversión
de un vehículo de combustión interna a sistema eléctrico en la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa es una muy buena noticia para el Perú, en particular para este tema en
específico ya que nos permitiría dar un paso significativo en la creación de nueva tecnología.
Teniendo en cuenta que la tecnología requerida ya se ha desarrollado y es de fácil acceso,
corresponde al Estado, a las empresas privadas y sobre todo a las universidades actuar de
inmediato, puesto que contamos con los componentes principales, el litio y la radiación solar.
6. Puerta de acceso de tecnología y distribución de la producción nacional: como sabemos
este mega puerto nos entregará su primer muelle en el 2023 (Gestión, 2022) de los cuatro que
poseerá (dos multipropósitos y dos para contenedores). Esta situación ha generado preocupación
en el pacífico sur, sobre todo en el país vecino: Chile, donde «empresarios chilenos han expresado
su preocupación por la construcción del mega puerto de Chancay» (Gestión, 2022), quienes tienen
claro que «todo nuestro comercio exterior con el Asia-Pacífico podría concentrarse en el mega
complejo portuario de Chancay, que se desarrolla en Perú con capitales chinos» (Vergara, 2022).
Todo apunta a que el proyecto se convierta en un hub regional que enlazará con los vecinos y
permitirá redistribuir la carga de Chile, Ecuador y Colombia; lo cual no sería nada nuevo, ya se
había previsto que, al tener el Perú una posición central continental, haría más corta las distancias
de la nueva ruta de la seda y con ello se convertiría en un punto de acopio de las exportaciones e
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importaciones de nuestros vecinos citados. De esta forma, los diversos puertos vecinos
redistribuirían su carga: los «principales puertos chilenos son; Arica, Valparaíso y San Antonio.
Los ecuatorianos son; Manta y Guayaquil. Y los colombianos son; Buenaventura» (Universidad
Politecnica de Valencia, 2003).
7. Knowledge economy: El World Bank menciona que se «necesita una red de centros de
investigación, universidades, grupos de expertos, empresas privadas y grupos comunitarios para
aprovechar el creciente stock de conocimiento global, asimilarlo y adaptarlo a las necesidades
locales y crear nuevo conocimiento» (World Bank Group, 2022).
Conclusiones
Hermanos, hay una fuerza motriz más
poderosa que el vapor, la electricidad y la
energía atómica: la voluntad.
ALBERT EINSTEIN
1. Radiación Solar, las obleas de silicio y los paneles solares: para poder iniciar el cambio
de la matriz energética nacional, ahora bajo esta nueva tangible realidad, que logre la
independencia energética nacional, se deben de dar distintos factores: la masificación del uso de
la energía solar en los hogares peruanos como prosumidores a través de las granjas solares
familiares; contar con un plan de masificación de la radiación solar (PLAMARASOL) según la
locación, en el que CrediCálidda gestione la difusión, financiamiento e instalación de las GSF,
como se hace con el Gas Natural, de esta forma, la recuperación del capital está asegurada y se
inicia así la independencia energética desde el nivel familiar; así mismo, la producción nacional
de paneles solares con tecnología de punta, logrando la generación de trabajo y la creación de de
pequeñas y medianas empresas que vean en la radiación solar una oportunidad de negocio.
2. Sobre barreras burocráticas y los prosumidores: urge revisar, adecuar y aprobar el
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Generación Distribuida del 2 de
agosto de 2018: «art. 20: Comercialización de la Energía de Micro generación Distribuida (MCD);
20.2 En caso que, en un determinado mes se generen excedentes de MCD, éstos representarán un
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crédito de energía en favor del titular de la MCD, el cual podrá ser utilizado a cargo de su consumo
de energía en los meses siguientes, teniendo como límite el periodo de un año calendario» (MEM,
2018), que significa pasar de net billing a net metering. Más claro, adecuar la legislación nacional
para que las GSF puedan inyectar la energía solar producida al sistema de distribución y que ésta
sea reconocida como crédito para la iluminación nocturna, para reducir la facturación, para pagar
la instalación de la GSF o para el pago en efectivo al prosumidor.
3. El litio y el cobre: para alcanzar el objetivo de iniciar en territorio nacional la explotación
e industrialización del litio en acumuladores, baterías y sus demás productos derivados, ya sea por
adquisición de tecnología o por la celebración de convenios de Estado a Estado, o de Estado con
sector privado, no es quizás la mejor opción entregarlo a un tercero para que lleve a cabo esta
operación, no repitamos lo que hicimos con el guano y el salitre o lo que está ocurriendo
actualmente con el cobre y los demás metales, salvo que nos favorezca con una mejor fórmula
donde ganemos tecnológica y económicamente. Con respecto al cobre, mineral sumamente
requerido en la fabricación y funcionamiento de las baterías de litio y como conector de corriente
del ánodo en las baterías de los VE, el Perú es el segundo productor mundial (World Energy Trade,
2021), el mismo que es “es utilizado como” (World Energy Trade, 2022). Las principales materias
primas de las baterías de VE se muestran en la Tabla 2; en ella, se puede notar la importancia de
los minerales mencionados y con ello se demuestra su posible impacto en la economía del Perú
debido a al valor que aportarían.
4. Creando o adquiriendo tecnología con participación de las universidades, knowledge
economy: ya esa hora de contar con facultades de energías renovables en las universidades del
país para que se encarguen de la formación de ingenieros en la investigación y desarrollo de estas
nuevas tecnologías. Una posibilidad es crear un centro tecnológico del qhiswa litio (valle del litio),
a cargo de las universidades, de las industrias y de las empresas privadas que, asociadas para el
bien nacional, extraigan este recurso en Puno.
5. La Puerta de acceso de productos y tecnología, el puerto de Chancay será la entrada y
salida de embarcaciones vecinas, que dejarán sus cargas para nosotros derivarlas a través de la
nueva ruta de la seda hacia el Asia. Esta puerta se abre para incorporar la tecnología requerida
expresada en equipos, así como la posibilidad de exportar paneles solares, baterías y VE en la zona
del pacifico sur o, inclusive, más allá.
Página 77
Tabla 2
Química de las baterías por contenido mineral
¡Es hora de comenzar!
Referencias
Agencia AFP. (17 de julio de 2018). GESTION. Recuperado el 14 de 07 de 2022, de
https://gestion.pe/peru/descubrio-peru-yacimiento-litio-convertirse-grande-mundo-
238710-noticia/
Alfaro Castellanos, E. (2022). Caminando hacia la primera ecopolítica de la aldea global.
Ciencia e Investigación en Defensa - CAEN, 56-61.
Alonso Lorenzo, J. (2019). Células Fotovoltaicas: Explicación de qué son los lingotes y obleas
de silicio solar. Obtenido de https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/celula-
fotovoltaica-lingotes-obleas/
BBC NEWS MUNDO. Olmo, G. (08 de 09 de 2022). BBC NEWS MUNDO. Recuperado el 08
de 09 de 2022, de BBC NEWS MUNDO: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-62746144
Calidda. (2022). Como conectarme la Gas Natural. Obtenido de https://www.calidda.com.pe/mi-
hogar/conexion-al-gas-natural
CIP. (20 de agosto de 2017). Minería del litio en Perú y la Energía solar. [archivo de video].
Recuperado el 15 de julio de 2022, de
https://www.youtube.com/watch?v=SGRWnHjyTs0
Einstein, A. (2022). CONNECTIONS by FINSA. Recuperado el 18 de julio de 2022, de
https://www.connectionsbyfinsa.com/una-fuerza-motriz-mas-poderosa-vapor-la-
electricidad-la-energia-atomica-la-voluntad-albert-einstein-fisico/
Página 78
El Montonero. (8 de marzo de 2021). ¡Proyecto de litio en Puno está detenido! Obtenido de
https://elmontonero.pe/economia/proyecto-de-litio-en-puno-esta-detenido
El periódico de la energía. (20 de enero de 2020). Los diez fabricantes de vehículos eléctricos
más competitivos del mercado mundial. Obtenido de
https://elperiodicodelaenergia.com/los-diez-fabricantes-de-vehiculos-electricos-mas-
competitivos-del-mercado-mundial/
Gestión. (17 de setiembre de 2020). Gestión, Economía. Obtenido de
https://gestion.pe/economia/los-avances-en-normas-tecnicas-para-la-explotacion-de-litio-
y-uranio-noticia/
Gestión. (26 de 09 de 2022). Obtenido de https://gestion.pe/economia/empresarios-chilenos-
expresan-su-preocupacion-por-construccion-de-megapuerto-de-chancay-de-peru-puertos-
de-chile-noticia/
Gestión. (20 de 02 de 2022). Asociación peruana de agentes marítimos. Obtenido de
https://apam-peru.com/web/puerto-de-chancay-con-un-28-de-avance-un-primer-muelle-
estara-culminado-en-el-2023/
Hilcu, M. (14 de 07 de 2021). OTOVO. Recuperado el 14 de 07 de 2022, de
https://www.otovo.es/blog/energia/que-es-la-energia-
solar/#:~:text=El%20elemento%20encargado%20de%20captar,aprovechamiento%20de
%20la%20energ%C3%ADa%20solar.
Hurtado, J. (2010). Metodología de la investigación. Guía para la comprensión holística de la
ciencia. En J. Hurtado, Metodología de la investigación. Guía para la comprensión
holística de la ciencia. (pág. 1324). Bogotá, Caracas: Ciea-Sypal.
IDEAM. GVO.CO. (s.f.). Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios A. Recuperado el 14
de julio de 2022, de http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/caracteristicas-de-la-
radiacion-
solar#:~:text=La%20radiaci%C3%B3n%20solar%20es%20la,emitida%20por%20la%20s
uperficie%20solar.
Ingeniero Valencia, J. (7 de marzo de 2014). La minería del uranio en el Perú. (R. N. Peru).
https://soundcloud.com/ipenperu/ing-jacinto-valencia-la-miner, Entrevistadores)
Recuperado el 02 de 10 de 2022, de https://soundcloud.com/ipenperu/ing-jacinto-
valencia-la-miner,
José Alfonso, A. (2022). SUNFIELDS EUROPA. Obtenido de Fabricación de células
fotovoltaicas: Obtención y purificación del silicio: https://www.sfe-
solar.com/noticias/articulos/celula-fotovoltaica-obtencion-purificacion-del-silicio/
KeeUISolar. (10 de 02 de 2021). silicio para la elaboración de paneles fotovoltaico. Obtenido de
https://keeui.com/2021/02/10/silicio-elaboracion-para-paneles-solares/
La República. (23 de mayo de 2022). la republica.pe. Obtenido de
https://larepublica.pe/sociedad/2022/05/23/arequipa-alumnos-de-posgrado-convirtieron-
automovil-de-combustion-interna-a-sistema-electrico-lrsd/
Página 79
Lazarte, J. (3 de abril de 2019). Presidente del Consejo Directivo de ADEBB. Obtenido de
https://pqs.pe/actualidad/economia/sabes-que-son-las-barreras-burocraticas/
Ley 1256, d. p. (8 de 12 de 20116). El Peruano. Obtenido de
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-aprueba-la-ley-de-
prevencion-y-elimi-decreto-legislativo-n-1256-1461978-1/
Ley N° 31283 de 2021. Que declara de necesidad publica, de interés nacional y recursos
estratégico la exploración, explotación e industrialización del Litio y sus derivados. 16
de julio de 2021. D.O. No. 16120. El Peruano.
Lopez, J. (15 de junio de 2021). Hipertextual. Recuperado el 14 de julio de 2022, de
https://hipertextual.com/2020/01/primer-tren-solar-mundo
MEM. (02 de agosto de 2018). Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
generacion distribuida. Lima.
Puerto, K. (8 de junio de 2017). Xataka. Recuperado el 18 de julio de 2020, de Tesla va a
construir tres nuevas gigafactorias en el futuro contempla mantener hasta 20 plantas
alrededor del planeta.: https://www.xataka.com/vehiculos/tesla-va-a-construir-tres-
nuevas-gigafactorias-en-el-futuro-contempla-mantener-hasta-20-plantas-alrededor-del-
planeta
Reyes, J. (23 de setiembre de 2018). Voltaika Perú S.A. Energía Solar, Eólica y Térmica.
Recuperado el 26 de julio de 2022, de Plantas Solares Fotovoltaicas en el Perú al 2022:
https://voltaika.net/las-siete-plantas-solares-fotovoltaicas-en-el-peru/
The World bank. (2013). knowledge economy. Obtenido de
https://web.worldbank.org/archive/website01503/WEB/0__CO-10.HTM
Titular.com. (22 de octubre de 2021). ¿Qué es un prosumidor? Obtenido de
https://www.titular.com/blog/que-es-un-
prosumidor#:~:text=Un%20prosumidor%20es%20una%20persona,del%20que%20todos
%20tenemos%20algo).
Universidad Politécnica de Valencia;. (junio de 2003). Evaluación de los principales puertos de
América del Sur. Estudio. Valencia, España.
Universidad Veracruzana. (2014). Introducción a la investigación: Guía interactiva. Recuperado
el 28 de 09 de 2022, de
https://www.uv.mx/apps/bdh/investigacion/unidad1/investigacion-tipos.html
VALORA ANALITIK. (14 de noviembre de 2018). Perú tendría una de las diez reservas de
litio más grandes del mundo. Obtenido de
https://www.valoraanalitik.com/2018/11/14/peru-tendria-una-de-las-diez-reservas-de-
litio-mas-grandes-del-mundo/
Vergara, M. (2022). Presidente de la Liga Marítima de Chile. El Mercurio.
World Bank Group. (2022). Mapas de recursos solares de South America. Obtenido de
SOLARGIS: https://solargis.com/es/maps-and-gis-data/download/south-america
Página 80
World Energy Trade. (24 de mayo de 2021). Los cinco principales países productores de cobre
del mundo. Recuperado el 15 de julio de 2022, de
https://www.worldenergytrade.com/metales/cobre/los-cinco-principales-paises-mineros-
de-cobre-del-mundo
World Energy Trade. (04 de 05 de 2022). Recuperado el 15 de 07 de 2022, de ¿Cuáles son los
principales minerales de la batería de un vehículo eléctrico?:
https://www.worldenergytrade.com/metales/mineria/principales-minerales-bateria-
vehiculo-electrico
World Energy Trade. (21 de abril de 2022). ¿Por qué Elon Musk quiere que Tesla entre en el
negocio de la extracción de litio? Recuperado el 15 de julio de 2022, de
https://www.worldenergytrade.com/metales/litio/por-que-elon-musk-quiere-que-tesla-
entre-en-el-negocio-de-extraccion-de-litio
Página 81
IMPORTANCIA DEL PODER NAVAL PARA
LOS INTERESES NACIONALES Y DEFENSA
DE LOS ESTADOS
IMPORTANCE OF NAVAL POWER FOR NATIONAL
INTERESTS AND NATIONAL DEFENSE OF STATES
PP. 82-94
Francisco Yohalmo de Jesús Mejía Martinez
Centro de Altos Estudios Estratégicos de la Fuerza Armada de El Salvador
mejiamartinezdulce@yahoo.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1845-6316
Oficial de marina en la Fuerza Armada de El Salvador (Fuerza Naval), graduado de la Escuela
Naval Arturo Prat de la Armada de Chile en 1997. Realizó el Curso de Estado Mayor Naval en el
Naval War College, Newport, EE.UU., 2013. Maestría en Ciencias Políticas (El Salvador),
Relaciones Internacionales (EE.UU.) y Ciencias Navales y Marítimas (Chile).
Recibido: 11 Set 22
Aceptado: 27 Set 22
Publicado: 17 Oct 22
Resumen
Desde el comienzo de la historia moderna de la humanidad, el mar ha jugado un papel central en
el desarrollo de las civilizaciones como medio de interacción económica, cultural y política,
incluyendo la acción bélica. El dominio marítimo y las habilidades para su aprovechamiento han
representado fuertes ventajas en aquellas que han sabido utilizar el mar en beneficio propio. De
esta forma, resulta relevante pensar la situación actual del escenario marítimo y su importancia
para el desarrollo de los Estado-nación, en específico en cuanto a la seguridad nacional y la
defensa de los intereses marítimos. El objetivo del presente artículo es determinar si el poder
Página 82
naval de un Estado ayuda a legitimar la soberanía plena de su territorio marítimo y el
compromiso de seguridad con la comunidad internacional. Para dar respuesta a este objetivo:
primero, identificaremos las características del poder naval a través de sus atributos; segundo,
determinaremos los roles que cumple el poder naval de un Estado con base en las tareas que
realiza; y tercero, mencionaremos la importancia del poder naval en relación con los
compromisos de los Estados ribereños en la comunidad internacional. De igual forma, se tomará
el caso de La Fuerza Naval de El Salvador para analizar estas cuestiones; primeramente, en su
misión constitucional de la Defensa Nacional; y segundo, en la cooperación con la comunidad
internacional, específicamente, en la lucha contra el narcotráfico.
Palabras clave: defensa nacional, poder naval, intereses marítimos, condición geográfica
esencial, interés nacional, diplomacia de cañoneras.
Abstract
Maritime interests are a fundamental pillar for the development of States, and for that, a Naval
Power capable of being used diplomatically is required, as in its primary tasks of National
Defense, and for this warships have their attributes; that is, political flexibility, operational
flexibility, logistical flexibility, and arrival-ready condition. The warship is an instrument of the
State to be used in crisis management, with the purpose of achieving a political objective without
passing the threshold of critical aggressiveness, because if this occurs, it would be in what is
called war with another State. If the political objective that comes into play is vital for any of the
Parties, then the warship will be used to carry out naval operations that seek to defend national
interests. The Naval Force of El Salvador has shown the important role it plays; firstly, in its
constitutional mission of National Defense; and second, in cooperation with the international
community, specifically, in the fight against drug trafficking.
Keywords: national defense, naval power, maritime interests, essential geographic
condition, national interest, gunboat diplomacy.
Página 83
Introducción
El poderío marítimo del Estado requiere de un poder naval capaz de mantener la soberanía
e integridad del territorio y proteger los intereses marítimos. La historia nos ha mostrado que los
Estados han buscado en el mar su prosperidad; y para este fin, crearon y fortalecieron los medios
navales necesarios que les permitieran ir más allá de sus fronteras en la búsqueda de materias
primas y alimentos, en sí, de recursos naturales. Este fue el caso de la ciudad-Estado de Atenas,
que por tener escasez de territorio fértil para la agricultura, tuvo que llevar su ciudad a puerto y
sus pobladores cambiar los escudos por remos.
A través del mar, ocurrieron los descubrimientos y conquistas de las nuevas tierras y con
ello la simultánea culturización y evangelización. La guerra del Extremo Oriente y el Pacífico fue
el escenáreo bélico más extenso en la Primera Guerra Mundial, donde el poder naval japonés
logró conquistar ciertos territorios continentales e insulares y conformar un imperio temporal. No
obstante, los aliados, conducidos por EE. UU., (almirante Chester Nimitz y general Douglas
MacArthur) lograron revertir el curso de la historia luego de la victoria en la batalla naval de
Midway, por lo que Japón poco a poco fue perdiendo la iniciativa mientras que sus líneas de
comunicaciones marítimas (LL. CC. MM.) fueron bloqueadas, lo cual terminó en una parálisis de
la flota imperial japonesa. Algo similar ocurrió a los atenienses siglos atrás, cuando los
espartanos y persas cortaron las LL. CC. MM. provocando la muerte de su imperio oceánico.
A través del mar, distintos Estados han sido conquistados, se han independizados y se han
desarrollado. La geografía marítima abrió paso a las flotas conquistadoras y con ansias de poder;
pero también ha ofrecido sus riquezas a quienes han sabido aprovechar. El objetivo del presente
artículo es determinar si el poder naval de un Estado ayuda a legitimar la soberanía plena de su
territorio marítimo y el compromiso de seguridad con la comunidad internacional. Para dar
respuesta a este objetivo: primero, identificaremos las características del poder naval a través de
sus atributos; segundo, determinaremos los roles que cumple el poder naval de un Estado con
base en las tareas que realiza; y tercero, mencionaremos la importancia del poder naval en
relación con los compromisos de los Estados ribereños en la comunidad internacional.
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El Poder Naval y la soberanía nacional
A lo largo de la historia, los mares han otorgado beneficios para los seres humanos,
permitiéndoles subsistir, desarrollar la civilización mundial y mantener el imperativo natural de la
seguridad. Para ciertos académicos, el mar ha posibilitado el intercambio de mercancías e ideas,
haciendo comunidades prósperas. Un claro ejemplo es el Imperio marítimo ateniense, que el
estratega Temístocles hizo poderoso mediante el control de territorios lejanos obteniendo los
recursos naturales para el crecimiento y expansión de Atenas siendo, por ello, un interés nacional
para el recién establecido imperio.
Los intereses nacionales son aquellos «que el grupo encargado de tomar decisiones en el
gobierno determina que son importantes para el mantenimiento de la nación.» (Nicholas, Pickett,
& Spears, 1959), esas aspiraciones supremas que no pueden ser negociables y que, según
Kenneth Waltz (2001), cada Estado debe ambicionar siendo el interés nacional supremo «el
aumento de la posición de poder del Estado» (p. 37). En otras palabras, son lo que iluminan y
guían la defensa nacional, definida como el «Conjunto de recursos y actividades que en forma
coordinada desarrolla el Estado permanentemente en todos los campos de acción, para hacer
frente a una amenaza a la soberanía nacional y a la integridad del territorio» (Asamblea
Legislativa, 2002, p. 2). Así, bajo esta concepción de defensa y en congruencia con los intereses
nacionales, fueron creadas las fuerzas navales con el propósito de defender la soberanía e
integridad del territorio marítimo, además de contribuir a mantener el buen orden en la mar1, la
paz, la prosperidad y la seguridad internacional.
Por otro lado, el poderío marítimo de un Estado es definido por el almirante de la Armada
de Chile Erí Solís Oyarzun (2004) como «la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender
los intereses marítimos de un país, tanto en la paz como en conflicto. En síntesis, consiste en la
facultad que tiene un Estado para usar el mar en su beneficio» (p. 10). El poderío marítimo está
compuesto por los intereses marítimos, relacionados con las actividades económicas y sociales, y
el poder naval, referente a elementos políticos y militares; además, son parte de los intereses
nacionales del Estado y por tanto deben ser protegidos. Solís Oyarzun (2004) especifica que «Los
intereses marítimos es el conjunto de beneficios de carácter político, económico, social y militar
1 El concepto de buen orden en la mar significa una mar seguro, limpio y sin amenazas.
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que obtiene una nación de todas las actividades relacionadas con el uso del mar» (p. 11). De ahí
que los intereses marítimos deben ser protegidos por el poder naval del Estado, comprendiendo
dentro de estas diversas actividades a: deportes náuticos, industria naval, transporte marítimo,
terminales marítimas, investigación científica oceánica, turismo, actividades pesqueras y marina
mercante; es decir, todas aquellas actividades que se desarrollan en el mar y generan un beneficio
para el Estado.
El Poder Naval y sus Atributos
La armada, marina de guerra, fuerza naval, marina nacional o como cada Estado
denomine a su elemento coercitivo resolutor por excelencia en el mar, es cuestión de tradiciones
o simplemente asuntos políticos. El poder naval es un concepto más amplio que cualquiera de
estos términos específicos: «El concepto de poder naval como un componente de la estrategia
marítima nacional ha sido discutido por siglos» (Mulqueen et. al., 2014, p. 168), y fue el
almirante Alfred Mahan quien se refirió por primera vez a ese concepto.
Las armadas poseen ciertas características que les permiten gravitar por presencia en
escena sin violar el derecho internacional y sin amenazar la soberanía de otro Estado; pueden
desplegarse inmediatamente sin afectar las situaciones políticas con Estados vecinos; poseen la
capacidad de permanecer por tiempo prolongado según sea necesario donde se encuentren; y al
zarpar a una zona de operaciones pueden iniciar sus tareas sin contra tiempos, porque llevan
consigo todo lo necesario desde el punto de vista logístico y lo relativo a su dotación. Estas
características conforman lo que se llama atributos2 del poder naval; es decir, flexibilidad
política, flexibilidad operativa, flexibilidad logística, y condición de listos al arribo.
2 No se deben confundir los atributos del poder naval con los atributos del mar mencionados por Geoffrey
Till en su obra Sea Power (Poder Marítimo), «El mar como recursos, como un medio de transporte,
información y dominio» (Till, 2009, p. 23).
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El buque de guerra es el núcleo estratégico de una armada, es el elemento más gravitante
que –con su presencia– coarta la libertad de acción del oponente, y es el obstáculo más grande
para atacar los objetivos en posesión del adversario; el almirante Alfred Mahan lo calificó como
la llave de la estrategia marítima. Asimismo, la flexibilidad política y operativa del poder naval,
se demuestra, por ejemplo, en la capacidad de radiar tantos distintos mensajes que sus
espectadores no logran distinguir ni descifrar su intención verdadera; o en «La presencia visible
de buques de guerra…[que significa] una amenaza de fuerza naval y, consecuentemente, un caso
de diplomacia de cañoneras» (Cable, 1971, p. 6). Por lo demás, mientras un Estado foráneo no
amenace «la integridad territorial e independencia política [así como los] intereses fundamentales
de un Estado» (Hill, 1990, p. 13), entonces, todo será paz y cooperación. En efecto, «El elefante
no es vulnerable al cocodrilo mientras no se acerque a la ribera acuática» (Cable, 1971, p. 25).
En tercer lugar, la flexibilidad logística es una cualidad del poder naval que, junto a su
condición de listos al arribo, le permite hacer presencia naval en diferentes áreas y cumplir varias
tareas con autonomía:
Los buques de guerra son capaces de navegar durante periodos prolongados, esperando el
momento más conveniente para su intervención. En tanto permanecen en alta mar, no
están comprometidos y, aun después de haber actuado, pueden fácilmente detener su
acción y retirarse. (Cable, 1971, p. 31)
Los atributos del poder naval que le son conferidos a los buques o unidades navales de
superficie son los activos que apoyan la política exterior de un Estado, pues a diferencia de las
fuerzas terrestres, el poder naval tiene la cualidad de hacer presencia sin ser un acto de guerra,
esto es la gradualidad que emplea un buque y que lo convierte en un instrumento diplomático.
La flexibilidad política, operativa, logística, y la condición de listos al arribo, son los
atributos que hacen que los Estados sean capaces de proteger sus intereses nacionales y cumplir
su rol militar de defensa nacional, legitimando la soberanía en su territorio marítimo, por un lado,
y cooperando con los compromisos de seguridad con la comunidad internacional, por el otro. No
obstante, hay una característica vinculada al poder naval que no forma parte de sus atributos, sino
que representa una condición impuesta y disímil en cada territorio, pero que debe tomarse en
cuenta para comprender el desarrollo y seguridad de un Estado. Esta cualidad determinará en
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cierta forma la importancia y necesidad del organismo viviente que es el poder naval,
determinante para la unidad política es la condición geográfica esencial3.
Es importante que cada Estado analice y determine cuál es su condición geográfica
esencial; es más, constituye una de las primeras consideraciones que debe evaluarse en las
apreciaciones geopolíticas. Un Estado no tiene condición geográfica esencial insular/marítima
únicamente porque sea isla o por el simple hecho de que tiene acceso al mar, lo importante de
identificar es el grado de dependencia del Estado en cuestión con relación al mar que tiene. Chile,
por ejemplo, no es una isla, pero su dependencia del mar es total, aproximadamente el 95 % de su
comercio se transporta por mar, además de otras características a considerar como la «Longitud
de línea de costa, tamaño de la plataforma submarina, posición estratégica, importancia del
tránsito comercial de distribución o de cabotaje, volumen de la navegación costera, facilidades
portuarias y su utilización» (Hill, 1990, p. 45), sin mencionar la explotación pesquera por el
Estado.
Para comprender el concepto de condición geográfica esencial, es vital hacer hincapié en
la diferencia entre dependencia (relacionado con el interés marítimo), y contacto marítimo: este
último no es relevante, en su lugar lo determinante es el grado de dependencia del mar. El
contralmirante británico Richard Hill (1990) en su obra Estrategia Marítima para Potencias
Medianas expresó lo siguiente: «Lo fundamental es el grado de cercanía con el mar que sienten
los diferentes Estados, la dependencia del mar que exhiben en varios aspectos de su vida
nacional» (p. 43). Ciertos textos y manuales de geopolítica han mal interpretado este concepto
relativo al mar y vinculado al Estado; pero vuelve a repetirse, no es el contacto con el mar sino su
dependencia. «Las naciones que muestran con mayor coherencia su dependencia del mar son islas
o poseen línea de costa extensa y fronteras terrestres limitadas» (Hill, 1990, p. 45). Nuevamente
el ejemplo antes mencionado: Chile, sin ser una isla, es un ejemplo de condición geográfica
esencial insular, pues su costa tiene una longitud de aproximadamente de 4,300 km, su área de
responsabilidad de búsqueda y rescate (SAR) es más de 26 millones de km2, y el 95 % de su
comercio transita por vía marítima.
3 Si el Estado salvadoreño sigue con la tendencia de ir aumentando el porcentaje de importación y exportación de
mercancía por vía marítima y no por tierra (en la actualidad es de 57 % vía marítima), entonces la condición
geográfica esencial salvadoreña pasará de ser continental-marítimo a marítimo-continental. En este caso el comercio
por mar será de mayor interés nacional para El Salvador.
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La condición geográfica esencial y los atributos analizados anteriormente son factores que
permiten afirmar la robustez de un Estado con mirada hacia el mar y que busca la seguridad y el
desarrollo nacional de su sociedad.
Es de mencionar que para el caso salvadoreño su poder naval ha adquirido paulatinamente
más capacidades para interoperar en aguas azules4 con otras armadas. Los atributos del poder
naval salvadoreño han alcanzado mejores condiciones para contribuir con la defensa nacional;
asimismo, el hecho de que los buques salvadoreños puedan realizar operaciones y permanecer
más allá de las 500 millas náuticas es un indicador positivo de esa flexibilidad logística, operativa
y condición de listos al arribo que todo poder naval debe desarrollar.
Roles que Cumple el Poder Naval de un Estado
Las armadas o fuerzas navales tienen las misiones tradicionales de la defensa nacional e
integridad de sus respectivos territorios; no obstante, con el incremento de las amenazas no
tradicionales y las ineficiencias de ciertas instituciones estatales, las armadas han ido retomando
el rol de la seguridad marítima que les corresponden a las autoridades marítimas5 de cada Estado.
La defensa nacional y la seguridad marítima son dos roles diferentes, pero que al presente
las armadas han estado realizando simultáneamente. Cada Estado tiene su propia realidad, basada
en la robustez de sus instituciones y fortaleza económica. La dimensión de seguridad marítima
tiene otra connotación, distinta a la militar; pero, los conductores políticos buscan tener sus
fronteras terrestres, marítimas y aéreas seguras, y por lo tanto formulan sus mejores estratégicas
para alcanzar los objetivos nacionales y satisfacer las aspiraciones de la sociedad.
4 El término de aguas azules hace referencia a la condición que adquiere una armada al navegar,
interoperar, cooperar y realizar operaciones en alta mar; es decir, distante de sus costas.
5 El rol de autoridad marítima contempla las tareas de: primero, salvaguarda de la vida humana en el mar,
asistencia humanitaria y mitigación de catástrofes nacionales; segundo, vigilancia, control y fiscalización
de la preservación del medio ambiente marino y las actividades económicas, deportivas y recreacionales
en el mar; tercero, ejercer las funciones del servicio de guarda costa en todo el territorio marítimo
(vigilancia y combate contra las amenazas no tradicionales), contribuyendo al desarrollo social y a los
planes de gobierno; y cuarto, aporte al desarrollo científico, tecnológico e industrial nacional marítimo.
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En la actualidad, la seguridad marítima internacional exige la colaboración de todos los
Estados y proteger coordinadamente eso que le pertenece a la humanidad. «Hoy, el papel noble
consiste en proyectar poder, fuerzas y, en general, seguridad en el exterior.» (Mulqueen et al.,
2014, p. 49). No se trata de proteger lo propio, sino lo de todos. «Las armadas son
particularmente buenas en la cooperación internacional porque el mar no tiene barreras naturales»
(Eberle, 1994). Aquí radica la importancia del poder naval que mediante la cooperación puede
protegerse la alta mar, y contribuir con la comunidad internacional.
El rol que cumplen las armadas es una tríada que puede resumirse así: en lo militar, para
la Defensa Nacional e integridad del territorio marítimo; en política exterior, como diplomacia de
cañoneras; en cuanto a la seguridad marítima, como guardacostas o servicio naval. Al
desempeñar ese carácter triple, las armadas realizan una variedad de tareas, para las cuales los
planificadores navales “Están obligados a traducir los objetivos de su política en fuerzas de una
magnitud y composición adecuada; tienen que decidir el carácter y la oportunidad del despliegue
y del empleo; [y] tienen que elegir tácticas” (Booth, 1977, p. 20). El fin de las armadas es el uso
del mar para beneficio del Estado y negárselo a otros. En las ideas elementales de Booth, las
armadas son empleadas para negociar en lo diplomático; mantener el equilibrio de poder y
defensa nacional en lo militar; y proteger los intereses marítimos del Estado en su rol de
guardacostas; siendo lo esencial de las armadas su carácter militar.
En El Salvador, la Fuerza Naval cumple las tareas de la defensa nacional como de
seguridad marítima; pero las segundas son realizadas de facto6 y como un hecho inevitable al
realizar los patrullajes en el mar territorial; es decir, durante la presencia naval que el Estado
salvadoreño realiza en las 200 millas náuticas bajo la concepción de la soberanía, actúa en caso
de ser imperativo en otros eventos relativos a las amenazas no tradicionales como el narcotráfico,
trata de personas, contaminación marítima, entre otras. Lo importante es tener mares limpios y
seguros y con esto evitar el desorden en el mar que pueda generar consecuencias e impactos
negativos en la franja costera salvadoreña. En palabras de Till (2009), «El desorden en el mar
solo empeorará las cosas en tierra». (p. 306)
6 Se espera que en un futuro cercano la Fuerza Naval evolucione en su concepción y organización, y
retome por ley el rol de autoridad marítima para el bienestar del Estado salvadoreño.
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Importancia del Poder Naval y los Compromisos de los Estados Ribereños con la
Comunidad Internacional
En los Estados7 que poseen mar, es vital conocer el grado de dependencia que guardan
con sus líneas de comunicaciones marítimas, las cuales se materializan cuando los buques con su
carga navegan por el mar. Todo Estado que posee un espacio geográfico marítimo debe tener un
poder naval capaz de legitimar su soberanía absoluta sobre él, de lo contrario, corre el riesgo de
ser hostigado por otros Estados una y otra vez. «Todos los estados deben constantemente estar
listos, ya sea para contrarrestar la fuerza con la fuerza o para pagar el costo de la debilidad»
(Waltz, 2001, p. 160).
Los riesgos de abandonar la vigilancia y ordenamiento del territorio marítimo son
múltiples y está demostrado actualmente que el querer combatir las amenazas no tradicionales de
manera unilateral en la inmensidad del mar es altamente complejo por diferentes razones y
costos. La piratería, sobreexplotación de recursos pesqueros por otros Estados, narcotráfico,
crimen organizado transnacional, trata de personas, tráfico de armas y terrorismo, representan
amenazas a la seguridad internacional tanto como a la defensa nacional de los Estados.
Para los Estados en vías de desarrollo con armadas pequeñas es aún más difícil operar
para proteger sus líneas de comunicaciones marítimas; además, contribuir con el buen orden en la
mar con la comunidad internacional se convierte en una odisea. Tanto los Estados con armadas
grandes como con armadas medianas o pequeñas están convencidos que la cooperación a través
de alianzas o coaliciones es lo mejor para la comunidad internacional. Las amenazas no
tradicionales no tienen fronteras y es por esto que cooperar es la mejor opción para el mundo. Son
tantas las amenazas en el mar que no es posible afrontarlas unilateralmente por ningún Estado.
La idea clave es la necesidad de abordar los riesgos y amenazas lo más lejos posible de las
propias fronteras [...] el discurso dominante sobre la proyección de la seguridad está
respaldado por un discurso geopolítico, basado en representaciones, como ‘nosotros-
estables-seguros’ versus ‘ellos-inestables-peligrosos’ […] en otras palabras, la propia
7 Aquí se refiere a Estados marítimos, insulares, archipelágicos, ribereños; es decir, que exista vinculación
con un espacio de agua donde puedan existir LL. CC. MM.
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seguridad depende de la capacidad de ‘nosotros’ para influir en ‘ellos’. (Mulqueen et al.,
2014, p. 46)
Este es el reto, cooperar para ser una comunidad de sociedades fuerte en el mar y proteger
tanto la seguridad internacional como la defensa nacional de los Estados-nación.
Bajo tal argumentación es que toma sentido lo realizado por la Fuerza Naval de El
Salvador sobre combatir el narcotráfico para proteger la salud de la sociedad salvadoreña, así
como la de la comunidad internacional. El Salvador, con base en la Constitución de la República,
posee 200 millas náuticas de mar territorial8 donde ejerce soberanía permanente; pero, la Fuerza
Naval también contribuye decisivamente con la comunidad internacional al proteger, vigilar y
actuar en alta mar. Por ejemplo, el 13 de febrero del año 2022, se ubicaron 2.1 toneladas de
cocaína, con un valor en el mercado de $ 52.7 millones, a bordo de un LPV (bote de bajo perfil,
comunmente conocido como semisumergible) a 948 km de distancia de la costa salvadoreña.
A las estructuras de narcotraficantes se les ha interrumpido el uso de las líneas de
comunicaciones marítimas salvadoreñas. Desde enero 2015 hasta agosto de 2022, la Fuerza
Naval de El Salvador ha ubicado 176 pangas9, 10 LPV, 1 SPSS10, 464 pangueros11, y un
aproximado de 49.4 toneladas de cocaína. Lo anterior es una muestra del compromiso que tiene el
Estado salvadoreño con la comunidad internacional.
En el caso salvadoreño, los atributos que la Fuerza Naval ha desarrollado le permiten
interoperar con armadas grandes como la de EE. UU., y armadas medianas como la canadiense y
la mexicana.
8 Existen evidencias que demuestran la soberanía que El Salvador ejerce en este espacio geográfico
marítimo; entre ellas, la aquiescencia y respeto de EE. UU. y Canadá durante operaciones en el mar
territorial salvadoreño de 200 millas náuticas. También, está claro la interoperabilidad que la Fuerza Naval
realiza en alta mar con las armadas de EE. UU., México y Canadá.
9 Embarcaciones motor fuera de borda empleadas por los narcotraficantes para transportar cargas ilícitas.
10 Semisumergible autopropulsado.
11 Supuestos pescadores nacionales o extranjeros que transportan cocaína o colaboran logísticamente con
las actividades vinculadas al narcotráfico.
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Las llamadas pequeñas armadas (fuerzas navales o marinas de guerra) tienen posibilidades
de superar su inferioridad si logran integrarse en los marcos y coaliciones navales
multilaterales, ya que esto les permite contribuir […] a proyectar la seguridad y afianzar el
orden internacional. (Mulqueen et al., 2014, p. 50).
El liderazgo estratégico dentro de la Fuerza Naval hizo posible, desde el año 2015,
interoperar con armadas con mayores capacidades, mejor adiestramiento, con más recursos y con
tecnologías de última generación; pero, aquí es que toma un rol importante el liderazgo
estratégico y la conducción de las operaciones navales. “Con el objeto de mejorar su posición
disuasoria y defensiva, las escuadras [buques de guerra organizados] de las mayores potencias
marítimas […] han estado permanentemente o casi permanentemente operando en aguas lejanas
[…] los esfuerzos que ellos implican son siempre agotadores» (Booth, 1977, p. 31). Estas son las
tareas que realiza la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Naval de El Salvador en alta
mar: sin ser una potencia marítima grande, busca contribuir con la comunidad internacional en el
compromiso del buen orden en la mar, específicamente, con las amenazas no tradicionales como
el narcotráfico, trata de personas, piratería y terrorismo. Como se ha argumentado, las amenazas
están más allá del mar territorial donde los Estados ejercen soberanía y por eso mientras más se
coopere en la seguridad en alta mar, más seguras serán las aguas territoriales del propio Estado.
Conclusiones
La seguridad del territorio de un Estado es necesaria para el desarrollo de este, sea cual
sea su dimensión; es decir, la extensión continental, marítima y el espacio aéreo. La
independencia política y la integridad territorial define la existencia de un Estado y los
conductores políticos son los responsables de alcanzar esas aspiraciones para la preservación de
este.
El poder naval es el responsable de cuidar los intereses marítimos de un Estado a la vez
que hace efectiva la soberanía en el territorio marítimo; asimismo, cumple un rol diplomático que
acompaña a proyectar la política exterior del Estado.
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Son dos los roles que en la actualidad desarrolla la Fuerza Naval de El Salvador, el de
defensa nacional (seguridad) y el de seguridad marítima (desarrollo), ambos legitiman la
presencia del Estado en las 200 millas náuticas de mar territorial salvadoreño.
El Estado salvadoreño coopera con los compromisos internacionales al enfrentar las
amenazas no tradicionales como el narcotráfico, protegiendo de esta manera la salud de la
sociedad internacional, al igual que promueve el buen orden en la mar.
El desarrollo de los atributos del poder naval salvadoreño ha permitido mejores
capacidades para realizar tareas en aguas azules e interoperar junto a potencias marítimas grandes
y medianas.
Referencias
Asamblea Legislativa . (2002). Ley de la Defensa Nacional. Diario Oficial.
Booth, K. (1977). Las Armadas y la Politica Exterior. Instituto de Publicaciones Navales.
Cable, J. (1971). Gunboat Diplomacy. Political applications of limited naval force. Chatto and
Windus Ltd.
Eberle, J. (1994). Law and Order at Sea. Royal Institute of International Affairs, 50(6), 106-109.
Hill, R. (1990). Estrategia Marítima para Potencias Medianas. Instituto de Publicaciones
Navales.
Mulqueen, M., Sanders, D. y Speller, I. (2014). Small Navies. Strategy and policy for small
navies in war and peace. Routledge.
Nicholas, J., Pickett, G. y Spears, W. (1959). The Joint and Combined Staff Officers Guide.
Army War Collage.
Solis Oyarzun, E. (2004). Manual de Estrategia Tomo II. Academia de Guerra de la Armada de
Chile.
Till, G. (2009). Seapower. A guide for the Twenty-First Century. Routledge.
Waltz, K. (2001). Man, the State and War. Columbia University Press.
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LA INTEGRACIÓN CORÍO–ACRE:
ENLACE ENTRE MILITARES Y CIVILES
SOBRE LOS TEMAS DE SEGURIDAD Y
DEFENSA DE BRASIL Y PERÚ
CORÍO–ACRE INTEGRATION: LIAISON BETWEEN
MILITARY AND CIVILIANS ON SECURITY AND DEFENSE
ISSUES IN BRAZIL AND PERU
PP. 95-117
Leandro Mendes da Costa
Ejército del Brasil
sb149892@caen.edu.pe
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4557-0010
Coronel del Ejército Brasileño con maestría en Ciencias Militares, en la Escola de Comando e
Estado-Maior (ECEME), con investigaciones en el área de geopolítica.
Recibido: 24 Ago 22
Aceptado: 21 Set 22
Publicado: 17 Oct 22
Resumen
Perú y Brasil son países vecinos de América del Sur, tienen en común la selva Amazónica, la
cultura latinoamericana y coinciden en sus problemas políticos y sociales. Las políticas
nacionales de seguridad y defensa de Perú y Brasil son documentos estructurados con base en
los principales objetivos considerados para el mantenimiento de la soberanía de estos países.
Aun cuando las políticas de defensa de ambos países describen la necesidad del
involucramiento de toda la nación para la promoción del desarrollo nacional y, en consecuencia,
el sostenimiento de la soberanía, los temas de seguridad y defensa son poco difundidos por los
poderes del Estado y por la sociedad. Así, por medio de una investigación con enfoque
cualitativo, con método descriptivo y análisis de datos, comprobamos la divulgación restricta
de estas políticas, resultando en la necesidad de incrementar estos temas en la sociedad de Brasil
y Perú. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es presentar una iniciativa de integración
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entre Brasil y Perú y sus políticas de seguridad y defensa, a través del eje Corío–Acre,
motivando a la sociedad a que se interese en los temas de defensa.
Palabras clave: Brasil, defensa nacional, integración, Perú, seguridad nacional.
Abstract
The national security and defense policies of Peru and Brazil are documents structured based
on the main objectives considered for the maintenance of the sovereignty of these countries that
are: neighbors in South America, have in common the Amazon rainforest, Latin American
culture, and the coincidence of political and social problems. Security and defense issues are
few explored by the Powers of the State and by society, but the defense policies of both
countries describe the need for the involvement of the entire nation for the promotion of national
development and, consequently, maintenance of sovereignty. Thus, through qualitative
research, with a descriptive method and data analysis, we verified the restricted dissemination
of these policies, resulting in the need to increase these issues in the society of Brazil and Peru.
Therefore, the objective of this study is to present the relationship of an integration initiative
between Brazil and Peru, through the Corío–Acre axis, with security and defense policies,
motivating society to be interested in defense issues.
Keywords: Brazil, national defense, integration, Perú, national security.
Introducción
Las políticas nacionales de seguridad y defensa son una realidad necesaria para obtener
un plan estratégico a seguir con el objetivo de mantener la soberanía de una nación. Pero estas
son hechas por militares y estudiosos en el área de seguridad y defensa de un país y su
conocimiento no suele exceder el círculo de especialistas, por ende, no sabemos hasta qué punto
hay interés en la sociedad sobre temas de esta naturaleza, ya sea por la falta de divulgación de
éstos o por la poca o inexistente discusión en sociedad sobre temas de seguridad y defensa.
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Los militares normalmente son fuertemente inquiridos por la sociedad debido a la
importancia de sus trabajos, principalmente en países no acostumbrados a tomar parte en
combates para el mantenimiento de la soberanía de una nación. Se les reclama a los militares el
aseguramiento de su existencia y sus gastos en material bélico, entre otros aspectos.
La sociedad tiene acceso a las informaciones sobre las situaciones nacionales, sin
embargo, sus miembros eligen lo que cada uno desea o lo que es más cómodo para el
sostenimiento de su existencia y de sus seres queridos. Así, la vida en sociedad es
contextualizada en particularidades que no son favorables para la cohesión y muchas veces para
el desarrollo de políticas de Estado o nacionales con enfoque en el área militar; pero, existen
muchos casos en los que las políticas de seguridad y defensa se han desarrollo con participación
de la sociedad civil, lo cual representa un punto para explorarse en el Perú, tanto por militares
como por civiles.
En países más desarrollados, observamos una mayor valorización de sus militares. En
Estados Unidos, por ejemplo, las personas que fueron a la guerra son homenajeadas antes de
los espectáculos o eventos públicos; además, observamos también una mayor integración de la
sociedad en los temas militares: los estudiosos de defensa normalmente tienen sus ideas
enfocadas en políticas de Estado y estos hacen planificaciones nacionales, muchas veces en
conjunto con los militares y políticos.
De lo anterior se entiende la relevancia del presente artículo que tiene por objetivo
presentar la importancia de la integración Corío–Acre para la seguridad y defensa de Perú y
Brasil, con el fin de argumentar sobre la necesidad de que los militares planifiquen un eje
multimodal entre estas dos regiones, en conjunto con los poderes del Estado y la sociedad, de
acuerdo con lo previsto en la Política Nacional de Defensa de Brasil (PND) y en la Política
Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional de Perú (PNMSDN), atendiendo a la
tabla 34, lineamiento 1.1, garantizar la defensa de los intereses nacionales, con aumento de la
participación del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de la sociedad en temas como éste.
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Marco teórico
Cuando se explica que una política del área de defensa es pública, significa que está
destinada para toda la nación y debe ser planificada y ejecutada con el fin para el cual está
destinada. Así, observamos en los conceptos expuestos en las clases del General y catedrático
Marco Antonio Miranda Valdez del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) que las
políticas públicas son la solución para problemas evidentes en la sociedad, tales como salud y
educación. Estas políticas suelen ser clasificadas como políticas de Estado, de gobierno y
nacionales.
Las políticas de Estado tienen carácter permanente, o sea, con los cambios sociales estas
no se adaptan a los gobiernos, sino los gobiernos a estas; diferente de las políticas de gobierno
que son hechas para cada periodo político y de acuerdo con la ideología de su partido y los
cambios exigidos por la sociedad en el presente momento. En cuanto a la política nacional de
seguridad, ésta es planeada de acuerdo con las políticas de Estado. Así, se puede pensar que su
diseño y ejecución debe ser invariable, sin embargo, existen periodos de actualización, como
veremos en el caso de Brasil, pero la esencia principal no debe cambiar (el funcionamiento de
esta sistemática, no es motivo de la presente investigación).
En este contexto, observamos en Perú una clara estructuración de la Política
Multisectorial para la Seguridad y Defensa con su aprobación y empleo hasta el año 2030,
cuando será sometida a una actualización. Esto mismo pasa periódicamente en Brasil,
evidenciando la flexibilidad que estas políticas requieren. A pesar de ello, hay autores que
confunden el tipo de política que debe remitir al empleo de las políticas de defensa, siendo estas
de Estado o gobierno. En la presente investigación se tomará en cuenta esta distinción, pues la
política de Estado tiene un carácter permanente, lo cual no corresponde con la propuesta,
mientras que la política de gobierno muchas veces no es aprobada en el período destinado a su
funcionamiento, lo cual tampoco la haría deseable.
Así pues, el objetivo general del presente estudio es presentar la relación de una
iniciativa de integración entre Brasil y Perú, a través del eje Corío–Acre, con las políticas de
seguridad y defensa, motivando a la sociedad a tener más participación en los temas de defensa.
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La Política Nacional de Defensa de Brasil
La Política Nacional de Defensa (PND) fue desarrollada en el año de 1996 siendo el
documento guía de la política a ser desarrollada en Brasil con enfoque en la defensa. Tal como
vemos en la introducción de la PND (2020), este documento debe tener conciencia nacional,
pues su objetivo no es solamente orientar la preparación y empleo del sector militar, sino
también del sector civil, destinando la aplicación de sus recursos de acuerdo con todas las
esferas del poder nacional.
Por esferas del poder nacional comprendemos los órganos responsables de conducir las
políticas en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde la administración pública directa hace
uso de los recursos y medios necesarios para mantener la soberanía y el desarrollo nacional.
Así, se entiende que es necesario establecer una estrecha relación de los conceptos descritos en
la PND con las planificaciones de los políticos y de la sociedad.
En este contexto de alineamiento de la PND con objetivos nacionales permanentes y
con la concientización de la población brasileña, afirma Niemeyer (2020):
Desde a promulgação da Política de Defesa Nacional e da criação do Ministério da
Defesa do Brasil, respectivamente nos anos de 1996 e 1999, durante o governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o tema defensa nacional vem ganhando
projeção junto à sociedade brasileira através da imprensa ou da área acadêmica, não
mais se limitando, como num passado recente, a um assunto exclusivamente militar
tratado dentro dos círculos restritos às Forças Armadas. [Desde la promulgación de la
Política de Defensa Nacional y de la creación del Ministerio de la Defensa de Brasil,
respectivamente en los años de 1996 y 1999, durante el gobierno del presidente
Fernando Henrique Cardoso, el tema de defensa nacional viene recibiendo proyección
junto a la sociedad brasileña por medio de la prensa o del área académica, no
limitándose, como en el pasado reciente, solamente a un tema militar tratado en las
Fuerzas Armadas]. (p. 51)
Por lo expuesto, observamos una preocupación en Brasil por la concientización nacional
de los temas de defensa y su discusión en sociedad, así claramente expuesto en la introducción
de la PND (2020). Además; esta perspectiva también considera la importancia para la defensa
de que la política externa de Brasil se base en la búsqueda de las relaciones multilaterales e
integración regional sudamericana (Figura 1).
Página 99
Figura 1
Agentes considerados en la Política Nacional de Defensa de Brasil
En la sección 2.3 de la PND (2020) observamos que existe una preocupación en
mencionar que las áreas de interés para la seguridad y defensa no siempre son las militares; es
decir, muchos temas sensibles o estratégicos para una nación pueden ser considerados temas de
defensa, tales como: salud, industria, infraestructura, medioambiente, seguridad pública, entre
otros. En consecuencia, muchas veces no son discutidos por los militares y corresponde a toda
la sociedad la obligación de estar informada de los temas tratados en la PND.
Por otro lado, tanto la Constitución de Brasil como la PND establecen como uno de sus
objetivos la integración de América del Sur. Esto se podría llevar a cabo mediante la
construcción de un eje multimodal (carretera-ferrocarril) entre Corío-Acre que integre el
interior del subcontinente con el océano Pacífico para garantizar un desarrollo de estas regiones.
Atendiendo al segundo objetivo planteado, este proyecto también representa una oportunidad
para involucrar a civiles y militares en temas de seguridad.
La Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 de Perú
En la Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional, Las Fuerzas Armadas de Perú a través
del CAEN (2019) describen la necesidad de mantener los documentos de seguridad y defensa
con un enfoque humanista de libertad, igualdad y fraternidad, de acuerdo con los principios
democráticos establecidos en el artículo 43 de la Constitución de la República de Perú; con
cambios importantes en la doctrina de defensa del país que buscan esclarecer el concepto de
Página 100
seguridad, determinar amenazas y preocupaciones, consolidar la participación de los
componentes de defensa en la preservación de la soberanía del país, así como enfatizar la
preeminencia de los temas de seguridad para enfrentar tales amenazas.
La Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030 aporta en
el ítem 9 de la tabla 1 la IV Conferencia de Ministros de Defensa de Manaus 2000, un
instrumento que sostiene la importancia de los asuntos de defensa y la incumbencia del tema
para toda la sociedad, no solamente militares. En realidad, debemos comprender que los temas
de seguridad y defensa son coincidentes con los temas de desarrollo nacional; por ejemplo,
mejorar la infraestructura nacional, poblar áreas inhóspitas y desarrollar la industria nacional,
en mucho contribuye para el mantenimiento de la soberanía de un país y su defensa.
En el ítem 15 de la misma tabla, observamos otro instrumento que representa de igual
forma un ámbito de discusión entre civiles y militares: la VI Conferencia de Ministros de
Defensa de Quito en 2004, reunión que deja en claro la importancia del desarrollo nacional,
principalmente a través del combate a la pobreza, teniendo en cuenta que ésta y la exclusión
social ponen en riesgo la seguridad de una nación. Entendemos que la pobreza lleva a
situaciones de marginación social, puerta de entrada para el surgimiento de organizaciones
criminales y que éstas muchas veces pueden poner la soberanía de un país bajo amenaza, como
es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En la tabla 2 de la Política Nacional Multisectorial tenemos, en uno de los pasos
previstos para su elaboración conjunta, el análisis y alineamiento con el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional al 2050, evidenciando la relación de los temas de seguridad y defensa con
la Visión de Desarrollo de Perú hacia el 2050 (CEPLAN, 2019). Tomando como marco dicho
alineamiento, así como la importancia ya establecida de abordar los temas de seguridad desde
el combate a la pobreza, podemos justificar, desde el ítem 3 del Plan Estratégico que fomenta
el crecimiento económico sostenible a través del empleo digno para la sociedad, la construcción
del puerto Corío en Arequipa y su integración con Brasil, como futura e importante oportunidad
de empleos para muchos ciudadanos peruanos.
Además de los aspectos destacados, la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y
Defensa Nacional al 2030 presenta un análisis de diversos problemas sociales considerados
como incidentes en la seguridad nacional ya que pueden afectar incluso la soberanía. Por
ejemplo, tenemos los gráficos que muestran los índices de producción de coca en Perú.
Página 101
Figura 2
Evolución de cultivos de hoja de coca a nivel nacional
Evolución de cultivos de hoja de coca a nivel nacional,
2006 - 2017 (hectárea)
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Nota. Tomada de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030.
Este es un problema de todos los países de América del Sur, principalmente de los que
tienen territorio dentro de la selva amazónica, región de producción y formación de carteles de
comercio para los países del Norte. La problemática de la coca llega a afectar la soberanía
nacional cuando las Fuerzas Armadas no consiguen mantener el control de estos grupos que
trafican drogas; en ese caso, países como EE. UU., bajo la justificación de brindar apoyo para
el combate del tráfico de sustancias ilícitas y disminuir el consumo de sus ciudadanos,
intervienen en el territorio nacional.
Así pues, de lo de lo expuesto hasta el momento se destaca la necesidad de garantizar la
defensa de los intereses de Perú conforme se especifica en el ítem 1 de la tabla 34 de la Política
de Seguridad y Defensa, el cual busca una aproximación de los temas abordados en el
documento que integre a diversos sectores de la sociedad peruana. De igual forma, todos los
aspectos abordados en la misma política nos muestran la gran relación que hay entre los poderes
del Estado, la sociedad y los temas de seguridad y defensa, lo cual sirve para motivar
planificaciones como la iniciativa de construcción del puerto Corío e incremento del eje
multimodal hasta Acre, para promover el desarrollo nacional y la integración de América del
Sur.
Página 102
El eje multimodal Corío-Acre
El subcontinente de América del Sur está formado por trece países y una región ultramar
ubicada en el hemisferio sur; al norte de su territorio está América Central; al sur, el encuentro
de los océanos Atlántico y Pacífico que bañan respectivamente el este y oeste de Sudamérica;
la extensión territorial abarca cerca de 17,825 894 m2.
Los países sudamericanos tienen algunos disociadores físicos geográficos que limitan
la cohesión entre ellos, tales como la cordillera de los Andes y la selva amazónica; en muchas
ocasiones estos factores son el motivo por el cual aumentan los costos de las importaciones.
Así, se hace necesaria la búsqueda de alternativas para integrar el territorio y con ello facilitar
el desarrollo económico y social de los países de la región.
Ahora bien, en la organización de la integración regional cada país debe jugar roles
distintos. La Constitución de la República Federativa de Brasil prevé la necesidad de
integración regional para la promoción del desarrollo de los países y, además, le toca al Brasil
liderar esta iniciativa, por el área que el país ocupa en este subcontinente, cerca de cincuenta
por ciento del territorio sudamericano. El Ministério das Relações Exteriores (MRE) (2011)
afirma que Brasil tiene como prioridad en sus relaciones internacionales la integración de
América del Sur. Así, por ejemplo, tenemos la carretera interoceánica, como una propuesta
ejecutada por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
(IIRSA), construida desde Acre, próximo a la cuenca del Pacífico y pasando por Bolivia, lo que
facilita el trasporte de la producción brasileña hasta el océano Pacífico, principal ruta de
comercio con China, que es uno de los principales importadores de materia prima regional.
Por otra lado, como parte de la integración regional y forma de cumplir con la soberanía
nacional de los países involucrados, existe la necesidad de administrar conjuntamente el
territorio de la Amazonía, lo cual implica poblar la zona y gestionar las riquezas naturales, entre
otras cuestiones. En este sentido, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica
(OTCA) funge como marco internacional para el desarrollo de políticas públicas entre Perú y
Brasil.
Página 103
Ante la posibilidad de construcción de un puerto en la región de Arequipa, llamado puerto
Corío, Chama y Talavera (2017) presentan consideraciones sobre la carga comercial de Brasil
en la región, lo que es un importante aporte para el estudio de la integración binacional con Perú.
Los resultados encontrados son favorables para la construcción del puerto y proponen que sea
llevado a China para obtener los recursos necesarios, ya que el volumen comercial de este país
con América del Sur es significativo por ser comprador de materia prima regional.
El volumen comercial calculado se justifica por la capacidad que el puerto tendrá para
recibir buques de grandes dimensiones ya que la profundidad contemplada es de 28 m, tal como
vemos en la Figura 3 que explica el potencial técnico de la región propuesta para la construcción
del puerto.
Figura 3
Bases estratégicas de un hinterland
Nota. Tomado de Gómez, E. J. (2014).
Con un puerto de esta capacidad, la producción de soya de Brasil a China, por ejemplo,
sería enviada por el Pacífico; pero para sostener la demanda, la carretera existente entre Brasil y
Perú que viene por Acre y pasa por Bolivia no es suficiente, por lo tanto, la infraestructura de
comunicación debería de incrementarse con el transporte a través de ferrocarril, lo cual también
Página 104
promovería la integración binacional por un eje multimodal, esto es, carretera más ferrocarril.
Tal medida posiblemente traerá desarrollo regional, aumento de empleo y ocupación de áreas
aún no pobladas, contribuyendo al mantenimiento de la soberanía de estos países, a través de la
estrategia de la presencia, mencionada como uno de los objetivos de la PND de Brasil.
De lo expuesto, verificamos que la posibilidad de construcción del puerto Corío presenta
una motivación para desarrollar una política de integración entre Brasil y Perú, alineada con las
políticas de seguridad y defensa de estos países, en lo que corresponde a los objetivos
planificados en estas.
Método
Para cumplir con el objetivo general de la presente investigación fue elegido el enfoque
de investigación cualitativo, ya que se trata de un estudio de alcance descriptivo de los
problemas evidenciados en las sociedades peruana y brasileña, relacionados con las políticas
de seguridad y defensa de estos países, con revisión documental y recolección de datos sobre
las opiniones de militares del Estado Mayor de Brasil y Perú sobre estas temáticas, así como
sobre el proyecto de construcción del puerto Corío con la ejecución de un eje multimodal hasta
Acre para la integración binacional y desarrollo de estos.
Considerando estos objetivos y según los estándares establecidos en el libro de Vergara
(2009), se presnta una investigación descriptiva. Así, los pasos fueron determinar la
problemática existente, proponiéndose un tema relevante tanto para militares como para civiles;
posteriormente, realizar discusiones acerca de las políticas de seguridad y defensa de estos
países y las posibilidades de adecuación a las políticas de gobierno para una ampliación de la
integración binacional ya existente.
Página 105
Resultados de la Encuesta
Pregunta 1
Conciencia de los ciudadanos sobre la existencia de la políticas de seguridad
¿Cree que los brasileños conocen el contenido de la Política de Defensa Nacional?
¿Cree que los peruanos conocen el contenido de la Política Nacional Multisectorial de
Seguridad y Defensa Nacional?
Página 106
Pregunta 2
Involucramiento del poder ejecutivo en la construcción de las políticas de seguridad
¿Cuál es el nivel de involucramiento del poder Ejecutivo en la construcción de la PND?
¿Cuál es el nivel de involucramiento del poder Ejecutivo en la construcción de la PNMSDN?
Pregunta 3
Involucramiento del poder Judicial en el proceso de construcción de las políticas de seguridad
¿Cuál es el nivel de involucramiento del poder Judicial en la construcción de la PND?
Página 107
¿Cuál es el nivel de involucramiento del poder Judicial en la construcción de la PNMSDN?
Pregunta 4
Involucramiento del poder Legislativo en el proceso de construcción de las políticas de
seguridad
¿Cuál es el nivel de involucramiento del poder Legislativo en la construcción de la PND?
¿Cuál es el nivel de involucramiento del poder Judicial en la construcción de la PNMSDN?
Página 108
Pregunta 5
Importancia del apoyo de la población para las políticas de seguridad
¿Cree que la PND requiere del apoyo de la población para pasar del papel a una práctica más
efectiva?
¿Cree que la PNMSDN requiere del apoyo de la población para pasar del papel a una práctica
más efectiva?
Página 109
Pregunta 6
Importancia del apoyo de los poderes del Estado para las políticas de seguridad
¿Cree que la PND requiere del apoyo de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) para pasar del papel a una práctica más efectiva?
¿Cree que la PNMSDN requiere del apoyo de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y
Judicial) para pasar del papel a una práctica más efectiva?
Página 110
Pregunta 7
Relevancia de la divulgación de las políticas de seguridad
¿En qué medida se debe divulgar la PND a la población brasileña?
¿En qué medida se debe divulgar la PNMSDN a la población peruana?
Pregunta 8
Importancia de las políticas de seguridad para los políticos
¿Cuál es la importancia de la PND para los políticos brasileños?
Página 111
¿Cuál es la importancia de la PNMSDN para los políticos peruanos?
Pregunta 9
Importancia de las políticas de seguridad según la sociedad
¿Cuál es la importancia que la sociedad brasileña ve en la PND?
¿Cuál es la importancia que la sociedad peruana ve en la PNMSDN?
Página 112
Pregunta 10
Nivel de conocimiento de las políticas de seguridad
¿Ha leído la PND?
¿Ha leído la PNMSDN?
Discusión
De los resultados presentados podemos verificar algunos aspectos importantes que
deben ser observados en el ámbito de los ejércitos de Brasil y Perú para una mejor planificación
y organización de las maneras como son hechas y divulgadas las políticas de seguridad y
defensa, con el fin de mejorar la discusión con los poderes del Estado y con la sociedad,
conforme a lo previsto en la PND y en la tabla 34, ítem 1 de la Política Nacional Multisectorial
de Seguridad y Defensa Nacional al 2030.
Con relación a la conciencia de los ciudadanos sobre la existencia de las políticas de
seguridad y defensa, tenemos que, en Brasil y Perú, la gran mayoría de los oficiales creen que
pocos ciudadanos conocen la existencia de estas. En relación con el involucramiento de los
poderes del Estado tenemos la siguiente tabla como comparación de los resultados:
Página 113
Tabla 1
Involucramiento de los poderes del Estado en las políticas de seguridad y defensa
EJECUTIVO
JUDICIAL
LEGISLATIVO
BRASIL
poco
ningún
poco
PERÚ
poco
poco
poco
En cuanto a la necesidad del apoyo de la sociedad y de los poderes del Estado para la
realización de las políticas de seguridad y defensa nacional, tenemos que, en Brasil y Perú, la
mayoría de los oficiales creen que es demasiado importante. No obstante, sobre la necesidad de
divulgación existe aún mayor concenso, pues el 100 % de ambos grupos de militares creen que
es demasiado importante.
Sin embargo, llama la atención que la mayoría de los militares de Brasil y Perú creen
que a los políticos y a la sociedad no les importan las políticas, lo cual es un aspecto que debe
ser mejorado. Finalmente, tenemos que aún existen militares que no leen las políticas de
seguridad y defensa de Brasil y Perú. Obtuvimos pues, una visón de cómo piensan los militares
con relación a lo que sucede con las políticas de seguridad y defensa. Cabe mencionar la
relevancia de estas discusiones, pues los oficiales del Estado Mayor serán los futuros líderes de
las Fuerzas Armadas de estos países. Así, es necesario motivar a los militares a desarrollar
estudios en conjunto con los civiles sobre estas políticas.
Conclusiones
El trabajo presentó las principales debilidades en relación con el involucramiento de la
sociedad y de los poderes del Estado en los temas de seguridad y defensa, así como el proyecto
de integración binacional entre Corío-Acre, que sirve de ejemplo para ampliar las discusiones
entre civiles y militares y que puede motivarlos por ser un tema interesante para ambos.
Hemos constatado que la realidad tiene que cambiar desde una visión interna, en otras
palabras, la manera cómo los militares de Brasil y Perú se dedican a los asuntos de seguridad y
defensa. Vemos que, de acuerdo con las opiniones expresadas en los cuestionarios, parte de los
oficiales no conocen a detalle como son planificadas las políticas de seguridad y defensa de sus
países: entre oficiales de Estado Mayor, aún existen militares que no leen todos estos
documentos.
Página 114
La PND de Brasil tiene como uno de sus objetivos, alineados con la Constitución de la
República de Brasil, incluir a los civiles en los temas de seguridad y defensa, además de
promover la integración de los países de América del Sur, facilitando el desarrollo nacional.
Debemos recordar la importancia que estos documentos tienen para la selva amazónica pues
presentan la necesidad de mantener la soberanía de esta región, a través de una estrategia de
presencia, es decir, desarrollar sosteniblemente esta área para mantenerla poblada y efectuar
con más eficiencia la integración de los países que poseen la selva como parte de su territorio,
utilizando la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para este fin.
La Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030
desarrollada en Perú tiene como objetivo, en su tabla 34 ítem 01, involucrar a la sociedad y los
poderes del Estado en sus temas, lo que nos muestra una similitud con las ideas planificadas en
la PND de Brasil. Los temas de defensa desarrollados en estos países pasan por la necesidad de
que sean también de conciencia nacional, así los organizadores de la política de seguridad y
defensa de Perú llaman la atención para que este documento sea una política nacional con
enfoque multisectorial basada en políticas de Estado y no de gobierno. De esta manera, debemos
comprender que hacia 2030, independientemente de las políticas planificadas por sus
gobernantes, se debe seguir lo que está en la política de seguridad y defensa, la cual tiene entre
sus temas importantes, la necesidad de desarrollo nacional con la mejoría del Índice de
Desarrollo Humano como una cuestión de seguridad que incide en la soberanía de Perú.
El proyecto Puerto Corío con integración hasta Acre en Brasil hará posible la interacción
entre civiles y militares sobre temas de desarrollo nacional que son comunes a la seguridad y
defensa, conforme concluimos con su existencia en las políticas de seguridad y defensa de
Brasil y Perú. Así, debemos considerar la potencialidad en términos de desarro que puede traer
la construcción de un eje multimodal que amplíe la capacidad de transporte entre, puesto que
aumentaría el empleo, proporcionaría mejor infraestructura regional y crecería el poblamiento
dentro de las áreas no ocupadas por el ser humano.
Página 115
Recomendaciones
Es importante que los militares desarrollen los temas de seguridad y defensa en conjunto
con los civiles y con los poderes del Estado. Para tal fin, se propone el proyecto de integración
binacional Corío–Acre, como un tema interesante para ser divulgado a la sociedad peruana,
involucrando a los gobiernos de Brasil y Perú, así como los gobiernos regionales de Arequipa
y Acre, con el objetivo de que se obtengan recursos para la construcción del puerto y de la
ferrovía, buscando la consolidación del crecimiento del comercio en esta región y trayendo
progreso para ambos países.
De esta forma, es importante concientizar a los militares sobre la relevancia de que
publiquen sus estudios y los hagan llegar a profesionales de otras disciplinas para motivarlos a
participar de las discusiones acerca de los temas de seguridad y defensa. Además de incentivar
a los civiles a participar en cursos desarrollados por instituciones militares, como se promueve
en el CAEN, en la Escuela de Guerra Naval y en el Centro Perry. Dicha circunstancia
difícilmente será una realidad en lo inmediato, pero con el paso del tiempo puede llegar a ser
considerado tan importante que los gobiernos de Brasil y Perú sean vean más obligados a
cumplir con estas políticas, por ser planeadas en conjunto con la sociedad y de forma binacional,
ojalá por medio de un grupo de trabajo multidisciplinar.
Referencias
Antônio Morais, Disponível. (2 de julio de 2016). Criei um monstro - Golbery do Couto e Silva.
Blog do Antônio Morais. http://blogdosanharol.blogspot.com/2016/07/criei-um-
monstro-golbery-do-couto-e.html
Bernardino, L. (2010). O Instrumento Militar como produto de Segurança e Desenvolvimento
nos Países de Língua Portuguesa. Suporte a uma Estratégia de Segurança Nacional. I
Congresso Nacional de Segurança e Defesa.
http://icnsd.afceaportugal.pt/conteudo/congresso/ICNSD_1B_texto_pdf_luis_bernardi
no.pdf
Beaufre, (1998). A Introdução a estratégia. Sílabo.
Brasil. MD. (2008). Estratégia de Defesa Nacional: paz e segurança para todo Brasil. 2ª
edição. Brasília.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 5 de octubre de 1988. (Brasil).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
Página 116
Ministério da Defesa. Livro Branco de Defesa Nacional. 24 de julio de 2020. (Ministério da
Defesa, Brasil).https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/copy_of_estado-e-
defesa/livro-branco-de-defesa-nacional. Acceso en: 03/05/2022
CAEN. (2019). Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional. CAEN.
Chama, A. y Talavera, J. (2017). Puerto Corío, Una Propuesta de Desarrollo para la Macro
Región Sur 2018 -2022 [Tesis de Grado, Universidad Católica de Santa María].
Repositorio de la Universidad Católica de Santa María.
Dos Santos, L. W. (2018). Política de defesa nacional do Brasil: uma política de Estado ou de
governo? Revista Brasileira de Estudos de Defesa, 5(2), 165-190.
DOI: 10.26792/RBED.v5n2.2018.75114
Gómez, E. J. (2014). Corío: Puerto de las Américas. Slideshare.
https://es.slideshare.net/elvisjump/corio-puerto-de-las-amricas-ing-elvis-jump-gmez
Ministério das Relações Exteriores. (28 de abril de 2011). Conselho de Infraestrutura e
Planejamento Cosiplan da Unasul Rio de Janeiro. Ministério das Relações Exteriores.
https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-
imprensa/conselho-de-infraestrutura-e-planejamento-cosiplan-da-unasul-rio-de-
janeiro-28-de-abril-de-2011
Niemeyer dos Santos Filho, J. L. (2020). Política nacional de defesa. A Defesa
Nacional, 90(800). Recuperado de http://ebrevistas.eb.mil.br/ADN/article/view/5964
Decreto Supremo 12-2017-DE que aprueba la Política de Seguridad y Defensa Nacional.
[Consejo de Seguridad y Defensa Nacional]. 6 de julio de 2017.
CEPLAN. (2019). La visón del Perú al 2050. CEPLAN.
Rudzit, G. y Nogami, O. (2010). Segurança e Defesa Nacionais: conceitos básicos para uma
análise. Revista Brasileira de Política Internacional, 53(1), 5-24.
DOI: 10.1590/S0034-73292010000100001
Valdez, M. A. M. (2022). UD III-S4: Politica de Seguridad y Defensa Nacional. Clases de
Política de Seguridad y Defensa Nacional del CAEN, Curso de Maestría en Desarrollo
y Defensa Nacional.
Vergara, S. C. (2009). Projetos e relatórios de pesquisa em administração. (10a. ed.). Editora
Atlas.
Página 117
EL TERRORISMO Y LA
GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ
TERRORISM AND GOVERNANCE IN PERU
PP. 118 - 138
Javier Hernán Trelles Vizquerra
Centro de Altos Estudios de Nacionales
jtrellesv@hotmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3896-4617
Ostenta los grados de Bachiller en Ciencias Militares con mención en Administración, de
Maestría en Administración de Empresas en la EUPG - UNFV, Maestría en Desarrollo
y Defensa Nacional en el CAEN, Maestría en Ciencias Militares, Toma de Decisiones y
Planeamiento Estratégico en la ESGE, Diplomado en el Curso de Altos Estudios en
Política y Estrategia en el CAEN, Diplomado en Gestión de Políticas Públicas en ESAN,
Diplomado en Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio ambiental en ESAN,
Diplomado en Seguridad Multidimensional - SEDENA en el CAEN. Actualmente cursa
estudios de doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el CAEN-EPG.
Recibido: 23 Ago 22
Aceptado: 10 Oct 22
Publicado: 17 Oct 22
Resumen
El presente artículo analiza las acciones terroristas desarrolladas por Sendero Luminoso,
desde la captura de su cabecilla Abimael Guzmán, camarada Gonzalo, hasta la fecha y su
influencia en la gobernabilidad del Perú. La organización terrorista Sendero Luminoso
ha cambiado su estrategia de acción a raíz de la captura años atrás de su cabecilla, es
decir, de la lucha armada y violenta que causó mucha destrucción material y numerosas
muertes, a un accionar diferente, por medios pacíficos y de manera soterrada, siendo lo
Página 118
más importante la creación de su brazo político denominado Movimiento por la Amnistía
y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), organización que reivindica sin sonrojos
el llamado Pensamiento Gonzalo en sus estatutos y comunicados. Posteriormente, ha
creado numerosos organismos de fachada, como el Frente de Unidad de Defensa del
Pueblo Peruano (FUDEPP), que le permiten continuar con su estrategia a largo plazo en
la búsqueda del poder, consecuente con su ideología marxista-leninista-maoísta;
primeramente, para socavar el sistema democrático establecido, solo para después
instaurar un Estado consecuente con sus fines políticos mediante el adoctrinamiento
político en universidades y organizaciones afines a su ideología, infiltrándose en
instituciones públicas del Estado, participando activamente en paros, movilizaciones y
en diversos conflictos sociales (mineros, cocaleros, etc.), incitando muchas veces a la
generación de desórdenes públicos y generando actos de violencia para desprestigiar al
gobierno e impedir la gobernabilidad del país.
Palabras clave: terrorismo, MOVADEF, organismos de fachada, violencia,
gobernabilidad.
Abstract
This article analyzes the terrorism actions carried out by Sendero Luminoso (SL), from
the capture of its leader Abimael Guzmán comrade “Gonzalo” to date and its influence
on the governability of Peru. The OT-SL has changed its strategy of action as a result of
the capture of its leader, that is, from the armed and violent struggle that caused much
material destruction and numerous deaths, to a different action, by peaceful means. and
in an underground way, being the most important, the creation of its political arm called
the Movement for Amnesty and Fundamental Rights (MOVADEF) and later numerous
Front Organizations, which are allowing it to continue its long-term strategy, in search of
the capture of power, consistent with its "Marxist-Leninist-Maoist" ideology; first of all
to undermine the established democratic system, and then establish a state consistent with
its political ends, through political indoctrination in universities, organizations related to
its ideology, infiltrating in public institutions of the State, actively participating in strikes,
mobilizations, and in various social conflicts (miners, coca growers, etc.) many times
inciting the generation of public disorder and generating acts of violence to discredit the
government, affecting this action to the governability of the country.
Keywords: terrorism, MOVADEF, front organizations, violence, governability.
Página 119
Introducción
El presente trabajo de investigación analiza la situación de violencia interna en el
Perú y el terrorismo ejercido por el grupo armado denominado Sendero Luminoso (SL).
La sobrevivencia y la gobernabilidad del Estado peruano estuvo en peligro por la
naturaleza violenta del accionar del referido grupo terrorista; la presencia de Sendero
Luminoso abrió un campo de debate sobre el concepto de soberanía, las reglas de
coexistencia y las instituciones y la relación entre los derechos del Estado y los derechos
humanos.
Sendero tuvo tres momentos en su proceso de construcción. El primero de 1928 a
1960, donde se estableció el camino de Mariátegui1 y la constitución del Partido. El
segundo momento fue la etapa de reconstrucción desde 1960 a 1979. Se luchó por retomar
el camino de Mariátegui y por la reconstitución del partido. Según Sendero Luminoso, el
PCP fue reconstituido y devino en Partido de Nuevo Tipo: Marxista-Leninista-Maoísta,
en donde la vanguardia organizada del proletariado sería capaz de conducirlo a la
conquista del poder. Por último, la tercera etapa de la dirección de la guerra prolongada
que comenzó en 1980, donde el partido se encaminó a dirigir la guerra popular a partir
del 17 de mayo de 1980.
En la década de los setenta, Perú transitaba por problemas políticos parecidos a
los de otros países latinoamericanos, con una economía sustentada principalmente en
recursos naturales como la pesca y el agro, y una clase dirigente que mantenía controlados
los resortes básicos de la vida institucional. Al mismo tiempo, en otros lugares, se
encontraba en gestión una radicalización política que buscaba a través de la lucha armada
cambios políticos sociales estructurales. Sendero Luminoso surgió en oposición al
dominio norteamericano, a la oligarquía y al latifundismo. Uno de los puntos
fundamentales de su propuesta era la reforma agraria con la unidad de todas las izquierdas
y la formación de varios frentes de lucha desde donde crecería la revolución. Favoreció
además su crecimiento el régimen militar peruano vigente y los cambios ocurridos en el
medio laboral de los años setenta. Hasta entonces, para los Estados Unidos el Perú era un
país sin mayor importancia política; por el contrario, para el Perú los Estados Unidos era
1 José Carlos Mariátegui (1895-1930) político y pensador peruano, uno de los ideólogos
marxistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX, fundó el Partido Socialista del Perú
que más tarde se convirtió en PCP luego de su muerte en abril de 1930.
Página 120
la principal fuente de capital y de tecnología, así como el mercado principal para sus
exportaciones.
Las acciones de Sendero crearon sentimientos ambivalentes entre trabajadores que
eran víctimas de las políticas laborales y las actitudes empresariales autoritarias. Las
metas de Sendero Luminoso fueron canalizar las necesidades y reclamos de los
trabajadores frustrados. Guzmán notó cuán desorganizados estaban el Estado y la
sociedad peruana en ese momento y trató de adaptar la estrategia de Mao a la realidad del
país, cercando la ciudad desde el campo. Guzmán creó una organización muy cerrada y
clandestina para evitar la infiltración. Sendero tuvo la habilidad de introducirse en
ministerios, empresas estatales relacionadas con la energía eléctrica y en los sindicatos de
maestros, desde donde adoctrinaban a parte de la comunidad. Cuando Sendero Luminoso
empezó a actuar en la Universidad de Huamanga ya tenían toda la información procesada
y pudo pasar camuflado como uno más de los grupos radicalizados.
El Estado peruano tomó la responsabilidad político jurídica que le compete de
restablecer el orden y la seguridad interna y su deber de reprimir, juzgar y sancionar,
dentro de los cauces legales, a los grupos terroristas que con sus actos criminales en el
campo y en la ciudad han violado sistemática y permanentemente los derechos humanos
elementales de la población peruana.
La violación de los derechos humanos pervierte todo el sistema y hace perder la
confianza de la población en sus autoridades e instituciones, incitando a una mayor
confrontación.
En el Perú ha existido una situación de conflicto interno, por eso se habla de lucha
y no de guerra frente al fenómeno terrorista. Se hace entonces necesario estudiar
detenidamente la realidad peruana para luego poder elaborar normas internacionales
relativas a los derechos humanos.
Según Jiménez Bacca, el terrorismo desarrolla actos de violencia armada contra la
vida, la salud y la libertad de las personas ejecutados de un modo sistemático y planificado
que tienden a crear una situación de inseguridad y de peligro colectivo para alterar el
orden constitucional o la organización jurídica del sistema democrático. En el Perú, el
terrorismo no sólo está tipificado como delito de traición a la patria, sino que además
dichos actos constituyen violaciones a los derechos humanos contra la mayor parte de los
peruanos. Además, las transgresiones a los derechos humanos perpetrados por los
Página 121
terroristas también transgreden los límites nacionales infiltrándose en otros Estados y
desprestigiando la imagen externa del país.
Material y Método
La población que comprende la unidad de análisis de este estudio, cuyo enfoque,
tipo y alcance de la investigación por el contexto sería cualitativo, directamente
relacionado con las acciones terroristas desarrolladas por el partido político comunista
marxista-leninista-maoísta revolucionario de organización armada denominado Sendero
Luminoso, estuvo conformada por los estudiantes del VI Doctorado en Desarrollo y
Seguridad Estratégica, que por la naturaleza de sus actividades académicas se relacionan
con los problemas planteados. Se aplicó una encuesta censal a la totalidad de los
integrantes y el instrumento de recolección de datos cualitativo fue aplicado a la
población compuesta por todos los integrantes del VI Doctorado en Desarrollo y
Seguridad Estratégica, es decir, veintitrés profesionales, por lo que se obvia la aplicación
de cualquier fórmula estadística, tal como señala Hayes (1999).
El censo estadístico consiste, principalmente, en recopilar medidas del número total
de individuos a través de diversos instrumentos de recolección de datos utilizados, que,
por el contexto, éstos serían la encuesta y el cuestionario, así como el empleo de técnicas
de conteo llevándose a cabo en cada período específico, siendo la unidad de análisis
orientada a los grupos u organizaciones sociales OT-SL.
Resultados
Sendero Luminoso en la Actualidad
Sendero Luminoso es una organización terrorista que ha realizado actos de
violencia armada contra la vida, la salud, el patrimonio y la libertad de las personas de un
modo sistemático y planificado, tendientes a crear una situación de inseguridad y de
peligro colectivo para alterar el orden constitucional o la organización jurídica del sistema
democrático; para la toma del poder político y desde allí aplicar sus doctrinas económicas,
sociales y educativas.
Página 122
La influencia fundamental de Sendero Luminoso fue la revolución cultural por la
que Mao pretendió poner fin a las viejas costumbres, los viejos hábitos, la vieja cultura y
los viejos modos de pensar, así como aplicar a la realidad peruana la estrategia militar de
Mao Tse Tung. Sendero mostró creatividad al combinar la rigidez estratégica con la
flexibilidad táctica y la lucha en el campo y en la ciudad; en gran parte, la llamada línea
militar del presidente Gonzalo no era más que una imitación de los planteamientos de
Mao Tse Tung.
Vizcarra (2018), refuerza la idea de que la nueva faceta de SL distorsiona los
conceptos tradicionales de cómo enfrentarlos, causando dificultades al Estado para la
elaboración de estrategias acordes con las particularidades que ha producido este cambio
en la OT-SL. Desde la fecha en que fue capturado Abimael Guzmán Reynoso, conocido
como camarada Gonzalo por sus partidarios, el 12 de setiembre de 1992, se observó cómo
la organización terrorista que había sido derrotada militarmente, resurgía con una nueva
estrategia plasmada en el ámbito político; estrategia que Abimael Guzmán iba
conduciendo de acuerdo a las circunstancias, gracias la permisividad de las decisiones
políticas de los más altos representantes del Gobierno de turno, aparentemente afines a su
ideología, pero poniendo en riesgo la gobernabilidad del país.
Abimael Guzmán el 28 de octubre de 1993, en una entrevista televisiva, exhortó
a sus seguidores a luchar por un acuerdo de paz, pero luego de la filtración por la PNP de
un documento reservado, se pudo conocer las verdaderas intenciones del mensaje
televisivo mencionado: realmente se hacía un llamado a sus seguidores para promover un
acuerdo de paz y pasar a una etapa de guerra política (Ramírez y Nureña, 2018).
A consecuencia del Acuerdo de Paz acordado con el gobierno de turno, la OT-SL
se dividió en dos facciones: una facción denominada Línea acuerdista que sigue la
consigna de Abimael Guzmán y que se concretó orgánicamente en el MOVADEF, la cual
políticamente busca como objetivo la amnistía general y la reconciliación nacional; más
tarde, además, trató de inscribirse como partido político para insertarse en los cauces
democráticos nacionales, sin resultados positivos. La otra facción, Proseguir, tomó una
posición contraria a la propuesta de paz de Guzmán, llamando a continuar con la lucha
armada bajo el liderazgo de los hermanos Palomino, quienes se han aliado con el
narcotráfico con la finalidad de financiar sus acciones armadas en el VRAEM; sin
embargo, sus manifiestos políticos difundidos siguen basándose en los principios del
pensamiento Gonzalo.
Página 123
A lo largo de veinte años y ante la permisividad de los gobiernos de turno, la OT-SL,
liderada por el MOVADEF y complementada con varios organismos de fachada (34 en
total), ha alcanzado los siguientes objetivos:
• Cambios de la legislación contra el terrorismo en beneficio de la OT-SL;
• Libertad de gran número de terroristas encarcelados;
• Enjuiciamiento a los miembros de las fuerzas armadas que los derrotaron
militarmente;
• Mejoras carcelarias a los senderistas;
• Apoyo a sus fines partidarios en las redes sociales;
• Intervenir con ideologías radicales y manejar los gremios de los maestros;
• Apoyo económico y difusión de su causa ideológica en el exterior;
• Intensa infiltración en universidades, institutos superiores, sindicatos y en
organizaciones civiles de extrema izquierda, con el fin de continuar, captar y organizar
nuevos cuadros.
Asimismo, participan activamente en todas las actividades relacionadas a
conflictos sociales bajo la cubierta de luchadores sociales, incitando a los participantes a
realizar desórdenes y actos de violencia contra las fuerzas del orden e instalaciones
públicas y privadas; también se han infiltrado en organismos del Estado relevantes como
los ministerios de Educación y de Cultura y el Congreso de la República, entre otros.
En el campo militar, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior
(DIGIMIN, 2017) informó que la OT-SL ha permanecido muy activa, habiendo realizado
10,488 acciones terroristas en el periodo 2007-2017. Como resultado de esas acciones
terroristas, han producido 428 muertes, de las cuales el 52 % fueron miembros de las
FF. AA., 26 % civiles, 16 % policías y 6 % terroristas.
Los Graves Daños al Perú, el Asesinato de 69 280 Personas
El Perú ha sufrido unos tiempos cruentos de violencia y asesinatos por más de dos
décadas (violación de derechos humanos y a la integridad de las personas, por ejemplo),
convirtiendo al país en una nación fragmentada por las heridas que impuso en las
víctimas, sus familias, así como en los pobladores de las ciudades y el campo, los
miembros de las instituciones de seguridad y defensa nacional, incluso también a sus
familiares. Terribles daños irreversibles que han transformado nuestras relaciones
sociales y convivencia humana, que impactan hoy produciendo desconfianza, rencores y
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hostilidades que están presentes en toda nuestra realidad social, laboral, educativa,
económica y política, afectando también las relaciones entre civiles y militares, como
factores latentes de desintegración de la sociedad peruana en la actualidad.
¿Cuántas personas murieron o desaparecieron en el Perú entre 1980 y el año 2000
a consecuencia del conflicto armado interno? A lo largo de este texto intentaremos
responder a esta pregunta presentando los resultados del análisis al que fueron sometidos
los datos de tres tipos de fuentes de información con las que trabajó la Comisión para la
Verdad y la Reconciliación (CVR). Este análisis aplica un procedimiento estadístico
utilizado en investigaciones similares para estimar el número de muertes causadas por la
violencia política en los conflictos de Guatemala (1960-1996) y Kosovo (marzo-junio
1999). Responder a esta pregunta implica sumar todas las víctimas que han sido
reportadas en una o más instituciones o proyectos de investigación (CVR, DP, ODH),
más aquellas que nunca fueron reportadas ante institución alguna. Del total de casos
reportados en los testimonios recogidos por la CVR, cerca de la mitad de las víctimas
fatales han sido atribuidas al accionar del PCP.
Dada la información disponible, concluimos que el número total de muertos y
desaparecidos causados por el conflicto armado interno peruano se puede estimar en
69,280 personas, dentro de un intervalo de confianza del 95 % cuyos límites superior e
inferior son 61,007 y 77 ,552, respectivamente.
Las proporciones relativas de las víctimas según los principales actores del
conflicto serían: 46 % provocadas por el PCP-Sendero Luminoso; 30 % provocadas por
Agentes del Estado; y 24 % provocadas por otros agentes o circunstancias (rondas
campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no
identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado).
El número total de víctimas fatales por agente responsable se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1
Víctimas fatales por agentes responsables (1980-2000)
Agentes Responsables
Estimados
PCP-Sendero Agentes
del Otros
Total
Luminoso
Estado
Límite inferior
24 823
17 023
11 858
61 007
Estimado
31 331
20 458
15 967
69 280
Límite superior
37 840
23 893
20 076
77 552
Página 125
A pesar de la magnitud sin precedentes de la información recopilada, no todas las
víctimas del conflicto armado interno han sido reportadas a la CVR. Sabemos que existen
aproximadamente 5,000 víctimas fatales que no fueron reportadas en los testimonios
recogidos por la CVR, pero que sí aparecen documentadas en las bases de datos de la
Defensoría del Pueblo (DP) o de las Organizaciones no Gubernamentales de Defensa de
los Derechos Humanos (ODH). Existen, además, muchas otras víctimas que nunca han
sido documentadas por ningún proyecto o institución debido a diversas razones: los
testigos viven en zonas muy remotas del país, algunos testigos pueden estar
profundamente traumatizados y seguir temiendo represalias si cuentan su experiencia,
algunas víctimas fatales murieron sin que queden testigos vivos de los hechos, etc.
Costo Económico
De acuerdo con datos del informe final de la CVR, solo entre 1980 y 1988, la
Comisión Especial del Senado de la República contabilizó un costo económico
aproximado equivalente a 9,184’584,648 USD para el Estado. Esta pérdida se atribuyó a
la violencia en su conjunto, incluyendo los destrozos de Sendero Luminoso. En un cuadro
de la Comisión Especial del Senado, se advierte el costo por sector (DESCO y Comisión
Andina de Juristas, 1989): más de 200 masacres fueron atribuidas al grupo subversivo
liderado por Abimael Guzmán. Según la CVR, sus víctimas fatales directas superaron las
32,000. Además, el daño material y el desplazamiento forzado significaron cuantiosas
pérdidas económicas. El derribamiento de torres de alta tensión también implicó un costo
millonario. En el informe de la CVR, se señala que Electro-Perú llegó a contar 335 casos
de torres derribadas para 1989. La pérdida atribuida a estos desmanes bordeó los 600
millones de dólares, de acuerdo con la empresa estatal de derecho privado prestadora del
servicio. Además, entre 1980 y 1991 la pérdida por estos ataques habría ascendido a más
de 2,000 millones de dólares, según el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
La CVR también cita un informe de 1993, elaborado por el Instituto Constitución y
Sociedad, en donde se estima en 21,000 millones de dólares las pérdidas para el país entre
1980 y 1992.
En la historia de los conflictos armados internos en el mundo, en particular
América Latina, rara vez una organización subversiva ha sido la responsable de
un nivel tan alto de víctimas.
Página 126
Las cifras tan elevadas de muertes causadas por el PCP-Sendero
Luminoso pueden explicarse en gran parte por las características del tipo de lucha
armada que dicha organización subversiva decidió emprender en el Perú.
El dogmatismo y fundamentalismo ideológico del llamado «Pensamiento
Gonzalo» avalaba el uso generalizado y sistemático del asesinato como forma de
eliminar a quienes dicha organización consideraba «representantes del Viejo
Estado» que buscaba destruir para reemplazarlo por un régimen político
totalitario.
Las víctimas de estos ataques eran sobre todo autoridades locales de las
instituciones estatales o comunales, campesinos relativamente más prósperos,
comerciantes locales y agentes de las fuerzas del orden. Los asesinatos se
utilizaron también en forma generalizada y sistemática como medio de
intimidación y sujeción de la población de las comunidades donde el
PCP-Sendero Luminoso logró algún grado de influencia o intentó controlar.
Eran comunes entre sus víctimas dirigentes de organizaciones sociales y
líderes comunales, así como cualquier persona que muestre signos de resistencia
al proyecto político totalitario de esta organización subversiva. La CVR ha
recibido reportes que indican que el 24% de las víctimas de asesinatos cometidos
por el PCP-Sendero Luminoso fueron autoridades locales o dirigentes sociales.
Esta importante proporción es un indicador de la expresa voluntad de la
organización subversiva de generar un vacío de poder sobre el cual pudiera asentar
su control sobre la población más fácilmente. Asimismo, representa, para las
comunidades donde ocurrieron los asesinatos, la pérdida de valiosos líderes que
permitían canalizar sus demandas sociales y políticas en el marco político
democrático que la sociedad peruana buscó reiniciar a lo largo de la década de
1980. Los asesinatos y atentados destinados a provocar víctimas fatales, se
convirtieron en una forma calculada, generalizada y sistemática de causar terror y
zozobra entre la población. (DESCO y Comisión Andina de Juristas, 1989)
Página 127
La gobernabilidad en el Perú
El concepto de gobernabilidad, como se puede considerar, tiene una dimensión
neutra y significa ejercicio de autoridad, control o, más ampliamente, gobierno. Por su
parte, el término gobierno está íntimamente asociado a la gobernabilidad; puede definirse
como dirección y control político ejercidos sobre las acciones de los miembros,
ciudadanos o habitantes de comunidades, sociedades y Estados. Pero si ajustamos más el
nominalismo de gobernabilidad y lo enmarcamos en un estricto concepto politológico,
podemos entender que su significado se extiende a buen gobierno, a ejercicio del poder
eficiente, eficaz y legítimo; también es el indispensable recurso para el logro de objetivos
sociales y económicos.
En un proceso de instrumentalización del concepto, es importante destacar la
noción de eficiencia, en la lógica de alcanzar los objetivos del gobierno en forma
transparente y sin dispendio de recursos; la eficacia, en el sentido de lograr estos objetivos
manteniendo la estabilidad y la credibilidad de las instituciones y el sistema político; y la
de legitimidad, respetando los límites impuestos por la ciudadanía, la misma que reconoce
el derecho a ejercer el poder e identificarse con las instituciones del Estado.
Según Camou (2001), la gobernabilidad debe ser entendida como un estado de
equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema
político (Estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz. Esta definición
capta el carácter multidimensional y relacional de este término, permitiendo analizar los
diferentes grados y niveles de gobernabilidad a cargo de los responsables de la
conducción política de un Estado; además, considera que la gobernabilidad indaga acerca
de cómo se gobierna, incluyendo la acción y el efecto de cómo gobernar, prestando
atención a la estabilidad política, económica y social.
En América Latina, la inestabilidad política es crónica desde varios decenios, las
crisis políticas siguen en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Venezuela; lo que
demuestra una crisis de partidos políticos e instituciones débiles, desconfianza del
ciudadano en el Estado y en las deficientes políticas económicas y sociales. Rojas (2005)
considera que se debe a la falta de conocimiento de los nuevos fenómenos y sus efectos
en sus respectivos Estados, derivando en políticas y estrategias ineficaces, y ausentes de
acuerdos que permitan generar mayor soberanía, incrementando los vacíos donde no llega
la acción estatal.
Página 128
En marzo de 2016 fue firmado el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo
Integral del Perú 2016-2021 entre los principales candidatos a la presidencia y líderes de
sus partidos políticos2. El propósito de este Acuerdo era proporcionar medidas de política
y resultados orientados a lograr una vida digna para todas las personas, hombres y mujeres
de todas las edades en todo el territorio nacional. Se buscaba mejores condiciones posibles
para impulsar nuestro desarrollo en forma integral e inclusiva, como lo plantean las
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, así como los recientes compromisos mundiales
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París sobre el cambio
climático en el marco de la COP 21 (Acuerdo de gobernabilidad, 2016). Sin embargo,
apenas culminado el proceso electoral y habiendo sido elegido presidente Pedro Pablo
Kuczynski, el partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, al perder dicha
elección y con mayoría absoluta en el Congreso de la República, dio algunas muestras de
obstaculizar las acciones desarrolladas por el nuevo gobierno, entablando un
enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo y el Legislativo, generándose una crisis de
gobernabilidad durante los últimos cuatro años, dejándose de lado todos los acuerdos
fijados en el Acuerdo de Gobernabilidad antes mencionado.
Como es un mal crónico en la historia de la política peruana, se establecieron
planes de gobierno cortoplacistas, subordinados a los intereses partidarios del gobernante
de turno, sin tener en cuenta las necesidades de la población y sus condiciones de vida,
así como de las políticas públicas y sus impactos en el bienestar de la ciudadanía.
La crisis de gobernabilidad alcanzó su punto crítico con la renuncia del presidente
Pedro Pablo Kuczynski denunciado por actos de corrupción, ante lo cual fue nombrado
como titular del Ejecutivo el 1er vicepresidente, el Sr. Martin Vizcarra Cornejo, de
acuerdo a lo normado constitucionalmente. Sin embargo, Fuerza Popular y algunos
partidos afines continuaron obstaculizando la gestión del Ejecutivo, alcanzando su clímax
el 30 de Setiembre de 2019, cuando la parte mayoritaria y opositora al gobierno decidió
elegir dos nuevos magistrados para el Tribunal Constitucional sin convocar a un concurso
público. Esta decisión forma parte de las muchas iniciativas legislativas cuestionables
emitidas por el Legislativo, entre ellas, el blindaje de congresistas de Fuerza Popular con
causas penales abiertas en su contra, algunos vinculados a la Operación Lava Jato, quienes
2 Fernando Olivera de Frente Esperanza; Keiko Fujimori de Fuerza Popular; Alan García de
Alianza Popular; Verónika Mendoza de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; Alfredo
Barnechea de Acción Popular; Gregorio Santos de Democracia Directa; Alejandro Toledo de Perú
Posible; Miguel Hilario de Progresando Perú; Ántero Flórez Araoz del Partido Político Orden y
Pedro Pablo Kuczinsky de Peruanos por el Kambio.
Página 129
amparados en la inmunidad parlamentaria no podían ser detenidos; al igual que el blindaje
proporcionado por el Congreso al exfiscal de la nación Pedro Chavarry y la complicidad,
en la huida a España, del exjuez supremo César Hinostroza, obligando al presidente
Martín Vizcarra a disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias para
completar el periodo 2020-2021, el mismo que se llevó a cabo el 26 de enero del presente
año.
Otros sucesos perjudiciales para la gobernabilidad del país se dieron en el poder
Judicial y el Ministerio Público, debido a sus ineficiencias en la aplicación oportuna e
imparcial de la justicia (a pesar de sus incrementos presupuestales y del acrecentamiento
de una burocracia compleja e inoperante), la corrupción, la desconfianza generada por la
calidad de sus investigaciones fiscales y de sus fallos judiciales, sus posiciones
parcializadas de componente funesto con preferencias políticas e ideológicas, o las
irregularidades de sus autoridades con su sumisión al poder político de turno. A lo anterior
se suman los escándalos de corrupción revelados a raíz de la investigación por el caso
judicial denominado los cuellos blancos del puerto, donde los medios de comunicación
pusieron en evidencia con videos, fotos y audios la participación de altos magistrados y
fiscales en actos delictivos, donde negociaban e intercambiaban favores con miembros
del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), congresistas, empresarios y
organizaciones criminales, causando la desactivación del CNM y su declaración en
emergencia el 24 de julio de 2018.
Al respecto, es interesante reflexionar sobre la visión del problema del escritor
Mario Vargas Llosa:
El Estado no fue en nuestros países, expresión de la colectividad. Se confundió
con el gobierno de turno y este, liberal o conservador, democrático o tirano, actuó
generalmente en el orden económico de acuerdo al rígido patrón mercantilista. Es
decir, legislando y reglamentando a favor de pequeños grupos de presión y en
contra de los intereses de las grandes mayorías a las que este sistema marginaba o
permitía apenas disfrutar migajas de la legalidad. El nombre de los individuos y
las empresas privilegiadas solía cambiar con las mudanzas gubernamentales, pero
el sistema se mantenía y confirmaba de gobierno a gobierno, concediendo siempre
a una pequeña minoría no sólo la riqueza sino también el derecho a la riqueza.
(Vargas Llosa, 1986)
Página 130
A raíz de estos hechos de corrupción se realizó una encuesta a cargo de la empresa
GfK3 Perú referida a la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño de estas dos
importantes instituciones del sistema jurídico, en la cual se obtuvieron los resultados de
la Figura 1:
Figura 1
Percepción ciudadana sobre el poder judicial y ministerio público
Nota. Tomado de GfK/La República
El presente año, como consecuencia de la pandemia global provocada por el
COVID-19, ha quedado demostrado que el Perú no está preparado para prevenir este tipo
de emergencias sanitarias, donde la infección está provocando inestabilidad incluso en
países con economías fuertes, produciendo el colapso de todos los servicios de salud,
llevando al gobierno actual (como es característica histórica de los gobiernos de turno), a
adoptar reactivamente medidas extremas que incluyeron la paralización casi total de la
actividad económica nacional, el cierre de fronteras y la cuarentena regional o nacional
de más de cien días.
3 Gesellschaft für Konsumforschung: Compañía de investigación de mercados más grande de Alemania y la quinta
más grande del mundo.
Página 131
Otra de las medidas adoptadas de carácter improvisado y reactivo para enfrentar
esta pandemia fue el establecimiento del llamado Consejo de Estado, que no tiene
sustento político en una conducción articulada del país, en vista que desde un enfoque de
acción política de respuesta inmediata para salir del problema de la epidemia debió ser
tomada como problema de Seguridad Nacional desde un inicio en el marco del Consejo
de Seguridad Nacional, que se encuentra establecido por ley y cuenta con toda una
organización debidamente implementada y articulada para afrontar este tipo de amenazas.
Para agudizar la frágil capacidad de gobernabilidad del gobierno en turno, se creó
una nueva organización (Comando Especial COVID-19) conformada por integrantes
afines al gobierno, muchos de ellos sin las debidas competencias para este tipo de
situaciones, cuya finalidad era contribuir a las acciones de salud a cargo del ministerio
del sector responsable e integrar a los establecimientos de salud privado. Sin embargo,
los resultados de su gestión hasta la fecha han sido ineficientes.
Dichas decisiones trajeron como consecuencia que en el transcurso de la pandemia
se fuera corrigiendo sobre la marcha los errores producidos por los decretos de urgencia
que se iban dando conforme la situación cambiaba, por lo que los resultados no han sido
alentadores, ya que, a pesar de la prolongada cuarentena, sigue creciendo el número de
infectados y muertos. Actualmente Perú se encuentra entre los siete primeros países en el
mundo con mayor número de infectados; además, la amplia reducción de las actividades
ha ido afectando gravemente la economía del país, el aumento del desempleo, la pobreza
y la informalidad a nivel nacional, viéndose forzado el gobierno a implementar bonos a
la población de menores recursos, planes de subsidios y créditos a las empresas para evitar
que se rompa la cadena de pagos y reactivar la economía pospandemia. En el ámbito
económico internacional se realizado una considerable emisión de bonos y enormes
préstamos a organismos financieros internacionales, cuyos efectos negativos a la
economía nacional se verán en el largo plazo.
Justicia y el rol del poder judicial y el ministerio público
Desde mediados de la década de 1970 y particularmente en la de 1980, los
problemas del narcotráfico, asociados fundamente con la creciente producción y el
contrabando de cocaína, corroyeron seriamente el cumplimiento de la ley y las
instituciones judiciales.
Página 132
En la década de los años ochenta, iniciada con el segundo gobierno de Belaunde,
cobró singular relieve el narcotráfico y apareció la subversión. En 1980, en el caso de un
importante narcotraficante, Guillermo Cárdenas apodado Mosca Loca, cinco jueces de la
Corte Suprema «encontraron que las evidencias no bastaban para condenar al
narcotraficante y ordenaron su inmediata liberación». Aunque en finalmente Mosca Loca
fue condenado a 20 años de prisión, el caso fue ilustrativo de un problema mayor.
Los escandalosos casos de ineficiencia judicial, el descarrío de la justicia y el
soborno de los magistrados contribuyeron a la caída precipitada del prestigio de la
judicatura. La percepción de que los jueces estaban parcializados o sobornados por
terroristas y narcotraficantes detenidos exacerbaron el cinismo del poder Judicial.
La experiencia de los penales también suscitó el sentimiento de que las
instituciones no funcionaban: por la pantalla de la televisión se podía ver como algunos
jueces y fiscales que, buscando ser coherentes con la función que ejercían, trataban de
ingresar a los penales y eran dejados de lado cuando intentaban cruzar el cerco militar
establecido en torno a los edificios. Tal vez la circunstancia que nos ha tocado espectar
ha sido una dramática intersección en donde la extrema crisis de todas y cada una de las
instituciones civiles –como son el poder Ejecutivo, el poder Legislativo, el poder Judicial
y el Ministerio Público– se ha visto desnudada.
El terrorismo y la gobernabilidad en el Perú
Lara (2015), considera que el MOVADEF es la continuación de la OT-SL pero
con nueva careta social, sin distanciarse de su esencia organizativa y de su forma de
difundir los planes y directivas senderistas, en el que este organismo de fachada juega un
papel fundamental. Se han encontrado importantes documentos senderistas que fueron
analizados y permiten confirmar la continuación de los planes a largo plazo diseñados por
Abimael Guzmán. La grave situación empeora cuando se observa el total desinterés
estatal para enfrentar directamente esta amenaza a la gobernabilidad del país.
En el año 2000, durante el corto mandato del presidente Valentín Paniagua, se
emprendió una contraofensiva legal contra las Fuerzas Armadas que vencieron
militarmente a SL. Al crearse en 2001 la Comisión de la Verdad, conformada por
reconocidas personalidades de las cuales la mayoría de ellas tenían tendencias afines a la
ideología senderista, los resultados de las investigaciones se han convertido en
herramientas legales con carácter vinculante, que han servido para perseguir y encarcelar
Página 133
a los militares que combatieron al terrorismo. Aunado a esta situación, se creó una
comisión de indultos que favoreció a un gran número de terroristas privados de la libertad.
Alejandro Toledo continuó con la política de indultos, incrementando la liberación
de terroristas encarcelados, también se promulgó una nueva ley antiterrorista con el
respaldo del Tribunal Constitucional, bajo el pretexto de que durante los años de violencia
terrorista el Estado peruano había recurrido a una legislación penal improvisada que iba
en contra de la legislación nacional e internacional relacionada a los derechos humanos.
El resultado fue la excarcelación de miles de terroristas, a pesar de que muchos de ellos
se comprobó su participación en asesinatos y en acciones violentas. Fueron favorecidos
también varios cabecillas integrantes de su cúpula de organización.
Los sucesivos gobiernos peruanos (García, Humala, Kuczynski y Vizcarra) han
continuado minimizando la importancia de la amenaza del terrorismo, por lo que han
facilitado su crecimiento silencioso en la sociedad peruana.
Otros de los hechos que afectan la gobernabilidad del Perú, y que no se consideran
como amenaza potencial, son los conflictos sociales numerosos y permanentes, los
mismos que han sido aprovechados por la OT-SL mediante sus integrantes excarcelados
que participan activamente en estas tareas, instigando al desorden y a la realización de
actos de violencia, lo cual ocasiona retraso en el desarrollo económico, desestabiliza el
orden interno y desacredita a las autoridades legalmente constituidas, buscando
legitimarse como luchadores sociales y captar nuevos adeptos para incrementar sus
cuadros de organización, objetivos considerados en su estrategia de largo plazo para
capturar el poder. Según la Defensoría del Pueblo (2020), a través de la Adjuntía para la
Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, consigna los siguientes datos
estadísticos de los conflictos sociales:
Tabla 2
Conflictos sociales registrados por mes en el periodo marzo 20-21
2020
2021
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
183
184
176
178
184
186
184
187
185
184
191
188
188
Nota. Tomado de Defensoría del Pueblo (SIMCO).
Página 134
De acuerdo con estos datos, los conflictos socioambientales producen mayor
impacto en la sociedad peruana con un 72 % (128) de todos los conflictos sociales. En
muchos de ellos se producen disturbios y actos de violencia ante la falta de estrategias
efectivas del gobierno lo que afecta principalmente a la actividad minera, siendo ésta una
de las actividades económicas más importantes del país, y es allí también donde la OT-SL
ha incidido con mayor fuerza, participando activamente con sus organismos de fachada
a fin de desestabilizar el orden público y poner en riesgo la gobernabilidad del país.
Desde la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, los diferentes
gobiernos de turno, no han priorizado políticas contra el terrorismo, con el pretexto de
que dicha organización ya no es considerada una amenaza solo por haber sido derrotada
militarmente. Por lo que los lineamientos políticos y dispositivos legales existentes, no
han permitido enfrentar eficazmente al terrorismo que día a día viene fortaleciéndose
política y socialmente en las principales ciudades del país. En cuanto al campo militar,
reducidos remanentes terroristas vienen realizando acciones terroristas y actividades de
narcotráfico en la zona del VRAEM que –a pesar de la presencia de gran número de
personal de las fuerzas del orden, numerosas bases contraterroristas, ingentes recursos
bélicos, además de las actividades multisectoriales que desarrolla el gobierno para
promover el desarrollo de dicha zona y reducir los altos índices de pobreza existentes–
solo han sido neutralizados mas no eliminados.
Otra muestra de la fragilidad gubernamental frente al fenómeno terrorista es la
permisividad que se ha tenido con todas las actividades políticas de SL, como las
continuas y evidentes actividades de apología al terrorismo o el proselitismo político,
igual que aquellos años ochenta del siglo pasado, desarrollado en universidades, institutos
técnicos, organizaciones políticas y sindicales afines a su ideología; por no mencionar la
creciente infiltración de integrantes de SL en instituciones públicas del Estado (Ministerio
de educación, Ministerio de Cultura y Congreso de la República, entre las más
importantes).
La prolongada cuarentena a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia del
COVID-19 ha develado la precariedad del sistema nacional de salud, las enormes
desigualdades existentes en la sociedad peruana, y ha causado un gran deterioro en la
economía del país afectando a las poblaciones de menores recursos, incrementando el
desempleo y la enorme informalidad de la economía nacional (más del 70 lo que
aumentará el número y la intensidad de los conflictos sociales, situación ideal para
efectivizar con mayores posibilidades los planes de SL con miras a la captura del poder.
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A pesar que existe un marco normativo y un marco legal definidos, en su
aplicación, no permiten enfrentar en forma integral el avance silencioso y amenazante del
terrorismo. Entre ellos se puede citar el Acuerdo Nacional (2002) que señala, en su
trigésima política, que el Estado se compromete a eliminar el terrorismo y afirmar la
reconciliación nacional. Deberá, entonces, establecer una estrategia integral que
desarrolle acciones para erradicar esta amenaza y que sancione con severidad a los
responsables de las acciones terroristas. No obstante, en esta política se observa que existe
una importancia superlativa a la obligación de alinear la legislación antiterrorista a
normas y tratados de carácter internacional, convirtiéndose en una gran dificultad ya que
muchas veces no son acordes con la problemática nacional, lo que refleja la endeble
soberanía nacional en términos jurídicos.
En el plan estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario (2011), en su
tercer eje estratégico, en el ámbito de Gobernabilidad, considera que las acciones
terroristas afectan directamente a la seguridad nacional y a la gobernabilidad; causan
mucho daño a la población y a la economía nacional; los rezagos del terrorismo
mantienen actividades peligrosas que influyen en las zonas convulsionadas por la
violencia; y su permanencia se ve favorecida por la ausencia de organismos estatales y
por encontrarse en lugares alejados y agrestes, sin considerar el accionar político evidente
que desarrolla el terrorismo en Lima y en las ciudades más importantes del país.
Estas deficiencias mencionadas, son expuestas en el CEPLAN (2011), donde se
señala que los lineamientos políticos adoptados por los gobiernos de turno no son
uniformes ni articulados. Por lo tanto, no existe una política de Estado que aborde el
terrorismo de forma integral con un enfoque holístico y consensuado por todos los actores
involucrados.
Conclusiones
La nefasta experiencia vivida tras casi dos décadas de guerra interna contra el
terrorismo, con victoria del Estado, de sus Fuerzas Armadas y Policiales sobre Sendero
Luminoso, no ha frenado el accionar de la organización terrorista PCP-SL, que continúa
con mucha intensidad sus actividades en los campos políticos, sociales y jurídicos.
Desde el gobierno de Paniagua hasta la fecha, varios de los lineamientos políticos
y normas legales emitidos por los gobiernos de turno han sido favorables a la OT-SL y,
en general, se encuentran dispersos o no están integrados ni articulados, por lo que se
puede afirmar que no existe una política de Estado que haya permitido luchar
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frontalmente contra el terrorismo que día a día pone en riesgo la gobernabilidad del país.
Más aún, se vio agudizada porque el Congreso de la República no cumplió debidamente
con su rol de Poder del Estado, para generar la legislación necesaria y con ello evitar su
avance. De igual forma no falló en establecer el marco jurídico necesario para su lucha
eficaz y no designó a ninguna comisión especialmente encargada de investigar este tipo
de prácticas: las investigaciones parlamentarias se concentraron en algunas ejecuciones
y masacres, y en algunas desapariciones forzadas conexas a esos hechos.
La gobernabilidad ha estado afectada por denuncias de actos de corrupción de
expresidentes, la ineficiencia vigente, la corrupción en ascenso y una gestión pública
elitista vinculada a altas autoridades del gobierno, políticos de diferentes partidos, como
del poder Judicial y la fiscalía. El resultado de toda esta situación ha sido tener herida la
legitimidad del gobierno y la pérdida de la confianza de los ciudadanos en el mismo.
El Poder Judicial y el Ministerio Público están muy cuestionados por su inacción
o acciones tímidas y poco efectivas en sus deberes de investigación, en la poco clara
aplicación imparcial de la justicia, como en su respuestas ante los actos de corrupción
revelados públicamente, observándose la influencia abierta de los poderes Ejecutivo y
Legislativo en las decisiones de estos importantes organismos del sistema jurídico
nacional, confirmando la casi inexistente separación de poderes en el Perú.
Los efectos negativos producidos por la prolongada cuarentena a causa de la
pandemia por el COVID-19 ha incrementado el descontento de la población, afectada
económicamente, por lo que se avizora mayor número de conflictos sociales.
Posiblemente el escenario sea aprovechado por SL.
Es imperativo que se defina una política de Estado para enfrentar integralmente
al terrorismo, que ya se avizora como una amenaza en el largo plazo, articulando
esfuerzos multisectoriales y determinando aquellos vacíos o deficiencias que dificultan
el accionar eficiente y eficaz del Estado, lo que garantizará la ansiada gobernabilidad en
el Perú.
El gobierno, para ser bueno, debe
ser relativamente más fuerte a
medida que el pueblo es más
numeroso.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
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Referencias
Acuerdo de gobernabilidad. (Marzo de 2016). Mesa de concertacion.org.pe. Obtenido de
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/acuerdo-de-gobernabilidad-para-el-
desarrollo-integral-del-peru-2016-2021
Acuerdo Nacional. (22 de julio de 2002). Acuerdo Nacional. Obtenido de
https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-
estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/iv-estado-eficiente-transparente-
y-descentralizado/26-promocion-de-la-etica-y-la-transparencia-y-erradicacion-de-
la-corrupcion-
Camou. (2001). Los desafios de la Gobernabilidad. México DF, Mexico:
Flacso/IISUNAM/Plaza Valdés.
CEPLAN. (febrero de 2011). Plan Bicentenario, 2a, 265. Lima, Peru: CEPLAN. Obtenido
de www.ceplan.gob.pe
CEPLAN. (2011). Guia Metodologica del Proceso de Actualizacion del Plan Estrategico de
Desarrollo Nacional Peru. Lima: Ceplan Peru.
DESCO y Comisión Andina de Juristas. (1989). Violencia y pacificación. DESCO.
Defensoria del Pueblo. (Marzo de 2020). defensoria .gob.pe. Obtenido de
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Mensual-de-
Conflictos-Sociales-N%C2%B0-193-marzo-2020.pdf
DIGIMIN. (2017). Acciones terroristas, segun departamento 2007-2017. Inteligencia.
Lima: Ministerio del Interior.
Lara. (2015). La investigación policial en el caso MOVADEF en Lima. Tesis de Maestria,
Pontificia Universidad Catolica del Peru, Lima. Obtenido de
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7876
Ramírez & Nureña. (2018). Citas del Presidente Mao Tse Tung (AKAL Básica de Bolsillo.
Clásicos del Pensamiento Político ed.). Madrid, España: Ediciones Akal. Obtenido
de https://stolpkin.net/IMG/pdf/El_Libro_Rojo.pdf
Rojas. (Jul-Ago de 2005). Ingobernabilidad: Estados colapsados, una amenaza en ciernes.
Nueva sociedad(198). Obtenido de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1233227
Vizcarra. (2018). La economia moral de la ilegalidad en la ciudad cocalera:significado y
practicas legitimadoras del narcotrafico en la ciudad de Pichari (200-2017). Tesis
para optar el grado academico de doctor en sociologia, Pontificia Universidad
Catolica del Peru, Lima, Lima.
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